Resumen

Fuerzas de seguridad, milicias y grupos armados de toda Libia llevaron a cabo centenares de detenciones arbitrarias de activistas, manifestantes, periodistas, mujeres usuarias de redes sociales y otras personas. Continuaba habiendo miles de personas recluidas arbitrariamente sólo por su afiliación política u origen tribal, tras juicios manifiestamente injustos o sin base legal. La tortura y otros malos tratos seguían siendo una práctica generalizada y sistemática. Se publicaron en Internet “confesiones” obtenidas mediante tortura. Persistía la represión de la sociedad civil, en un contexto de disputa entre las autoridades rivales por controlar el registro, financiación y actividades de las ONG. Se produjeron enfrentamientos esporádicos entre milicias y grupos armados que utilizaban armas explosivas de amplio impacto, lo que causó víctimas civiles y destrucción de bienes de carácter civil. Las mujeres y las niñas, así como quienes pertenecían a minorías religiosas, sufrían una discriminación muy arraigada. Se sometió a personas LGBTI a detención arbitraria, enjuiciamiento y amenazas de muerte. Las milicias y los grupos armados llevaron a cabo desalojos forzosos y demoliciones de viviendas. Guardacostas libios respaldados por la Unión Europea, en el oeste de Libia, y grupos armados, en el este, interceptaron a miles de personas refugiadas y migrantes en el mar y las devolvieron a centros de detención de Libia. A las personas refugiadas y migrantes detenidas se las sometía a tortura, violencia sexual y trabajo forzoso. Miles de personas fueron expulsadas a países vecinos sin garantías procesales ni posibilidad de solicitar asilo. Los tribunales impusieron condenas a muerte tras juicios injustos; no hubo ejecuciones.