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SOMALIA 2020

Continuaron los ataques indiscriminados contra población y objetivos civiles. Se reprimió la libertad de expresión y se sometió a periodistas a amenazas, hostigamiento, intimidación, palizas, detenciones arbitrarias y homicidios. Las mujeres y las niñas seguían siendo objeto de violencia sexual. Las personas internamente desplazadas se vieron afectadas de forma desproporcionada por la pandemia de COVID-19 y sufrieron desalojos forzosos. En Somalilandia, personas críticas hacia el gobierno y periodistas sufrieron censura, hostigamiento y enjuiciamiento, y los ataques contra medios de comunicación continuaron.

Información general

El conflicto en curso entre el gobierno y sus socios regionales e internacionales, por un lado, y el grupo armado Al Shabaab, por otro, unido a una sucesión de desastres naturales y a la pandemia de COVID-19, tuvo efectos devastadores para la población civil y causó más inseguridad alimentaria y desplazamiento masivo.

Todas las partes en el conflicto seguían cometiendo violaciones graves del derecho internacional humanitario con impunidad.

La intensificación de las tensiones políticas entre las autoridades federales y regionales antes de las elecciones de 2020-2021 impidió la puesta en marcha de las necesarias reformas judiciales, constitucionales y en la esfera de los derechos humanos.

Ataques indiscriminados

El mando militar de Estados Unidos responsable de las operaciones militares en África (USAFRICOM) siguió utilizando vehículos aéreos tripulados y no tripulados (drones) para llevar a cabo al menos 53 ataques aéreos.1

El 2 de febrero, un ataque aéreo alcanzó una casa en Jilib (región de Shabelle Media). Nurto Kusow Omar, una mujer de 18 años, murió a causa de una herida de metralla en la cabeza. Sus hermanas, de 7 y 12 años, y su abuela, de 70, resultaron heridas.

El 24 de febrero, en otro ataque aéreo estadounidense, un misil Hellfire mató a Mohamud Salad Mohamud en su granja cerca de la localidad de Kumbareere, a las afueras de Jilib. Durante el año, USAFRICOM admitió la responsabilidad en la muerte de tres civiles y las heridas sufridas por otros ocho en tres ataques aéreos distintos en 2019 y 2020. Aunque USAFRICOM reconoció su responsabilidad en la muerte el 2 de febrero de Nurto Kusow Omar y las heridas sufridas por sus dos hermanas y su abuela, mantuvo que Mohamud Salad Mohamud era un agente de Al Shabaab, a pesar de los importantes indicios de que era civil. Ninguna de las víctimas recibió indemnización de los gobiernos de Estados Unidos o Somalia.

En abril, julio y noviembre, USAFRICOM dio a conocer sus primeros informes de evaluación de víctimas civiles. Además, estableció un portal de denuncias online que permitía a quienes disponían de acceso a Internet denunciar casos de víctimas civiles. Sin embargo, era necesario implantar mecanismos seguros y accesibles adicionales para garantizar la rendición de cuentas por los ataques dirigidos contra la población civil o contra objetivos civiles, constitutivos de crímenes de guerra.

Abusos cometidos por grupos armados

Al Shabaab seguía disfrutando de impunidad por los ataques, frecuentes e indiscriminados, contra población e infraestructuras civiles (incluidos restaurantes y hoteles). El grupo armado también llevó a cabo homicidios selectivos de personas a las que consideraba vinculadas al gobierno y profesionales del periodismo, entre otras. Según la ONU, de las 596 víctimas civiles que la organización había registrado entre principios de febrero y principios de agosto, Al Shabaab era responsable de 207.

El 16 de agosto, Al Shabaab atacó el popular hotel costero Elite en Mogadiscio, haciendo estallar un vehículo con explosivos y disparando indiscriminadamente contra huéspedes y personal dentro del hotel. Al menos 11 personas murieron y 18 resultaron heridas.

Homicidios ilegítimos

En abril, un agente de policía mató a tiros a dos personas en Mogadiscio porque estaban fuera de sus viviendas durante el toque de queda nocturno introducido para controlar la propagación de la COVID-19. Después de que se llevaran a cabo manifestaciones en las calles pidiendo justicia para las víctimas, las autoridades detuvieron a un agente de policía en relación con los homicidios que fue condenado a muerte en julio por un tribunal militar en Mogadiscio.

