Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas sometidas a detención arbitraria únicamente por su activismo independiente en solidaridad con Palestina o por criticar que el gobierno egipcio cerrara el paso fronterizo de Rafah. Además, deben investigar las denuncias de agresiones sexuales y otros abusos bajo custodia policial contra algunas de las personas detenidas, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
En los últimos 7 meses, Amnistía Internacional y varios grupos de derechos humanos egipcios han documentado la detención de más de 123 personas que expresaron su solidaridad con la población palestina de Gaza mediante protestas pacíficas, comentarios en Internet, pancartas o consignas en paredes. Al menos 95 de ellas permanecen en detención previa al juicio por cargos falsos de implicación en terrorismo, difusión de noticias falsas o reunión ilegal.
En abril, un grupo de mujeres manifestantes puestas en libertad presentó una denuncia contra la policía por violencia sexual, que la Fiscalía sigue sin investigar.
“Las autoridades egipcias han continuado mostrando tolerancia cero hacia las protestas pacíficas o el activismo independiente sin autorización oficial, incluso en relación con las muestras de solidaridad con el pueblo palestino, según han expresado las propias autoridades. En especial, han reprimido las críticas a las políticas gubernamentales en el conflicto armado de Gaza, dejando muy claro que no aceptarán de forma inequívoca todas las expresiones de solidaridad con la población palestina”, ha declarado Sara Hashash, directora regional adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las autoridades deben poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente durante la represión de la solidaridad en favor de Palestina. Estas personas no han hecho más que ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las autoridades también deben llevar a cabo una investigación independiente e imparcial de los informes de violencia sexual presentados por mujeres detenidas y hacer que los responsables rindan cuentas”.
Amnistía Internacional habló con 3 mujeres manifestantes —de las cuales 2 estuvieron detenidas brevemente—, así como con defensores y defensoras de los derechos humanos, personal de investigación y representantes de la abogacía que asistieron a los interrogatorios de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado (SSSP).
Según la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR) y la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto (ECRF) —grupos locales de derechos humanos con sede en El Cairo—, entre octubre de 2023 y mayo de 2024 las autoridades sometieron a detención arbitraria al menos a 123 personas por haber expresado solidaridad con Palestina desde que estalló el conflicto armado en Gaza. Tanto la ECRF como la EIPR asumieron la representación legal de varias de las personas detenidas.
Amnistía Internacional ya había documentado anteriormente la detención arbitraria de decenas de personas —menores de edad incluidas— en octubre de 2023 durante las protestas de solidaridad con Palestina en las provincias de El Cairo, Giza, Alejandría y Dacalia, donde se produjeron manifestaciones fuera de las zonas oficialmente designadas o se corearon consignas contra el gobierno. Hombres con ropas de civil ataviados con porras y palos golpearon a las personas detenidas en El Cairo, muchas de las cuales fueron sometidas a desaparición forzada y retenidas en campamentos de las Fuerzas de Seguridad Central o en la sede del Departamento de Seguridad Nacional (NSA) hasta 7 días. Al escribir estas líneas, al menos 53 personas del grupo —entre ellas 2 menores de edad— permanecían en detención previa al juicio por cargos relacionados con terrorismo, participación en reuniones no autorizadas que atentan contra la seguridad nacional y el orden público, y vandalismo, según la ECRF y la EIPR.
Detención arbitraria por publicaciones en redes sociales
Los días 8 y 9 de mayo, las fuerzas de seguridad detuvieron a los estudiantes Mazen Daraz y Ziad Basiouny acusándolos de “unirse a un grupo terrorista” y “publicar noticias falsas”, en relación con su participación en un grupo estudiantil de apoyo a Palestina (Estudiantes por Palestina), según el Frente Egipcio por los Derechos Humanos (EFHR).
El grupo estudiantil había publicado declaraciones en Instagram y Facebook en las que pedía al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación Superior de Egipto que boicotearan los productos que apoyaran la ocupación israelí, instaba al gobierno a que diera facilidades a las personas palestinas que estudiaban en Egipto y denunciaba la ofensiva terrestre en Rafah. Los detenidos permanecieron incomunicados entre 4 y 5 días antes de comparecer ante la SSSP el 13 de mayo. Al redactar estas líneas, ambos permanecían detenidos en espera de juicio.
Durante su interrogatorio, Basiouny declaró a la SSSP que, tras su detención, las fuerzas de seguridad lo escoltaron hasta unas instalaciones desconocidas de la NSA, cuyos agentes lo retuvieron esposado con los ojos vendados durante 4 días, violando la prohibición absoluta de malos tratos, y lo interrogaron en 6 ocasiones, según la EFHR. La SSSP no ha abierto investigaciones sobre las denuncias de Basiouny.
