Yemen 2025
Las partes en el conflicto de Yemen continuaron sometiendo a detención arbitraria, desaparición forzada y procesamiento injusto a personas críticas con su historial en materia de derechos humanos y con sus políticas, entre otras, a defensores y defensoras de estos derechos, periodistas y personal de organizaciones humanitarias. Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques que mataron a civiles. Las autoridades de facto huzíes llevaron a cabo detenciones masivas de cooperantes. Las autoridades de facto del Consejo de Transición del Sur reprimieron protestas pacíficas. Ninguna de las partes en el conflicto protegió los derechos económicos y sociales en un contexto de recortes de la financiación internacional que agravaban aún más la crisis humanitaria. Las mujeres y las niñas seguían siendo víctimas de violencia de género y discriminación. Continuaron los procesamientos de personas LGBTI. Las partes en el conflicto contribuyeron a la degradación del medioambiente.
Información general
A pesar del alto el fuego auspiciado por la ONU, las partes en el conflicto atacaron esporádicamente zonas civiles y frentes de batalla, en particular en las gobernaciones de Taiz, Lahj, Al Hudaida y Hadramaut.
Como respuesta a los ataques de las autoridades de facto huzíes contra el transporte marítimo, entre el 15 de marzo y el 6 de mayo, Estados Unidos llevó a cabo en Yemen una nueva ofensiva aérea y naval denominada “Operación Jinete Duro”. Los bombardeos aéreos estadounidenses causaron la muerte de al menos 224 civiles, según estimaciones de la organización independiente Airwars.
El 18 de marzo, los huzíes reanudaron los ataques con misiles y drones contra Israel. Pese a que la mayoría fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes, el 4 de mayo resultaron heridas cuatro personas en un ataque con misiles cerca de la terminal principal del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv y el 24 de septiembre resultaron heridas más de 20, según informes, en uno lanzado con drones cerca de un hotel de Eilat.
En julio, los huzíes reanudaron los ataques contra buques mercantes y hundieron dos embarcaciones griegas que navegaban bajo bandera liberiana en el mar Rojo, causando la muerte de al menos tres tripulantes.
Entre mayo y septiembre, Israel bombardeó grandes infraestructuras del norte de Yemen. Según Civilian Impact Monitoring Project, esos ataques mataron o hirieron a centenares de civiles. El 28 de agosto, un bombardeo israelí en la capital, Saná, mató al primer ministro huzí Ahmed al Rahawi, así como a nueve ministros y dos altos cargos gubernamentales.
Según Save the Children, una niña o un niño resultó muerto o herido cada día por término medio durante el año, en la mayoría de los casos por ataques aéreos. En 2025 murieron el doble de menores que en 2024.
Ataques ilícitos
El 28 de abril, un ataque aéreo lanzado por Estados Unidos alcanzó un centro de detención de migrantes en Sada, en el noroeste de Yemen, matando e hiriendo a decenas de migrantes africanos a quienes las autoridades de facto huzíes mantenían recluidos allí. Muchos de los supervivientes sufrieron lesiones de por vida, como traumatismos craneales, daños medulares y pérdida de extremidades. Según una investigación de Amnistía Internacional, el ataque fue un acto indiscriminado que debía investigarse de forma inmediata y transparente como crimen de guerra.1
En agosto, el Mando Central estadounidense respondió a las preguntas de Amnistía Internacional sobre el ataque afirmando que estaba “evaluando todos los informes sobre los daños a civiles derivados de las operaciones llevadas a cabo durante ese período”. Aun así, y a pesar de sus promesas, Estados Unidos no había publicado los resultados de dichas evaluaciones al finalizar el año.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Autoridades de facto huzíes
Las autoridades de facto huzíes multiplicaron los ataques contra organizaciones de la sociedad civil, personal de la ONU y periodistas críticos con ellas. Llevaron a cabo múltiples oleadas de detenciones en las zonas bajo su control y retuvieron arbitrariamente al menos a decenas de miembros del personal de la ONU, con lo que, según ésta, en diciembre el número total de efectivos suyos detenidos arbitrariamente por los huzíes desde 2021 se elevó a 69.
Decenas de miembros del personal de organizaciones yemeníes e internacionales de la sociedad civil que habían sido detenidos por los huzíes en el transcurso del año anterior seguían recluidos sin cargos y sin acceso adecuado a asistencia letrada ni a sus familias.2
El 11 de febrero, un trabajador humanitario del Programa Mundial de Alimentos que se hallaba detenido murió bajo custodia huzí.3
En mayo, seis periodistas y activistas de los medios de comunicación fueron detenidos en Al Hudaida, según el Sindicato de Periodistas Yemeníes.
