En el último año, la Agencia de Seguridad Interna (ISA), con sede en Trípoli, ha sometido a decenas de hombres, mujeres, niños y niñas a toda una serie de abusos —desaparición forzada, detención arbitraria y tortura, entre otros— y ha aplicado a algunas personas la pena de muerte, todo ello con el pretexto de “preservar la virtud”, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha recabado pruebas del recrudecimiento de la represión de la libertad de pensamiento, de expresión y de creencia por parte de la ISA, desde que en mayo de 2023 la Autoridad General de Dotaciones y Asuntos Islámicos (organismo religioso oficial conocido como Awqaf) publicó un decreto para combatir lo que denominó “desviaciones religiosas, intelectuales y morales”. La despiadada campaña de la ISA, elogiada públicamente por altos cargos del Awqaf, se dirige principalmente contra la juventud de Libia —sobre todo la comunidad amazigh—, así como contra personas extranjeras, con el pretexto de “preservar la virtud y purificar la sociedad”, lo que en algunos casos ha dado lugar a investigaciones por cargos castigados con pena de muerte.
“La inacción del gobierno libio ante los bien documentados crímenes de derecho internacional que comete la ISA —entre ellos tortura y desaparición forzada— alienta a este organismo a cometer nuevos abusos y perpetúa una campaña implacable que ahoga la libertad de pensamiento, de expresión y de creencia camuflada como ‘preservación de la virtud’”, ha declarado Bassam al Kantar, investigador de Amnistía Internacional sobre Libia.
“Las autoridades libias deben garantizar la liberación inmediata de todas aquellas personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos y poner fin a la persecución de personas por expresar sus creencias. El Gobierno de Unidad Nacional debe también apartar de sus puestos a los mandos y miembros de la ISA sobre quienes existan sospechas razonables de haber cometido violaciones graves de derechos humanos, en espera de que se lleve a cabo una investigación penal independiente e imparcial y, si existen pruebas suficientes, su procesamiento.”
Amnistía Internacional ha entrevistado a dos personas que estuvieron detenidas y a familiares. También ha hablado con profesionales de la abogacía que llevan los casos de cuatro personas actualmente recluidas y han recurrido las órdenes de detención en espera de juicio dictadas por la fiscalía, ha conversado con nueve activistas libios (ubicados parte en Libia y parte en el exilio) y ha revisado 15 vídeos de confesiones forzadas publicados por la ISA desde marzo de 2023.
La intensificación de la represión de la ISA se dirige contra personas que se considera que rechazan la ideología madjalí-salafista dominante en el Awqaf, la cual restringe significativamente los derechos de las mujeres y las niñas, las minorías religiosas y las personas LGBTI.
Confesiones forzadas patentes en vídeos perturbadores
Los vídeos que ha publicado la ISA en Internet muestran a 24 personas, si no más, que “confiesan” bajo aparente coacción. Al menos 19 personas permanecen detenidas en espera de juicio por orden del Ministerio Público en las prisiones de Al Ruwaimi y Al Jdeida, en Trípoli, acusadas de “relaciones sexuales ilícitas”, “promoción de opiniones o principios que pretenden derrocar el orden político, social o económico del Estado”, “blasfemia” y “apostasía”. Algunos de estos cargos conllevan pena de cadena perpetua y condena de muerte.
El 28 de diciembre de 2023, la ISA publicó en sus canales de redes sociales dos vídeos en los que aparecían 14 personas —entre ellas cuatro mujeres adultas y una joven de 17 años— que “confesaban” bajo aparente coacción delitos como “difundir el ateísmo”, “apostasía”, “abrazar creencias no religiosas”, “adoptar ideas liberales”, “intercambiar esposas” y “homosexualidad”. En vídeos previos de la ISA publicados en abril y mayo de 2023, pueden verse otras 10 personas que “confiesan” “abrazar el cristianismo” e “insultar el islam”.
La documentación de Amnistía Internacional ha confirmado que la ISA detuvo a las personas que aparecen en los vídeos entre marzo y octubre de 2023.
”Oí gritos de otras personas detenidas”
Agentes de la ISA detuvieron a las personas identificadas en su domicilio o en plena calle sin orden judicial. En algunos casos, la ISA detuvo a sus familiares para obligar a las personas “en busca y captura” a entregarse. Desde septiembre de 2023, la ISA también utilizó los teléfonos y el historial de mensajes de otros dos activistas detenidos para someter a detención arbitraria al menos a nueve personas más.