Detención arbitraria por colgar pancartas o escribir en paredes
Algunas detenciones tuvieron lugar tras las críticas a la colaboración de Egipto para mantener cerrado el paso fronterizo de Rafah. El 28 de abril, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a 6 personas en sus respectivos domicilios de Alejandría, pocos días después de que colgaran en la calle una pancarta con el mensaje “Poned fin el asedio a Palestina, liberad a las personas detenidas y abrid el paso de Rafah” y publicaran una fotografía de dicha pancarta en Facebook, según la EFHR. Las autoridades mantuvieron a las 6 personas en régimen de incomunicación en lugares desconocidos hasta el 30 de abril, cuando las llevaron ante la SSSP, que las interrogó sobre cargos de adhesión a grupo terrorista, reunión ilegal y difusión de noticias falsas. La SSSP ordenó su detención durante 15 días en espera de las investigaciones. Al redactar estas líneas, todas las personas seguían detenidas.
El 8 de marzo, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a 6 personas, incluida una menor, en sus respectivos domicilios de Dar El-Salam, El Cairo, por haber escrito consignas de solidaridad con Palestina en un puente, junto con el mensaje “Sisi márchate”, según la EFHR. De ellas, 4 no pasaron ante la SSSP hasta el 18 de marzo y permanecieron unos 9 días detenidas en régimen de incomunicación, según la EFHR. Al menos 2 de estas 6 personas declararon a la SSSP que los agentes de la NSA de la comisaría de Dar El-Salam las habían abofeteado y golpeado con la mano y les habían propinado patadas. La SSSP abrió investigaciones contra las 6 personas, acusándolas de unirse a un grupo terrorista, de difundir noticias falsas y de hacer un uso indebido de las redes sociales, y ordenó su detención durante 15 días en espera de las investigaciones.
Detención arbitraria en protestas pacíficas y denuncias por violencia sexual
El 23 de abril, un grupo defensor de los derechos de las mujeres asumió el riesgo de organizar una protesta pacífica en solidaridad con las mujeres de Palestina y Sudán frente a la oficina de ONU Mujeres en El Cairo. Apenas se hubieron reunido unas 20 mujeres —entre ellas, defensoras de los derechos humanos, periodistas y abogadas—, policías con ropas de civil dispersaron la protesta a la fuerza: empujaron violentamente a varias mujeres, golpearon al menos a dos en distintas partes del cuerpo y arrastraron a una o más por el suelo. Hubo en torno a 16 manifestantes detenidas, además de al menos 2 hombres presentes en el lugar.
La abogada de derechos humanos Mahinour El-Masry y la activista May El-Mahdy, ambas detenidas, relataron a Amnistía Internacional que la policía trasladó a las manifestantes en furgones y taxis secretos hasta varias comisarías cercanas, incluida la de Maadi. A las manifestantes no se les permitió comunicarse con su familia ni solicitar asistencia letrada y, cuando un abogado de derechos humanos preguntó por el paradero de las mujeres en la comisaría de Maadi, la policía negó que estuvieran allí. Ese mismo día, la policía trasladó a las mujeres a diferentes comisarías de El Cairo y al campamento de las Fuerzas de Seguridad Central en Tura (centro de detención no oficial) donde las mantuvieron en régimen de incomunicación varias horas.
Al día siguiente, las autoridades llevaron a todas las detenidas ante la SSSP, que abrió investigaciones contra ellas y las interrogó sobre cargos de adhesión a grupo ilegítimo y participación en una reunión ilegal. Todas ellas fueron puestas en libertad bajo fianza ese mismo día.
Durante su reclusión, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) interrogó a varias de las mujeres detenidas en ausencia de asistencia letrada. El-Mahdy refirió a Amnistía Internacional que agentes de la NSA la interrogaron durante unas dos horas, preguntándole qué plataforma de comunicación se había utilizado para organizar la protesta, los motivos de su interés por cuestiones de mujeres y la razón de la protesta frente a la oficina de ONU Mujeres.
El 23 de mayo, un grupo de las mujeres puestas en libertad anunció en una declaración que había presentado una denuncia ante la fiscalía, en la que afirmaba que algunas de las mujeres detenidas habían sufrido “agresiones sexuales” durante los registros corporales y “hostigamiento” durante la reclusión. Una de las mujeres denunciantes indicó a Amnistía Internacional que varias manifestantes puestas en libertad habían presentado denuncias por violencia sexual contra agentes de policía de la comisaría de Helwan, donde habían estado recluidas varias de ellas. El Ministerio Público remitió la denuncia a la SSSP, que hasta la fecha no había abierto investigaciones sobre estas denuncias, según El-Masry. Amnistía Internacional determinó en 2019 que la SSSP era cómplice de los abusos policiales, al ignorar sistemáticamente y no investigar las denuncias presentadas por las personas acusadas.