El 27 de mayo, ocho trabajadores de la salud, siete de los cuales trabajaban en una clínica materno-infantil de la localidad de Gololey (región de Shabelle Media), fueron secuestrados y asesinados por hombres armados no identificados que vestían uniformes militares y policiales somalíes. El 28 de mayo, el entonces presidente del estado de Hirshabelle designó un comité de siete personas para investigar el incidente. Al terminar el año no se habían hecho públicas las conclusiones de la investigación.

Libertad de expresión

Periodistas

Dos periodistas fueron víctimas de homicidio durante el año. La policía, las fuerzas armadas y otros agentes gubernamentales también sometieron a amenazas, hostigamiento, intimidación, palizas y detención arbitraria y enjuiciamiento a periodistas en la región central-meridional de Somalia y en Puntlandia.2 Las autoridades restringieron el acceso a la información al impedir en algunas ocasiones el acceso de periodistas a edificios gubernamentales, actos importantes y lugares donde habían tenido lugar incidentes, como ataques de Al Shabaab. También se denegó a periodistas la realización de entrevistas a altos cargos gubernamentales. Las autoridades tampoco investigaron de manera efectiva los informes de ataques contra miembros de ese colectivo profesional.

En febrero, el periodista independiente Abdiwali Ali Hassan recibió varios disparos de atacantes desconocidos, presuntamente miembros de Al Shabaab, cerca de su domicilio de Afgooye (región de Baja Shabelle). Murió durante su traslado a un hospital. En mayo, Said Yusuf Ali, periodista de Kalsan TV, murió apuñalado por un atacante en Mogadiscio. La información publicada en los medios de comunicación sugería que el homicidio guardaba relación con su labor informativa sobre las actividades de Al Shabaab.

En marzo, Mohamed Abdiwahab Nur (conocido como Abuja), periodista de Radio Hiigsi, fue detenido arbitrariamente por segunda vez en ocho días. Estuvo detenido en régimen de incomunicación bajo custodia de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad, sin acceso a sus abogados y familiares, durante casi tres meses. Sus abogados, otros periodistas y su familia creían que la detención había estado motivada por sus críticas a la actuación de las fuerzas de seguridad en Mogadiscio. El 7 de junio compareció en secreto ante un tribunal militar que ordenó su traslado a la prisión central de Mogadiscio, donde finalmente se le permitió la comunicación con uno de sus abogados al día siguiente. Permaneció en esta prisión durante dos meses. Las autoridades afirmaron que estuvo detenido mientras investigaban su presunta pertenencia a Al Shabaab y su implicación en un asesinato. En agosto fue absuelto de todos los cargos por un tribunal militar.3

El 2 de abril, la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad utilizó Twitter para intimidar y hostigar a Harun Maruf, periodista somalí de Voz de América radicado en Washington D. C. (Estados Unidos). Los textos publicados en Twitter lo amenazaban con acciones legales por mantener “vínculos que constitu[ían] una amenaza para la seguridad nacional” y por “participar en acciones al margen del código de conducta de los medios de comunicación”. El 23 de abril, la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad anunció que había concluido su investigación contra el periodista y trasladado su caso al fiscal general.

En abril, la policía detuvo a Abdiaziz Ahmed Gurbiye, redactor jefe y director adjunto del grupo independiente Goobjoog Media, por afirmar en Facebook que el gobierno había gestionado mal su respuesta a la pandemia de COVID-19 y que el presidente se había llevado un respirador que había sido donado a un hospital local. El 29 de julio, el periodista fue condenado a seis meses de prisión por el Tribunal Regional de Banadir, en Mogadiscio, pero quedó en libertad el mismo día tras pagar una multa.

En mayo, el presidente afirmó que estaba resuelto a “despenalizar el periodismo y revisar el Código Penal”, en virtud del cual se enjuiciaba con frecuencia a periodistas, y a respetar el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el enjuiciamiento de periodistas continuó.

En agosto, el presidente aprobó modificaciones de la Ley de Medios de Comunicación de 2016. Aunque la Ley contenía disposiciones relativas a la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión —incluida la libertad de los medios— y al derecho de los periodistas a la seguridad y al acceso a la información, contenía otras que amenazaban estos derechos. Por ejemplo, se penalizaba la información sobre una amplia variedad de asuntos y se concedía a las autoridades poderes amplios y generales en materia de regulación y supervisión de los medios de comunicación.

En septiembre, el fiscal general estableció una fiscalía especial para ocuparse de los delitos contra periodistas.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia sexual contra mujeres y niñas era una práctica generalizada en la región central-meridional de Somalia y en Puntlandia. En muchos casos, los ataques no se denunciaban debido al clima de impunidad, así como al estigma y el miedo asociados al delito, lo que impedía que muchas supervivientes trataran de obtener justicia.

