Según ha declarado Yasmine Ahmed, directora general de Impacto Regional en Derechos Humanos Senior de Amnistía Internacional en reacción a la sentencia condenatoria y la pena de 10 años de prisión dictadas hoy por el Tribunal Antiterrorista de Islamabad contra Imaan Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha:
“Estas condenas evidencian el fracaso del sistema de justicia de Pakistán. No solo se juzgaba a Imaan y Hadi, sino que también se ponía a prueba la capacidad del poder judicial para respetar los principios de la justicia y el derecho a un juicio justo. Y no ha estado a la altura en absoluto. Está claro que estos cargos de “terrorismo” se están utilizando para castigar a Imaan y Hadi por su labor de defensa de los derechos humanos”.
“A Imaan y Hadi se les ha denegado sistemáticamente el derecho a un juicio público y justo. En un primer momento, se les impidió asistir al juicio en persona. Posteriormente, las vistas se trasladaron al recinto penitenciario donde permanecían recluidos y, durante las sesiones, se les mantuvo tras una estructura similar a una jaula.
Está claro que estos cargos de ‘terrorismo’ se están utilizando para castigar a Imaan y Hadi por su labor de defensa de los derechos humanos.
Yasmine Ahmed, directora general de Impacto Regional en Derechos Humanos
“Imaan y Hadi son objeto de persecución únicamente por negarse a abandonar su valiente labor de defensa de los derechos humanos y por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La instrumentalización de la legislación antiterrorista para perseguir la disidencia se ha convertido en una práctica habitual en Pakistán. Esta injusticia no puede continuar: instamos a las autoridades a que pongan en libertad de inmediato a Imaan y Hadi y retiren todos los cargos que pesan contra ellos.”
Información complementaria
Imaan Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha son abogados de derechos humanos que representan a activistas y comunidades marginadas que son víctimas de desapariciones forzadas, de acusaciones injustas por parte del Estado y de la aplicación de la legislación paquistaní sobre la blasfemia. El 24 de enero de 2026 fueron condenados a penas de entre 10 y 17 años de prisión en virtud de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos, por publicar en redes sociales mensajes en los que criticaban al ejército y expresaban su solidaridad con activistas baluchis y pastunes. El 17 de septiembre, el Tribunal Supremo de Pakistán suspendió sus condenas y les concedió la libertad bajo fianza. Sin embargo, ese mismo día volvieron a ser detenidos en virtud de cargos relacionados con la legislación antiterrorista, antes de que pudieran quedar en libertad. Se les acusó de corear “consignas contra el gobierno” y de presuntos “bloqueos de carreteras” durante una protesta pacífica de activistas baluchis celebrada en marzo de 2025. Sus solicitudes de libertad bajo fianza en relación con este caso siguen pendientes. No obstante, se inició un proceso judicial independiente en virtud de la Ley Antiterrorista en relación con un caso sobre la presunta retirada de barreras de seguridad durante un partido de críquet celebrado en 2024.
Organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la abogacía y organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la independencia del poder judicial de Pakistán, especialmente a raíz de las recientes enmiendas constitucionales vigesimosexta y vigesimoséptima. Hace un año, dos magistrados del Tribunal Supremo y un juez de un tribunal superior dimitieron en señal de protesta tras la aprobación de la vigesimoséptima enmienda. Ayer, un juez del Tribunal Superior de Lahore presentó su dimisión alegando injerencias del poder ejecutivo en las funciones judiciales.