El 24 de mayo, el Tribunal Penal Especializado de Saná declaró a Mohammed al Meyani culpable de difundir noticias falsas y engañosas y lo condenó a un año y medio de prisión, según el Sindicato de Periodistas Yemeníes.
También en mayo, las autoridades huzíes emitieron una decisión por la que se prohibía a cualquier medio de comunicación o persona creadora de contenidos filmar o realizar entrevistas sobre el terreno en Saná sin obtener previamente la autorización del Ministerio de Información (bajo control huzí).
El 25 de septiembre, los huzíes detuvieron arbitrariamente al destacado abogado de derechos humanos Abdul Majid Sabra por unas publicaciones en redes sociales que conmemoraban la efeméride nacional del 26 de septiembre. También dieron el alto a personas en puestos de control y registraron sus teléfonos en busca de contenido relacionado con el aniversario de aquel día, y detuvieron a decenas de habitantes de las gobernaciones del norte que lo festejaban.4
Consejo de Transición del Sur
Las autoridades de facto del Consejo de Transición del Sur reprimieron reuniones en zonas que estaban bajo su control. En mayo y junio, las mujeres lideraron en Adén protestas pacíficas contra los frecuentes cortes de agua y electricidad y en demanda de derechos socioeconómicos. En diversas ocasiones, las fuerzas de seguridad del Consejo emplearon fuerza excesiva contra manifestantes, impusieron restricciones ilícitas al movimiento de protesta e impidieron a quienes se manifestaban tomar fotografías o grabar vídeos.
El 17 de mayo, el comité de seguridad del Consejo en Adén prohibió todas las protestas y actos públicos en la ciudad hasta que se reunieran las condiciones que garantizaran su carácter pacífico y quienes los organizaban cumplieran con la normativa legal.
El 14 de junio, fuerzas de seguridad vinculadas al Consejo detuvieron arbitrariamente a las activistas de los derechos de las mujeres Maha Awad y Afraa Harriri en una protesta pacífica organizada en el distrito de Al Mualla de Adén. Ambas fueron retenidas por un breve periodo en la comisaría de policía del distrito antes de ser puestas en libertad.
El 18 de enero, el periodista Ahmad Maher fue excarcelado de la prisión de Bir Ahmad de Adén, tras haber sido absuelto el 25 de diciembre de 2024 por el Tribunal Penal Especializado de Apelación de Adén. En mayo de 2024, había sido condenado por el Tribunal Penal Especializado a cuatro años de prisión tras un juicio manifiestamente injusto, en el que fue declarado culpable de los cargos de difundir noticias falsas y engañosas —delito no reconocido por el derecho internacional— y falsificar documentos de identidad.5
Las autoridades de facto del Consejo seguían manteniendo recluido arbitrariamente al periodista Naseh Shaker, quien, según el observatorio yemení de las libertades de los medios de comunicación Marsadak, había sido sometido a desaparición forzada en noviembre de 2023.
Gobierno de Yemen
El gobierno yemení reconocido internacionalmente siguió hostigando y procesando a periodistas en las zonas bajo su control. Según el Sindicato de Periodistas Yemeníes, entre enero y octubre, 10 periodistas de las gobernaciones de Hadramaut y Taiz fueron citados para ser investigados o sufrieron detención arbitraria por publicar contenidos considerados críticos con las autoridades.
Derechos económicos y sociales
El colapso de la economía y el deterioro de los servicios públicos, la persistencia del conflicto, las perturbaciones climáticas cada vez más frecuentes y los recortes en la financiación de la ayuda humanitaria afectaban gravemente a los derechos económicos y sociales de la población, incluido el acceso a los alimentos, los servicios de salud y el agua.
El acceso a los alimentos seguía estando muy restringido. Según el Programa Mundial de Alimentos, el 34% de los hogares del país seguían padeciendo graves carencias alimentarias y, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Yemen era el “tercer contexto con mayor inseguridad alimentaria del mundo”.
El país seguía sufriendo una de las emergencias de cólera más graves del mundo. Según la OCHA, entre marzo de 2024 y agosto de 2025 se notificaron más de 332.000 posibles casos, así como 1.073 muertes asociadas a esta enfermedad, en todo Yemen.
Los repentinos e irresponsables recortes de la ayuda exterior estadounidense ponían en riesgo la salud y los derechos humanos de millones de yemeníes que dependían de la ayuda humanitaria e interrumpían servicios de asistencia y protección de primera necesidad, como el tratamiento de la desnutrición en niños y niñas o la atención médica para menores que padecían cólera y otras enfermedades.6
Los huzíes exacerbaron la crisis humanitaria al practicar de manera reiterada detenciones masivas y arbitrarias de personal humanitario de la ONU y de otras organizaciones que prestaban servicios de primera necesidad en el norte de Yemen.
