Resumen

Milicias rivales utilizaron armas de gran calibre de manera imprecisa en zonas densamente pobladas, lo que causó víctimas civiles. Grupos armados y milicias detuvieron a mujeres usuarias de redes sociales y a otras personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Seguía habiendo miles de personas recluidas arbitrariamente. La tortura y otros malos tratos seguían siendo una práctica generalizada y sistemática. Se publicaron en Internet “confesiones” obtenidas mediante tortura. Las mujeres y las niñas, así como quienes pertenecían a minorías étnicas, sufrían una discriminación muy arraigada. Se sometió a personas LGBTI a detención arbitraria y enjuiciamiento. La Guarda Costera Libia, respaldada por la Unión Europea, y los grupos armados continuaron interceptando en el mar, en el oeste y el este del país, respectivamente, a miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes y devolviéndolas a centros de detención libios en los que eran sometidas a tortura y otros malos tratos y a violencia sexual. La Guardia Costera Libia disparó contra dos barcos de salvamento de ONG. Miles de personas fueron expulsadas de forma colectiva y sumaria a países vecinos. Una milicia del oeste de Libia suspendió la actividad de organizaciones internacionales de ayuda a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Los tribunales impusieron condenas a muerte tras juicios injustos; no se registraron ejecuciones. La impunidad de los crímenes de derecho internacional continuaba muy arraigada, pero, por primera vez desde que la situación de Libia se había remitido a la Corte Penal Internacional (CPI) en 2011, un presunto responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra fue detenido en el extranjero y entregado a la Corte.