En Egipto hay grupos independientes de la sociedad civil que pueden verse obligados a cerrar, lo que limitará aún más el espacio para la participación de la sociedad civil y el activismo de derechos humanos en el país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al cumplirse el plazo para inscribir en registro organizaciones no gubernamentales establecido en virtud de la represiva ley de 2019 sobre ONG.
El 5 de abril de 2023, Nevin al Kabah, ministra de Solidaridad Social de Egipto, declaró que las ONG que no se hubieran inscrito en registro, en virtud de la ley de 2019 sobre ONG, para el 12 de abril de 2023 corrían peligro de ser disueltas. La declaración de la ministra hacía caso omiso de los crecientes llamamientos de ONG tanto locales como internacionales, y también de expertos de la ONU, para que se derogara o reformara la ley con el fin de garantizar que cumple las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de asociación. Nevin Al Kabah también señaló que no se iban a conceder más ampliaciones.
“Durante años, las autoridades egipcias han sofocado a la sociedad civil independiente y han sometido a quienes defienden los derechos humanos a toda una serie de ataques que incluyen detenciones arbitrarias, procesamientos por motivos políticos, prohibiciones de viajar, congelaciones de bienes, vigilancia ilegítima y otras formas de acoso”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Mientras está previsto que el 3 de mayo comience el largamente esperado ‘Diálogo Nacional’ con la oposición, las autoridades deben retirar de inmediato su amenaza de disolver las ONG que no estén inscritas en registro. En lugar de eso, las autoridades deben trabajar con las ONG para establecer un marco jurídico que permita a estas organizaciones llevar a cabo su vital trabajo sin temor a represalias, y deben cumplir la obligación internacional contraída por Egipto de respetar el derecho a la libertad de asociación.”
La ley de 2019 sobre ONG otorga a las autoridades poderes excesivamente amplios para supervisar la inscripción en registro, las actividades, la financiación y la disolución de ONG. Además, restringe las actividades de las ONG al limitar su trabajo al “desarrollo social”, un concepto vagamente definido que podría usarse para prohibir en la práctica el trabajo de derechos humanos. También prohíbe a las ONG llevar a cabo investigaciones y publicar sus conclusiones sin autorización previa del gobierno. La Red Árabe por la Información de Derechos Humanos, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Egipto, suspendió sus operaciones en enero de 2022, después de 18 años, citando el represivo entorno y la incapacidad de realizar su labor de derechos humanos con la draconiana ley.
Procesamientos injustos y acoso
En los últimos nueve años, las autoridades egipcias han intensificado sus injustos procesamientos y sus detenciones ilegítimas de personal de ONG para obstaculizar su trabajo de derechos humanos. En la investigación penal, que duró una década, sobre el trabajo legítimo de las organizaciones de la sociedad civil en la Causa 173/2011, conocida como la causa de la “financiación extranjera”, al menos 15 trabajadores y trabajadoras de ONG permanecen bajo investigación, entre ellos Mohamed Zaree, director del Programa para Egipto del Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, Aida Seif al-Dawla, Magda Adly y Suzan Fayad, del Centro El Nadeem para Rehabilitación de Víctimas de Tortura, Hossam Bahgat, director de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, y Gamal Eid, director de la ahora cerrada Red Árabe por la Información de Derechos Humanos. A todos ellos se les mantiene la prohibición de viajar, y se les han congelado sus activos.
Varios miembros del personal de ONG permanecen también injustamente encarcelados por su trabajo legítimo de derechos humanos. Mohamed Baker, fundador y director del Centro Adalah por los Derechos y las Libertades, permanece detenido arbitrariamente desde el 29 de septiembre de 2019. En noviembre de 2021 fue condenado a cuatro años de prisión tras un juicio flagrantemente injusto celebrado ante un tribunal de emergencia por cargos de “propagación de noticias falsas”. Los cargos están relacionados con los informes del Centro Adalah por los Derechos y las Libertades sobre las condiciones de detención y el uso de la pena de muerte en Egipto.
El 5 de marzo de 2023, un tribunal de excepción declaró culpable a Ezzat Ghoniem, fundador del grupo de derechos humanos Coordinación Egipcia para los Derechos y Libertades, y a otras 29 personas por cargos absurdos derivados de su trabajo de derechos humanos o su disidencia pacífica y, tras un juicio injusto, los condenó a penas de prisión que oscilaban entre los cinco años y la cadena perpetua.
“La comunidad internacional debe pedir a las autoridades egipcias que pongan fin a su campaña de represión contra ONG independientes. Las autoridades deben poner en libertad urgentemente a los defensores y defensoras de los derechos humanos que se consumen injustamente en prisión, anular todas las declaraciones de culpabilidad injustas, retirar la Causa 173 de una vez por todas, y levantar las prohibiciones de viajar y la congelación de activos impuestas a personal de ONG. Para abordar los problemas económicos de Egipto y promover los derechos humanos es esencial una sociedad civil dinámica”, ha manifestado Philip Luther.
Información complementaria
El 5 de abril de 2023, la ministra de Solidaridad Social de Egipto anunció que 35.653 ONG se habían inscrito en registro en virtud de la ley de 2019 sobre ONG. Previamente, las autoridades habían declarado que en el país había 52.500 grupos de la sociedad civil.
Las ONG de derechos humanos más destacadas de Egipto, incluidas las que proporcionan asistencia letrada gratuita a víctimas de violaciones de derechos humanos, operan como empresas sin ánimo de lucro o bufetes y corren peligro de ser disueltas por no inscribirse en registro en virtud de la ley de 2019 sobre ONG. Las que se han inscrito en virtud de dicha ley han denunciado sistemáticamente que las autoridades han demorado o han denegado la aprobación de su financiación y sus proyectos.