Resumen

Todas las partes en el conflicto, que controlaban distintas zonas de Yemen, continuaron sometiendo a detención arbitraria, desaparición forzada y procesamiento injusto a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, personal de organizaciones humanitarias y de derechos humanos y voces críticas con las autoridades por su historial en materia de derechos humanos y por sus políticas. Tribunales de todo Yemen impusieron condenas a muerte, en ocasiones tras juicios manifiestamente injustos. Todas las partes en el conflicto restringieron arbitrariamente la distribución de ayuda humanitaria. Las autoridades de facto huzíes continuaron prohibiendo a las mujeres viajar sin que las acompañara un familiar varón, menoscabando así su derecho al trabajo y otros derechos humanos. Ninguna de las partes en el conflicto protegió el derecho de las mujeres a la privacidad en Internet ni proporcionó reparación a las sobrevivientes de violencia de género facilitada por la tecnología. Continuaron los procesamientos de personas LGBTI. Todas las partes en el conflicto contribuyeron a la degradación del medioambiente.