La población del sur del país, incluidas las gobernaciones de Adén, Hadramaut y Taiz, sufrió interrupciones reiteradas y a gran escala del suministro de electricidad y agua, así como un deterioro de los servicios básicos, lo que menoscabó su derecho a un nivel de vida adecuado.
Las intensas lluvias e inundaciones registradas en las gobernaciones de Marib, Al Mahwit, Al Hudaida y Taiz causaron muertes, destruyeron viviendas y medios de subsistencia, agravaron el desplazamiento interno y dejaron a centenares de personas sin refugio, alimentos ni agua potable.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Las mujeres y las niñas seguían sufriendo discriminación sistémica y violencia de género en todo Yemen. En el país no existía edad mínima legal para contraer matrimonio y casi una de cada tres mujeres se casaba antes de cumplir los 18 años. El matrimonio infantil iba asociado a vulneraciones de los derechos humanos de por vida. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), alrededor de cinco millones de mujeres tenían dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva y, por cada 100.000 partos, morían cerca de 200 nacidos vivos.
A fecha de marzo de 2025, el recorte de los fondos de USAID había obligado ya a cerrar decenas de espacios seguros concebidos para prevenir la violencia de género o responder a ella en todo Yemen. En julio, decenas de centros sanitarios y clínicas de salud y protección reproductivas también se vieron obligados a cerrar, lo que, según el UNFPA, negaba el acceso a atención sanitaria de primera necesidad, apoyo psicosocial y asistencia letrada a cientos de miles de mujeres y niñas, incluidas las sobrevivientes de la violencia de género.
Además de los recortes de fondos, la designación de los huzíes como “organización terrorista extranjera” por parte de Estados Unidos llevó a organizaciones internacionales con programas de primera necesidad para niños y niñas afectados de desnutrición y mujeres embarazadas y lactantes a suspender sus operaciones en zonas bajo control huzí.
Las autoridades de facto huzíes siguieron restringiendo el derecho de las mujeres a la libertad de circulación sin el acompañamiento o la aprobación por escrito de un tutor varón (mahram), lo que, entre muchos otros efectos discriminatorios, limitaba su derecho a trabajar.
Derechos de las personas LGBTI
El Código Penal (de 1994) de Yemen seguía penalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El artículo 264 castigaba las relaciones sexuales anales con 100 latigazos y hasta un año de prisión si las personas acusadas no estaban casadas. Si lo estaban, el castigo era la muerte por lapidación. Para las relaciones sexuales entre mujeres, el artículo 268 preveía penas de hasta tres años de prisión.
El 20 de enero, el Tribunal Penal Especializado de Saná, controlado por los huzíes, condenó a muerte a 18 hombres y a penas de prisión de entre dos años y medio y 15 años a otros 113 por diversos delitos, entre ellos “prostitución”, “hacerse pasar por mujeres” y “actos inmorales”.
Derecho a un medioambiente saludable
Los ataques huzíes contra el transporte marítimo supusieron importantes riesgos medioambientales que amenazaban la vida marina y los medios de subsistencia de las comunidades costeras.
Los ataques a los buques graneleros Magic Seas y Eternity-C, los días 6 y 7 de julio, respectivamente, provocaron su hundimiento y una enorme marea negra, según Pax for Peace.
Los bombardeos aéreos de Estados Unidos e Israel contra la terminal petrolera de Ras Isa y los ataques israelíes contra infraestructuras eléctricas, entre ellas las centrales de Ras Kathib, Hezyaz y Dhahaban, e instalaciones de almacenamiento de combustible provocaron explosiones e incendios de gran magnitud que amenazaron la calidad del aire y contaminaron el suelo y el agua.
En la gobernación de Shabua, los daños causados a un oleoducto que conectaba el yacimiento petrolífero de Ayaz con el puerto de Al Nashima seguían causando una grave contaminación, dado que una gran cantidad del petróleo vertido llegaba a tierras agrícolas y aguas subterráneas, según informaron las autoridades locales del distrito de Al Rauda.
- Yemen: “It Is a miracle we survived”.US air strike on civilians held in Sa’ada migrant detention centre, 29 de octubre ↩︎
- Yemen: Un año después, los huzíes deben liberar al personal de la ONU y de la sociedad civil, 30 de mayo ↩︎
- Yemen: Investiguen la muerte bajo custodia de un trabajador de ayuda humanitaria de la ONU en detención arbitraria, 12 de febrero ↩︎
- Yemen: Los huzíes deben liberar de inmediato a un destacado abogado de derechos humanos y poner fin a la implacable represión del espacio cívico, 2 de octubre ↩︎
- Yemen: El periodista Ahmad Maher, en libertad, 21 de enero ↩︎
- Yemen: La interrupción repentina e irresponsable de la ayuda estadounidense agrava la crisis humanitaria y pone a millones de personas en peligro, 10 de abril ↩︎