La inacción del gobierno libio ante los bien documentados crímenes de derecho internacional que comete la ISA —entre ellos, tortura y desaparición forzada— alienta a este organismo a cometer nuevos abusos…
Bassam al Kantar, Amnistía Internacional
Los interrogadores de la ISA someten sistemáticamente a las personas detenidas a tortura y otros malos tratos, como violencia sexual, palizas, descargas eléctricas y suspensión en posturas en tensión. El interrogatorio de las personas detenidas tuvo lugar en ausencia de asistencia letrada.
Un ciudadano extranjero —que ha pedido permanecer en el anonimato— relató a Amnistía Internacional que unos hombres armados vestidos de paisano lo habían detenido en Trípoli y, sin identificarse ni revelar el motivo de la detención, lo habían trasladado a la sede de la ISA, donde lo mantuvieron incomunicado durante una semana y lo sometieron a numerosos interrogatorios, entre ellos el del jefe del Comité de Seguridad Central de la ISA.
Dicho ciudadano refirió que los investigadores de la ISA lo habían obligado a proporcionarles las contraseñas de su teléfono y su portátil, le habían interrogado durante horas y habían inspeccionado sus conversaciones en WhatsApp y sus llamadas laborales para luego acusarlo de “conspiración” y “espionaje”.
También contó a Amnistía Internacional que había oído gritos de otras personas detenidas y visto manchas de sangre en el suelo en el camino entre su celda y el baño. Al final, fue deportado.
Otro activista de derechos humanos, detenido durante 10 meses acusado de “comunicarse con personas ateas y feministas e insultar a la religión del Estado”, declaró que Lotfi al Harari, mando de la ISA, lo había interrogado y estaba presente mientras al menos dos agentes de la ISA lo golpeaban con porras, lo despojaban de su ropa y le tocaban los genitales.
Entre las personas que siguen sometidas a detención arbitraria se halla Sifaw Madi, detenido el 26 de marzo de 2023, que aparecía en un vídeo de la ISA publicado el 6 de abril de 2023 “confesando” haberse convertido al cristianismo en 2017 y haber hecho proselitismo. Se enfrenta a acusaciones de “apostasía”, que conllevan pena de muerte.
Un ataque directo contra la comunidad amazigh
Las medidas enérgicas de la ISA afectan de forma desproporcionada a la comunidad amazigh, que incluye a quienes profesan la fe ibadí y adhesión a la escuela malikí.
Un activista —que ha pedido permanecer en el anonimato— afirmó que la ISA había intensificado su campaña contra la comunidad amazigh y refirió la filtración de listas con nombres de activistas amazigh e ibadíes, lo que sugiere que podrían ser objeto de vigilancia y detención.
Además, Nizar (seudónimo) informó de ataques contra lugares culturales y religiosos, como la demolición de un espacio sufí en noviembre de 2023, y actos de vandalismo contra yacimientos arqueológicos por parte del Comité al Hasyn, al que el Awqaf encargó combatir “la brujería y la hechicería” en octubre de 2023. Estas acciones iban dirigidas contra imanes y predicadores de grupos malikíes e ibadíes en la ciudad noroccidental de Yefren.
“Las autoridades libias deben detener de inmediato su campaña contra el activismo amazigh e ibadí, acabar con la destrucción y demolición de santuarios sufíes y defender la libertad religiosa”, ha declarado Bassam al Kantar.
Información complementaria
La ISA en Trípoli depende nominalmente del Consejo Presidencial del Gobierno de Unidad Nacional y recibe financiación estatal. Amnistía Internacional ha documentado con anterioridad las violaciones cometidas por la ISA en el oeste de Libia.
El 9 de enero de 2024, el Parlamento libio aprobó una nueva ley que tipifica como delito la “brujería y hechicería”, con condenas que van desde los catorce años de prisión hasta la pena de muerte.
El Decreto núm. 436/2023 del Awqaf estableció un comité central formado por 17 miembros —entre ellos un representante de los organismos de seguridad— para hacer cumplir el programa “Preservación de la Virtud”. Yehya Ben Halim, miembro destacado del comité, elogió públicamente el papel de la ISA en la lucha contra la “apostasía” y las “ideas liberales”.