Todas las partes en el conflicto de Somalia seguían cometiendo impunemente violaciones graves del derecho internacional humanitario. Al Shabaab intensificó sus ataques ilegítimos contra la población civil. El conflicto, unido a la grave sequía causada por la falta de precipitaciones, dio lugar al desplazamiento de más de 1,8 millones de personas y a una nueva oleada de crisis humanitarias. Las poblaciones internamente desplazadas sufrían graves violaciones de derechos humanos, y las mujeres y las niñas estaban particularmente expuestas a sufrir violencia de género. El gobierno aumentó el presupuesto de salud, pero los servicios médicos seguían siendo deficientes y el acceso a agua, saneamiento y alimentos era sumamente insuficiente. Se restringió la libertad de expresión y se atacó, golpeó, arrestó arbitrariamente y procesó a periodistas. Se suspendieron varios medios de comunicación. En Somalilandia, las autoridades restringieron severamente el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.
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