Libia 2024
Fuerzas de seguridad, milicias y grupos armados de toda Libia llevaron a cabo centenares de detenciones arbitrarias de activistas, manifestantes, periodistas, mujeres usuarias de redes sociales y otras personas. Continuaba habiendo miles de personas recluidas arbitrariamente sólo por su afiliación política u origen tribal, tras juicios manifiestamente injustos o sin base legal. La tortura y otros malos tratos seguían siendo una práctica generalizada y sistemática. Se publicaron en Internet “confesiones” obtenidas mediante tortura. Persistía la represión de la sociedad civil, en un contexto de disputa entre las autoridades rivales por controlar el registro, financiación y actividades de las ONG. Se produjeron enfrentamientos esporádicos entre milicias y grupos armados que utilizaban armas explosivas de amplio impacto, lo que causó víctimas civiles y destrucción de bienes de carácter civil. Las mujeres y las niñas, así como quienes pertenecían a minorías religiosas, sufrían una discriminación muy arraigada. Se sometió a personas LGBTI a detención arbitraria, enjuiciamiento y amenazas de muerte. Las milicias y los grupos armados llevaron a cabo desalojos forzosos y demoliciones de viviendas. Guardacostas libios respaldados por la Unión Europea, en el oeste de Libia, y grupos armados, en el este, interceptaron a miles de personas refugiadas y migrantes en el mar y las devolvieron a centros de detención de Libia. A las personas refugiadas y migrantes detenidas se las sometía a tortura, violencia sexual y trabajo forzoso. Miles de personas fueron expulsadas a países vecinos sin garantías procesales ni posibilidad de solicitar asilo. Los tribunales impusieron condenas a muerte tras juicios injustos; no hubo ejecuciones.
Información general
El estancamiento político de Libia se agravó debido a que las facciones rivales no consiguieron acordar un nuevo gobierno de unidad ni un presupuesto unificado, ni tampoco fijar fechas para la celebración de las largamente demoradas elecciones presidenciales y parlamentarias.
El 30 de septiembre, los gobiernos rivales acordaron el nombramiento de un nuevo gobernador para el Banco Central de Libia, lo que puso fin a la crisis bancaria que afectaba al comercio, los ingresos del petróleo y el acceso a divisas desde que el 20 de agosto fuera destituido el anterior gobernador, Sadik al Kebir.
Las Fuerzas Armadas Árabes Libias, autoridades de facto en el este y en partes del sur de Libia, interrumpieron la producción de petróleo como consecuencia de la crisis de dirección del Banco Central y de la noticia de que España había dictado en agosto una orden de detención contra Saddam Haftar, líder de facto del grupo armado Tarik Ben Zeyad e hijo del comandante general de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, Khalifa Haftar.
Persistieron las violaciones del embargo de armas impuesto por la ONU a Libia, con envíos rusos entregados abiertamente en puertos del este del país.
Detenciones arbitrarias y juicios injustos
Las fuerzas de seguridad, las milicias y otros grupos armados detuvieron arbitrariamente a centenares de activistas, dirigentes tribales, periodistas, autoridades gubernamentales y otras personas por su afiliación real o supuesta o sus opiniones o por interés económico. Seguía habiendo miles de personas recluidas únicamente por su afiliación política u origen tribal, tras juicios manifiestamente injustos o sin base legal.
En febrero, alrededor de una veintena de hombres armados del Servicio de Apoyo de las Direcciones de Seguridad de la Región Oriental detuvieron en su domicilio de Bengasi a Sheikh Muftah Al Amin Al Biju, destacado miembro de la comunidad sufí. Al concluir el año continuaba recluido arbitrariamente, sin cargos ni juicio, y se le negaba el acceso a su familia y sus abogados.
En julio, unos hombres armados no identificados y vestidos con ropas de civil secuestraron en una calle de Misrata a los activistas políticos Al Moatassim Al Areebi y Mohamed Shtewi, a quienes mantuvieron recluidos arbitrariamente durante dos días en relación con unas grabaciones filtradas en las que se implicaba a autoridades en casos de corrupción.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos seguían practicándose sistemáticamente en prisiones y centros de detención de todo el país. Entre los métodos denunciados figuraban palizas, descargas eléctricas, violencia sexual y posturas en tensión. Las milicias y los grupos armados siguieron publicando en Internet “confesiones” obtenidas mediante tortura.
