Fatma al-Arwali, defensora de los derechos humanos de 34 años, podría ser ejecutada, pues el Tribunal Penal Especializado de Saná (Yemen), controlado por los huzíes, la declaró culpable de “ayudar a un país enemigo” y la condenó a muerte el 5 de diciembre de 2023 tras un juicio manifiestamente injusto. Desde su detención, en agosto de 2022, los servicios huzíes de seguridad e inteligencia la sometieron a interminables violaciones de derechos humanos, incluidas desaparición forzada y detención en régimen de incomunicación, en condiciones que infringían la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.
