Somalia 2025
La población civil seguía soportando la peor carga del devastador conflicto armado, mientras que la infancia se enfrentaba a graves violaciones de sus derechos. Todas las partes en el conflicto seguían cometiendo violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las mujeres y las niñas estaban expuestas a la violencia de género, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos. El cambio climático agravó las sequías, lo que socavó el derecho a la alimentación y al agua y provocó el desplazamiento interno y transfronterizo de población. En todo el país se llevaron a cabo desalojos forzosos de personas internamente desplazadas. El derecho a la libertad de expresión se restringió severamente. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puso fin al mandato de la experta independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Somalia. Las autoridades de Somalilandia restringieron severamente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación.
Información general
En enero, Somalia se incorporó al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente por un periodo de dos años.
La Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) comenzó a operar en enero, en sustitución de la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia y, en diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió su mandato un año.
El nuevo modelo electoral para las elecciones de 2026 y las reformas constitucionales de 2024 siguieron generando tensiones entre el gobierno federal y los dirigentes de algunos de los estados miembros regionales, en particular los de Puntlandia y Jubalandia, quienes en junio emitieron una declaración conjunta en la que rechazaban las reformas constitucionales.
Las tensiones entre Etiopía y Somalia —derivadas de un memorando de entendimiento establecido entre Etiopía y Somalilandia en enero de 2024— se atenuaron tras los esfuerzos de mediación de Turquía. Tras la firma de la Declaración de Ankara en diciembre de 2024, los dirigentes de Etiopía y Somalia efectuaron visitas de Estado recíprocas.
El 26 de diciembre, Israel se convirtió en el primer país que reconocía a Somalilandia como Estado independiente.
Homicidios y ataques ilícitos
La población civil seguía soportando la mayor carga del conflicto armado en curso entre el gobierno somalí, apoyado por sus aliados internacionales, y el grupo armado Al Shabaab; se notificó un gran número de víctimas civiles a lo largo del año. Nadie rindió cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
La Misión de Asistencia de la ONU para la Transición en Somalia informó de 395 víctimas civiles (144 muertes y 251 casos de lesiones) únicamente entre marzo y septiembre. Hubo informes de que Al Shabaab era responsable del 40% (159) de estas víctimas, mientras que las demás se atribuyeron a las fuerzas de seguridad del Estado, milicias de clanes y otros actores armados no identificados.
El 18 de marzo, el periodista Mohamed Abukar Mohamed (también conocido como Dabaashe) murió cuando un artefacto explosivo improvisado, que tenía como objetivo el convoy del presidente Hassan Sheikh Mohamud, alcanzó su residencia en la zona de Eel Gaabta de la capital, Mogadiscio. Al Shabaab reivindicó la autoría del ataque, que también mató a otros civiles.
Derechos de la infancia
Entre marzo y agosto, el grupo de trabajo nacional establecido por la ONU para supervisar e informar sobre seis violaciones graves de los derechos de la infancia en zonas de conflicto armado notificó 1.394 de estas violaciones, que afectaron a 1.096 menores (840 niños y 256 niñas). Se trataba de casos de secuestros, reclutamiento y utilización en conflictos, homicidios y mutilaciones, violaciones y otras formas de violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales, y negación del acceso humanitario. Al Shabaab fue responsable del 77% de las violaciones de derechos verificadas, mientras que el resto se atribuyó a las fuerzas de seguridad somalíes, las milicias de clanes y otros actores armados no identificados.
Según la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria, entre julio de 2025 y junio de 2026 se estimaba que aproximadamente 1,85 millones de menores de entre 6 y 59 meses sufrirían desnutrición aguda, que probablemente iba a alcanzar el nivel de grave en alrededor de 421.000 casos.
Violencia sexual y de género
Continuó la violencia de género, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos, contra mujeres y niñas. Entre marzo y septiembre, la ONU informó de ocho incidentes de violencia sexual relacionada con los conflictos que afectaron a cinco niñas y siete mujeres, todas ellas internamente desplazadas. Seis de los incidentes se atribuyeron a hombres armados no identificados, y dos a hombres uniformados que operaban en el estado de Jubalandia. Entre estos incidentes se contaron seis violaciones en grupo y dos intentos de violación.
El Parlamento Federal no aprobó los proyectos de ley sobre los delitos sexuales y la mutilación genital femenina. Sin embargo, en marzo, el estado de Jubalandia aprobó la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina.
Derechos de las personas internamente desplazadas
Las poblaciones internamente desplazadas seguían sufriendo graves abusos y violaciones de derechos humanos. Cerca de 550.000 personas tuvieron que desplazarse internamente debido a la sequía, las inundaciones, los conflictos y la inseguridad alimentaria. Según la ONU, más de 250.000 personas fueron desalojadas por la fuerza en todo el país; la mayoría estaban ya en situación de desplazamiento interno. El 56% de los desalojos ocurrieron en la región de Banadir.
Derecho a un medioambiente saludable
Somalia sufrió sequías recurrentes relacionadas con el cambio climático. A pesar de ello, las autoridades no proporcionaron agua potable adecuada para uso doméstico cuando se agotaron las fuentes de agua subterránea y superficial. Tampoco protegieron las fuentes de agua para evitar su contaminación; a causa de ello, mucha gente consumió agua contaminada, lo que provocó brotes de cólera. La sequía también provocó una malnutrición generalizada, la desecación de granjas, la muerte del ganado, la destrucción de los medios de subsistencia y el aumento de los precios de los alimentos.1
La reducción de los niveles de agua en los ríos durante la sequía llevó a la destrucción de las riberas por parte de los agricultores que intentaban acceder al agua, lo que expuso las zonas bajas ribereñas a inundaciones. A esto se le sumaba el hecho de que el gobierno no reparaba los daños.