Las autoridades no investigaron con prontitud y eficacia las causas y circunstancias de muertes sospechosas de personas detenidas. Tras la muerte, en julio, de Ahmed Abdel Moneim Al Zawi bajo su custodia, la Agencia de Seguridad Interna de Aydabiya afirmó que el detenido se había ahorcado, pero unos testigos dijeron que le habían visto en la nuca un hematoma que parecía deberse a un fuerte golpe. Un fiscal de Bengasi archivó el caso sin investigarlo.
Libertad de asociación
Agentes armados afines a las autoridades rivales continuaron reprimiendo a la sociedad civil por medios como someter a activistas a secuestro, detención arbitraria, citaciones para interrogatorios coercitivos, amenazas y exigencias de información.
En octubre, el grupo armado Agencia de Seguridad Interna de Sabha irrumpió en un acto de la sociedad civil sobre salud mental y detuvo e interrogó brevemente a varias de las personas asistentes.
La Comisión de la Sociedad Civil, organismo oficial, presentó un proyecto de ley que otorgaba al gobierno poderes indebidos sobre el registro, financiación y actividades de las ONG. Al final del año, el texto estaba pendiente ante el Parlamento, junto con las contrapropuestas presentadas por la sociedad civil libia.
Libertad de expresión y de reunión
Grupos armados y milicias detuvieron y recluyeron arbitrariamente a cientos de activistas, manifestantes, periodistas y personas dedicadas a la creación de contenido en línea por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
En enero, el grupo armado Agencia de Seguridad Interna de Sabha detuvo arbitrariamente a la bloguera Maryam Mansour al Warfalli, por unas publicaciones en las redes sociales en las que criticaba a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, y la mantuvo recluida sin cargos ni juicio hasta octubre.
El 11 de julio, el periodista Ahmed Al Sanousi fue detenido por la milicia Agencia de Seguridad Interna en la capital, Trípoli, tras haber publicado un artículo sobre denuncias de corrupción en el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli. Quedó en libertad tres días después a raíz de una protesta pública y, posteriormente, huyó de Libia tras recibir amenazas.
El 24 de octubre, soldados de la Región Militar de la Montaña Occidental de las fuerzas armadas del Gobierno de Unidad Nacional dispersaron violentamente una protesta pacífica de residentes de la ciudad occidental de Yefren contra el deterioro de las condiciones de vida y la presencia de milicias de Trípoli. Los testigos informaron de que dos manifestantes resultaron heridos. Tras la protesta, la Dirección de Seguridad Central de la Montaña detuvo al menos a 14 personas sospechosas de haberla organizado o haber participado en ella. Una de ellas continuaba detenida al final del año.
Ataques ilícitos
Aunque se mantuvo en gran medida el alto el fuego alcanzado en 2020 en todo el país, se produjeron enfrentamientos armados esporádicos a pequeña escala en Trípoli, así como en Al Zawiya y en Al Yameel, en el oeste de Libia, y también en Sabha, en el sur, entre milicias y grupos armados que se disputaban el control de recursos o la influencia política. Los ataques indiscriminados y el uso imprudente de armas de fuego y explosivos con efectos en una amplia superficie en zonas residenciales causaron víctimas entre la población civil y daños o destrucción de bienes de carácter civil. En mayo, una niña de 10 años murió en Trípoli durante enfrentamientos entre milicias locales.
En agosto, los enfrentamientos entre dos milicias en Tajoura, suburbio del este de Trípoli, en los que se utilizaron armas explosivas de amplio impacto, causaron la muerte al menos a nueve personas y heridas a otras, según el Servicio de Ambulancias y Emergencias, así como el desplazamiento temporal de decenas de familias.
Impunidad
Altos mandos y jefes de milicias y grupos armados poderosos que habían cometido crímenes de derecho internacional en 2024 y en años anteriores gozaban de una impunidad casi total.
En mayo, el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional creó un nuevo organismo para combatir los delitos financieros y el terrorismo, sin someter a ningún tipo de verificación de antecedentes en materia de derechos humanos a su jefe ni a sus miembros.
En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución por la que renovaba su asistencia técnica y desarrollo de capacidades en Libia, lo que no se ajustaba al mecanismo de investigación y supervisión que propugnaban las ONG y entrañaba el riesgo de afianzar aún más la impunidad.