La ONU documentó 45 incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto contra 4 mujeres y 41 niñas entre mayo y agosto, la mayoría a manos de hombres armados no identificados.

En abril, dos niñas, de 3 y 4 años, fueron violadas y abandonadas con graves lesiones en un campo cerca de Afgooye. En septiembre, la presunta violación en grupo y asesinato de Hamdi Mohamed Farah, de 19 años, en Mogadiscio provocó indignación en la opinión pública. Tras la violación, sus agresores la arrojaron presuntamente desde un edificio y le causaron la muerte. Las autoridades afirmaron que durante el mes de septiembre habían detenido al menos a 11 sospechosos en relación con el caso.

En agosto, a pesar de la promesa de las autoridades de reforzar las leyes para proteger a las mujeres y las niñas contra la violencia sexual, el Parlamento federal introdujo el proyecto de Ley de Delitos Relacionados con las Relaciones Sexuales, que contenía disposiciones que vulneraban el derecho internacional y las normas regionales relativas a la violación y otras formas de violencia sexual. Además, el texto contenía definiciones defectuosas de los delitos y no brindaba protección adecuada a las supervivientes de violación y otras formas de violencia sexual.

Personas internamente desplazadas

El prolongado conflicto, las sequías, las inundaciones y una plaga de langostas agravaron la crisis humanitaria y dieron lugar al desplazamiento, hasta noviembre, de más de 1,2 millones de personas que se sumaron a los casi 2,6 millones ya desplazadas en el país.

La población internamente desplazada se vio afectada de forma desproporcionada por la pandemia de COVID-19 y obligada a vivir en condiciones de grave hacinamiento. Los ingresos de muchas de estas personas dependían de la economía informal, pero las restricciones relacionadas con la COVID-19 les impedían ganarse el sustento y satisfacer sus necesidades básicas, como el acceso a agua, alimentos y artículos sanitarios.4

Las fuerzas de seguridad y terratenientes privados siguieron desalojando a personas internamente desplazadas, a pesar de la pandemia. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, más de 100.000 personas internamente desplazadas habían sido desalojadas de sus viviendas hasta septiembre, la mayoría por la fuerza y sin que se les ofreciera alojamiento alternativo; tenían dificultades para encontrar vivienda y algunas vivían al aire libre, donde estaban expuestas a riesgos adicionales para la salud durante la pandemia.

Libertad de expresión en Somalilandia

Continuaron la censura, el hostigamiento y el enjuiciamiento de personas críticas hacia el gobierno y periodistas, así como los ataques contra medios de comunicación. En junio, las autoridades de Somalilandia clausuraron arbitrariamente las emisoras independientes Universal TV y Star TV. El ministro de Información ordenó a los proveedores locales de televisión por cable que eliminaran las dos emisoras de sus receptores y les retiraran las licencias. Las medidas contra Universal TV se adoptaron presuntamente por no emitir celebraciones y actos del Día de la Independencia, como exigían las autoridades, y los propietarios de Star TV declararon que se actuó en su contra por emitir informaciones y análisis sobre el estado de un expiloto de la fuerza aérea detenido, Fouad Youssouf Ali, en el vecino Yibuti. En agosto, el Ministerio de Información impuso multas arbitrarias de 127.500.000 chelines somalíes (15.000 dólares estadounidenses) y 42.500.000 chelines (5.000 dólares) a Universal TV y Star TV, respectivamente. Star TV pagó la multa y reanudó su actividad, pero Universal TV permanecía cerrada a mediados de diciembre.

En junio, el periodista Abdimalik Muse Oldon fue liberado de la prisión central de Hargeisa tras llevar más de un año encarcelado por criticar al presidente en Facebook. Había sido detenido, acusado de “difundir propaganda antinacional” y “difundir noticias falsas”, y condenado a tres años y medio de prisión en 2019. Quedó en libertad en aplicación de un indulto presidencial.


  1. Somalia: Aumentan las muertes de civiles provocadas por ataques aéreos estadounidenses sin que haya rendición de cuentas (noticia, 1 de abril)
  2. “We live in perpetual fear”: Violations and abuses of freedom of expression in Somalia (AFR 52/1442/2020)
  3. Somalia: Authorities must immediately release journalist Mohamed Abdiwahab Nur (Abuja) (AFR 52/2649/2020)
  4. Somalia: Personas internamente desplazadas que sobreviven “por la gracia de Dios” en medio de la COVID-19 (noticia, 21 de julio)