Mientras que la falta de acceso a los servicios de salud seguía contribuyendo a las muertes por desnutrición y cólera, el presupuesto asignado a la salud se mantuvo por debajo del 5%, mucho menos del 15% recomendado en la Declaración de Abuya. Al Shabaab impuso gravámenes sobre las fuentes de agua, los alimentos y el comercio de ganado, lo que agravó la situación.
La insuficiente financiación climática proporcionada a Somalia por los países de altos ingresos y altas emisiones de carbono dificultó al gobierno la asignación de presupuesto para la adaptación climática, lo que provocó desplazamientos internos y transfronterizos.
Libertad de expresión
Se restringió el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa. Las fuerzas de seguridad atacaron a periodistas, que sufrieron amenazas, hostigamiento, intimidación, palizas, detenciones arbitrarias y enjuiciamientos.
Tras los múltiples ataques de Al Shabaab contra Mogadiscio y sus localidades y pueblos vecinos, el gobierno intensificó los intentos de controlar y censurar a los periodistas que informaban sobre asuntos de interés público, entre ellos la inseguridad y los desalojos forzosos. El 16 de marzo, el ministro de Información emitió una directiva que prohibía la publicación de “declaraciones o noticias que pudieran amenazar la seguridad nacional” o que “directa o indirectamente hicieran uso indebido de la información o la inventaran”.
El 15 de marzo, unos agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad asaltaron el domicilio de Bahjo Abdullahi Salad, reportera de RTN Somali TV, y la detuvieron. Bahjo Abdullahi Salad estuvo retenida en la comisaría de policía de Wardhigley, en Mogadiscio, durante unas cuatro horas, en relación con un vídeo de TikTok en el que comentaba la inacción de las autoridades a la hora de retirar la basura de algunas zonas del distrito de Wardhigley. Finalmente quedó en libertad sin cargos.
El 18 de marzo, la policía detuvo al menos a 22 periodistas que habían cubierto el intento de asesinato del presidente. La policía asaltó las oficinas de Risaala Media Corporation, que había emitido un vídeo en el que se mostraba el lugar del atentado, y detuvo a cinco de sus periodistas: los reporteros Ali Abdullahi Ibrahim y Hamda Hassan Ahmed, los operadores de cámara Mohamed Said Nur y Abdullahi Sharif Ali, y el técnico Liban Abdullahi Hassan. Todos ellos fueron interrogados en la comisaría de Hamar Jajab, en Mogadiscio, y puestos en libertad ese mismo día.
El 1 de abril, unos agentes de policía irrumpieron en las oficinas de Five Somali TV y detuvieron a los periodistas Mohamed Roraye, Ahmed Mohamud, Mohamed Abdi Afgooye y Dahir Dayah, después de que el medio de comunicación emitiera la noticia de la supuesta deserción de agentes de policía. Todos quedaron en libertad sin cargos ese mismo día.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En julio se creó la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos (NIHRC, por sus siglas en inglés), la primera de este tipo en Somalia. El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de nueve miembros de la comisión. El 11 de octubre, el Parlamento aprobó dichos nombramientos, tras lo cual los miembros tomaron posesión de sus cargos. Algunos sectores de la sociedad civil somalí cuestionaron el proceso de nombramiento y la independencia de la Comisión, alegando que el proceso de selección no había sido transparente.
En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU puso fin al mandato de la experta independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia, vigente desde 1993. En su lugar, la resolución del Consejo encargó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que prestara asistencia técnica y para el fomento de la capacidad a Somalia, y que evaluara, supervisara e informara sobre la situación de los derechos humanos, en consulta con la NIHRC, la sociedad civil y otras autoridades pertinentes.
Somalilandia
Libertad de expresión
No se cumplieron las esperanzas de que el presidente Abdirahman Mohamed Abdullahi, que había asumido el cargo en diciembre de 2024, mejorara la situación de los derechos humanos en Somalilandia. Las autoridades seguían restringiendo la libertad de expresión, por medios que incluían la detención y el procesamiento de periodistas. Según el Sindicato de Periodistas de Somalia, organización de defensa de los medios de comunicación, las autoridades de Somalilandia detuvieron al menos a 24 periodistas.
El 5 de agosto, tras responder a una citación policial, el periodista Ahmed Mohamud Dool fue detenido y recluido en la sede del Departamento de Investigación Criminal de la capital, Hargeisa, en relación con una publicación en Facebook sobre asesinatos en la ciudad. Al día siguiente fue acusado de “difundir información falsa”. El Tribunal Regional de Maroodi Jeh, en Hargeisa, ordenó que permaneciera bajo custodia durante cuatro días, pasados los cuales concedió a la policía permiso para retenerlo siete días más, a la espera de las investigaciones. El 3 de septiembre, el caso se trasladó al Tribunal de Distrito de Hargeisa, que impuso al periodista una multa de 1.500.000 chelines somalíes (unos 150 dólares estadounidenses) antes de ponerlo en libertad.