En julio, 12 funcionarios de nivel bajo y medio fueron condenados a prisión por su responsabilidad en el mortal derrumbe de unas presas cerca de Derna en septiembre de 2023. Sin embargo, las autoridades no investigaron con prontitud, exhaustividad, independencia, imparcialidad ni eficacia si figuras militares y políticas poderosas no habían protegido los derechos humanos de la población, en particular el derecho a la vida y a la salud.1
En septiembre, Abdelrahman Milad, conocido como “Bija”, que estaba sometido a sanciones de la ONU por su presunta implicación en tráfico y maltrato de personas migrantes, murió tiroteado en Trípoli sin haberse enfrentado a la justicia.
En octubre, la Corte Penal Internacional anunció órdenes de detención contra seis líderes, altos cargos y afiliados del grupo armado Al Kaniat por los crímenes de guerra de homicidio, tortura, desaparición forzada y otros actos inhumanos cometidos en la población nororiental de Tarhuna, que había estado bajo el control del grupo hasta junio de 2020. Cinco de los sospechosos seguían en libertad, mientras que las autoridades libias no entregaron a la Corte a Abdelbari Al Shaqaqi, de quien se había informado que estaba bajo custodia del Aparato de Disuasión para Combatir el Terrorismo y el Crimen Organizado.2
A pesar de su historial de torturas y otros delitos, el Aparato de Disuasión para Combatir el Terrorismo y el Crimen Organizado siguió participando en el interrogatorio y la detención de personas acusadas de crímenes de derecho internacional, entre ellas un jefe del grupo armado Estado Islámico acusado de responsabilidad en la decapitación de 21 cristianos egipcios en Libia en 2015.
Discriminación
Mujeres y niñas
Las mujeres sufrían discriminación en la ley y en la práctica en asuntos como el matrimonio, la custodia de hijos e hijas, el acceso a cargos políticos y el empleo.
Las milicias y los grupos armados persiguieron a mujeres influencers y creadoras de contenido en las redes sociales por utilizar formas de expresión y de vestir que no se ajustaban a las normas sociales dominantes, basadas en la discriminación contra mujeres y niñas. En marzo, el Aparato de Disuasión para Combatir el Terrorismo y el Crimen Organizado dejó en libertad a una mujer que llevaba detenida desde noviembre de 2022 por motivos “morales” y cuya puesta en libertad había ordenado la fiscalía en abril de 2023.
En septiembre, el grupo armado Agencia de Seguridad Interna detuvo en el aeropuerto de Bengasi a dos mujeres influencers de las redes sociales, acusadas de violar con su conducta las normas sociales. Al concluir el año no se había proporcionado ninguna información sobre su suerte y su paradero.
En junio, el Consejo Presidencial creó bajo su mandato la Autoridad de Protección de la Moral Pública. En octubre, el gobierno creó un nuevo Departamento de Protección de la Moral en el Ministerio del Interior. En noviembre, el ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional anunció planes para introducir el uso obligatorio del velo para las mujeres y hacerlo cumplir mediante el despliegue de una “policía de la moral”. También amenazó con introducir medidas más estrictas para impedir que las mujeres viajaran al extranjero sin permiso de un tutor varón.
Personas LGBTI
Las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo seguían estando penalizadas. La Agencia de Seguridad Interna de Trípoli y otras milicias y grupos armados detuvieron a decenas de personas por su identidad de género u orientación sexual reales o supuestas.
Se vertieron amenazas de muerte contra personas y activistas LGBTI por sus publicaciones en las redes sociales, lo que llevó a algunas a huir de Libia.
En marzo, la Fiscalía de Trípoli remitió a 19 personas acusadas de “homosexualidad” y “ateísmo” a la Sala de Acusación del Tribunal de Primera Instancia de Trípoli Sur. Todas quedaron en libertad bajo fianza en espera de juicio y con la condición de presentarse ante la Fiscalía semanalmente.
En julio, la Policía de Emergencia de Trípoli detuvo a un hombre por vender cometas con los colores del arco iris en la plaza de los Mártires.
Minorías étnicas y pueblos indígenas
En enero, el Parlamento aprobó una nueva ley que tipificaba como delito la “brujería” y la “hechicería” y ponía en peligro el derecho a la libertad de conciencia y de religión de las minorías religiosas y étnicas, como las comunidades sufíes y amazighs que profesaban la fe ibadí.
