El gobierno mexicano debe escuchar las historias de las personas que huyen de Honduras e informarles de su derecho a solicitar asilo, manifestó hoy Amnistía Internacional en respuesta a la noticia de que el gobierno mexicano ha desplegado al Comisionado de la Policía Federal a su frontera sur para esperar la llegada de una caravana de más de 1.600 personas procedentes de Honduras, entre las que se encuentran decenas de familias y niños.
Las autoridades mexicanas no deberían adoptar el mismo enfoque que Trump tratando a la gente como una amenaza a la seguridad.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
“Las autoridades mexicanas no deberían adoptar el mismo enfoque que Trump tratando a la gente como una amenaza a la seguridad. Estas familias merecen dignidad y respeto para garantizar que nadie sea devuelto ilegalmente a situaciones en las que podría correr el riesgo de sufrir daños graves debido a la violencia”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional publicó recientemente un informe que demuestra que el gobierno mexicano está incumpliendo con sus obligaciones de respetar los derechos de las personas que necesitan protección internacional. El informe reveló que, de un grupo de personas encuestadas por Amnistía Internacional detenidas por las autoridades migratorias mexicanas, el 75% no fueron informadas de su derecho a solicitar asilo en México.
“Las autoridades mexicanas deben respetar el derecho internacional e identificar las necesidades de cada uno de los miembros de la caravana, evitando a toda costa la detención de migrantes y prohibiendo la detención de niños”.
Estas familias merecen dignidad y respeto para garantizar que nadie sea devuelto ilegalmente a situaciones en las que podría correr el riesgo de sufrir daños graves debido a la violencia.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Migrar sin papeles no es un delito, y muchas de estas personas podrían estar huyendo de la violencia en su país de origen con la intención de buscar asilo en México. Prohibir la entrada de estas personas a México y devolverlas a Honduras sería una violación del derecho internacional.
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