Israel y TPO: Plan de “anexión” ilegal promueve la “ley de la selva” y debe paralizarse

“Las autoridades israelíes deben abandonar de inmediato sus planes para seguir ‘anexionando’ territorio en la Cisjordania ocupada, pues vulnerarían las leyes internacionales y exacerbarían décadas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población palestina que vive allí”, ha declarado Amnistía Internacional el día en que el Consejo de Ministros israelí prevé iniciar sus deliberaciones sobre estos planes.

Amnistía Internacional pide también a la comunidad internacional que adopte medidas contundentes contra las propuestas de “anexión” y los asentamientos ilegales israelíes en territorios ocupados.

El derecho internacional es muy claro en este asunto: la anexión es ilegal. El esfuerzo continuado de Israel por aplicar esta política ilustra también su cínico menosprecio del derecho internacional.
Saleh Higazi

“El derecho internacional es muy claro en este asunto: la anexión es ilegal. El esfuerzo continuado de Israel por aplicar esta política ilustra también su cínico menosprecio del derecho internacional. Estas políticas no cambian la condición jurídica del territorio y sus habitantes como ocupados, según el derecho internacional, ni eximen a Israel de sus responsabilidades como potencia ocupante, sino que, por el contrario, indican la existencia de una ‘ley de la selva’ que no debería tener lugar en nuestro mundo actual”, dijo Saleh Higazi, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Los miembros de la comunidad internacional deben hacer cumplir el derecho internacional y reiterar que la ‘anexión’ de cualquier parte de la Cisjordania ocupada es nula y sin efecto. También deben trabajar para detener de inmediato la construcción o la ampliación de asentamientos ilegales israelíes e infraestructura conexa en los Territorios Palestinos Ocupados como primer paso para evacuar a la población civil israelí que vive en dichos asentamientos”.

“Anexión” nula

En abril, en virtud del acuerdo para formar un gobierno de coalición, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su rival político Benny Gantz convinieron en que las deliberaciones en el Consejo de Ministros y el Parlamento sobre el proceso interno de “anexionar” partes de la Cisjordania ocupada, que incluye los asentamientos israelíes y la zona del valle del Jordán, podrían comenzar el 1 de julio.

Los miembros de la comunidad internacional deben hacer cumplir el derecho internacional y reiterar que la “anexión” de cualquier parte de la Cisjordania ocupada es nula y sin efecto.
Saleh Higazi

La anexión es la reivindicación de la adquisición de un territorio por la fuerza y es una violación flagrante del derecho internacional. Una medida de estas características por parte de Israel violaría la Carta de las Naciones Unidas, las normas de ius cogens del derecho internacional y sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario. La prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza está consagrada como principio fundamental en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU.

Según las leyes nacionales israelíes, las medidas encaminadas a otra “anexión” de territorio palestino serían una continuación de la expansión de los asentamientos israelíes. También consolidarían las políticas de discriminación institucionalizada y las violaciones masivas de derechos humanos que sufre la población palestina en los Territorios Palestinos Ocupados como consecuencia de la ocupación.

Según algunos informes, la propuesta israelí podría incluir hasta el 33% de la superficie total de Cisjordania.

Recientemente, decenas de especialistas de la ONU expresaron su preocupación por que la propuesta de plan de anexión crearía un “apartheid del siglo XXI”.

Asentamientos ilegales

La política de Israel de establecer a su población civil en territorio palestino ocupado y desplazar a la población palestina local sigue siendo contraria a las normas fundamentales del derecho internacional humanitario. El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra establece: “La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”. También prohíbe “[l]os traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado”.

El traslado de civiles de la potencia ocupante al territorio ocupado es un crimen de guerra. Además, los asentamientos y la infraestructura conexa no son temporales, no benefician a la población palestina y no cubren necesidades legítimas en materia de seguridad de la potencia ocupante. Los asentamientos dependen en su totalidad de la apropiación en gran escala y/o la destrucción de propiedades palestinas privadas y públicas que no siempre son militares.

“Los asentamientos se crean con el único fin de establecer de forma permanente a israelíes judíos en tierras ocupadas; esto es un crimen de guerra previsto por el derecho internacional y la ‘anexión’ no afecta a esta determinación legal”, concluyó Saleh Higazi.

Información general:

El 20 de abril, tras las terceras elecciones en Israel en 10 meses, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su rival político Benny Gantz formaron un gobierno de coalición en virtud de un acuerdo de unidad. El trato incluía un acuerdo que permitiría al gobierno de Israel iniciar el proceso interno de “anexionar” partes de la Cisjordania ocupada que incluyen los asentamientos israelíes y la zona del valle del Jordán. Los planes de “anexión” israelíes siguen al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de lo que se conoce como “acuerdo del siglo”, en enero de 2020, que proponía que Israel anexionara partes de la Cisjordania ocupada.

Amnistía Internacional ha dejado claro que el plan de la administración Trump únicamente empeoraría las violaciones de derechos humanos y consagraría la arraigada impunidad que alimenta décadas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos.

La comunidad internacional debe rechazar también el llamado “acuerdo del siglo” y cualquier otra propuesta que trate de menoscabar los derechos inalienables de la población palestina, incluido el derecho al retorno de los refugiados palestinos y palestinas. Amnistía pide también a los gobiernos que presten todo su apoyo político y práctico a la Corte Penal Internacional en su decisión sobre su jurisdicción sobre la “situación en Palestina”.