Los miembros de las comunidades tubu y tuareg, que carecían de documento nacional de identidad debido a las leyes y normas discriminatorias que regían la ciudadanía libia, se enfrentaban a obstáculos para acceder a la educación y a los servicios de salud.
Desalojos forzosos
Milicias y grupos armados de Trípoli y Bengasi llevaron a cabo desalojos forzosos y demoliciones de viviendas, deteniendo e intimidando a quienes protestaban.
En marzo, unas 350 familias fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares en el barrio de Abu Salim, en Trípoli, sin que se les proporcionara un alojamiento alternativo, según la ONU.
En octubre, el grupo armado Agencia de Seguridad Interna de Bengasi detuvo al periodista Mohamed Al Sarit Qarqar por haber criticado en Internet que el Fondo para la Reconstrucción de Libia hubiese confiscado propiedades privadas. Grupos armados afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias habían desalojado por la fuerza y demolido las casas de sus tíos en la zona de Jaliana, en Bengasi, sin pagar una indemnización adecuada ni consultar a la comunidad. Mohamed Al Sarit Qarqar fue puesto en libertad al cabo de 19 días por razones médicas.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Fuerzas de seguridad, milicias, grupos armados y otros agentes no estatales de toda Libia continuaban cometiendo impunemente abusos y violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos contra las personas refugiadas y migrantes.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, entre enero y septiembre murieron o desaparecieron en el mar 1.749 personas en el Mediterráneo central. En marzo y julio se descubrieron en Libia al menos dos fosas comunes con 65 y 12 cadáveres, respectivamente, que podrían ser de personas refugiadas y migrantes. Durante el año, guardacostas respaldados por la Unión Europea (en el oeste de Libia) y las Fuerzas Navales Especiales Libias, vinculadas a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, y el grupo armado Tariq Ben Zeyad (en el este del país) interceptaron en el mar y devolvieron a Libia a 21.762 personas refugiadas y migrantes.
Las detenciones generalizadas basadas exclusivamente en la condición migratoria se intensificaron en el sur de Libia y continuaron en todo el país a raíz de las interceptaciones en el mar y las redadas efectuadas por milicias y grupos armados en campamentos improvisados de personas migrantes o en guaridas de traficantes o contrabandistas. En diciembre, más de 5.470 personas extranjeras permanecían detenidas arbitrariamente en centros gestionados por el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular y miles más estaban en poder de otras milicias y grupos armados. Se hallaban recluidas en condiciones crueles e inhumanas y sufrían tortura y otros malos tratos, tales como violencia sexual, extorsión, trabajo forzoso y negación de atención médica adecuada.
A lo largo del año, las autoridades tunecinas expulsaron a miles de personas refugiadas y migrantes a Libia, donde eran recluidas en condiciones crueles e inhumanas y sometidas a tortura y otros malos tratos en centros de detención gestionados por la Guardia de Fronteras libia, el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular o grupos armados (véase el apartado sobre Túnez).
Grupos afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias expulsaron a miles de personas refugiadas y migrantes a Chad, Egipto, Níger y Sudán sin darles la oportunidad de impugnar su deportación ni de solicitar protección internacional. Algunas, entre ellas las que habían sido rescatadas de un prolongado cautiverio tras ser retenidas por traficantes, fueron expulsadas por “portar enfermedades”.
Pena de muerte
Libia mantenía la pena de muerte para una amplia gama de delitos, incluidos algunos que no llegaban al umbral del delito más grave de “homicidio intencional” según el derecho internacional. Los tribunales civiles y militares siguieron imponiendo condenas a muerte por cargos de asesinato tras juicios manifiestamente injustos. En 2024, no se llevaron a cabo ejecuciones.
Derecho a un medioambiente saludable
Los limitados sistemas de alerta temprana y las inadecuadas respuestas a las crisis agravaron la creciente vulnerabilidad de Libia frente a fenómenos meteorológicos extremos. En agosto, las ciudades de Kufra y Ghat, así como otras zonas del sur de Libia, se vieron afectadas por lluvias torrenciales, inundaciones y tormentas eléctricas que causaron grandes daños y pérdida de vidas. Libia aún no había ratificado el Acuerdo de París ni había presentado planes formales de mitigación y adaptación climáticas.