Resumen

A pesar de que los enfrentamientos armados y los ataques transfronterizos disminuyeron en comparación con años anteriores, todas las partes en el prolongado conflicto de Yemen siguieron cometiendo ataques y homicidios ilegítimos con impunidad. Tanto el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente como las autoridades de facto huzíes, que controlaban distintas partes del país, continuaron hostigando, amenazando, deteniendo arbitrariamente, sometiendo a desaparición forzada y procesando a periodistas y activistas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades de facto huzíes sometieron a desaparición forzada a miembros de la minoría religiosa bahaí por ejercer su derecho a la libertad de religión y de creencias. Todas las partes en el conflicto restringieron la distribución de ayuda humanitaria. Las autoridades de facto huzíes seguían prohibiendo a las mujeres viajar sin un tutor masculino, lo que limitaba su capacidad para trabajar o recibir ayuda humanitaria. Ninguna de las partes proporcionó justicia a las víctimas de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos.