Los intentos de Trump de acabar con el asilo, un ataque en toda regla contra los derechos humanos

De Erika Guevara-Rosas, Americas director at Amnesty International

El año 2019 fue profundamente preocupante para los derechos humanos en las Américas, tal como demuestra hoy Amnistía Internacional en su informe anual regional. Personas que protestaban en Venezuela, Honduras, Haití y Chile sufrieron una represión brutal por parte del Estado, mientras Latinoamérica fue una vez más la región más letal del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos. La violencia de género siguió siendo un fenómeno generalizado y la degradación ambiental continuó en ascenso, mientras la Casa Blanca iniciaba el proceso formal para retirarse del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la desatención del gobierno de Brasil agrava la destrucción de la Amazonia.  

El presidente Donald Trump ha atacado de manera constante los derechos humanos, pero pocas de sus políticas han tenido efectos tan devastadores en la región como su desmantelamiento sistemático del sistema de asilo estadounidense. Mientras decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas buscaban seguridad en Estados Unidos el año pasado debido a la violencia generalizada en Centroamérica y otras regiones, la administración Trump implementó políticas cada vez más draconianas que aniquilaron su acceso al asilo, incluso empujando a esas personas a condiciones peligrosas y reescribiendo radicalmente la definición de asilo para excluir prácticamente a todas las personas de ese derecho. 

Aunque todos los países tienen la prerrogativa de controlar sus fronteras, deben hacerlo en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derecho humanos.

Tras amenazar a México con nuevos aranceles comerciales, Estados Unidos obligó al país vecino a acoger a más de 59.000 solicitantes de asilo —incluidos 16.000 niños y niñas— en virtud de los falsamente denominados Protocolos de Protección a Migrantes, también conocidos como plan “Permanecer en México”. Las ciudades fronterizas de México —donde las personas solicitantes de asilo deben esperar durante meses o incluso años para que se tramiten sus solicitudes en Estados Unidos— son conocidas por su peligrosidad, y son el epicentro de bandas que se aprovechan de quienes buscan seguridad. No son lugares seguros para enviar a esas personas. 

Pese a haber prometido previamente que no haría el “trabajo sucio” de otro gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la presión de Estados Unidos desplegando tropas de su nueva Guardia Nacional para impedir que las personas que llegan de Centroamérica lleguen a la frontera de Estados Unidos. México se ha convertido en la práctica en el muro de Trump, ya que sus autoridades migratorias detuvieron a 186.750 personas migrantes y deportaron a 123.239 el año pasado. Entre las personas detenidas había 52.000 niños y niñas cuya reclusión vulnera la legislación nacional. 

La Casa Blanca forzó de igual modo a Guatemala, El Salvador y Honduras a firmar acuerdos equívocos de “tercer país seguro”, en virtud de los cuales las autoridades de Estados Unidos han deportado ya a Guatemala a cientos de solicitantes de asilo, a los que han devuelto a la misma región de la que habían huido. También ha implementado nuevos programas de deportación rápida que prescinden de las garantías procesales que deben concurrir para que los procesos de asilo sean justos. Estas políticas violan el derecho a solicitar asilo y ponen a las personas en situaciones de riesgo potencial de sufrir violencia en tres de los países más violentos de la región. 

La administración Trump ha menoscabado también los intentos de combatir la corrupción y la impunidad galopantes en Centroamérica —y reducido en millones de dólares la ayuda destinada a abordar esos problemas—, agravando de este modo las condiciones que impulsan a las personas a buscar seguridad en Estados Unidos. Después de intensas gestiones de captación de apoyos del gobierno de Guatemala el pasado verano, la Casa Blanca se mantuvo al margen cuando el presidente saliente, Jimmy Morales, clausuró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo respaldado por las Naciones Unidas que lo investigaba por haber recibido presuntamente fondos ilegales para su campaña. 

El gobierno de Estados Unidos volvió a mirar hacia otro lado en enero, cuando la administración del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no prorrogó el mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, otra institución vital que había encontrado resistencia en el ámbito local tras destapar el uso indebido de fondos públicos por parte de legisladores hondureños. Estados Unidos había apoyado previamente estas iniciativas innovadoras que constituían un modelo muy necesario para hacer frente a la corrupción política que alimenta la inestabilidad regional. Al aprobar tácitamente su cierre, la administración Trump ha perjudicado gravemente los intentos de mejorar la administración de justicia y la protección de los derechos humanos en la región. 

Pese a tantos reveses, seguimos teniendo motivos para ser optimistas. Me resultó sumamente inspirador conocer, el mes de julio pasado, a valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que proporcionan alimentos, refugio y asistencia jurídica en la frontera Tijuana-San Diego. Este trabajo no es fácil. Tal como Amnistía Internacional ha documentado, el gobierno de Estados Unidos, a menudo con el apoyo de las autoridades mexicanas, ha llevado a cabo una campaña ilegítima y discriminatoria de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra activistas, profesionales de la abogacía, periodistas y personal de voluntariado humanitario que defienden los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. 

Sean cuales sean los desafíos a los que nos enfrentemos, seguiremos defendiendo los derechos humanos.

Uno de los casos más graves que documentamos fue el del Dr. Scott Warren, defensor de los derechos humanos y voluntario en tareas humanitarias de la organización No More Deaths/No Más Muertes, que podía haber sido condenado a un máximo de 20 años de prisión por cargos infundados de dar refugio y conspirar para transportar a dos migrantes. Su presunto delito fue simplemente darles agua, alimentos y asistencia médica en el mortífero desierto que rodea el lugar donde vive en Arizona. La justicia prevaleció finalmente y el Dr. Warren fue absuelto en noviembre, tras un juicio nulo celebrado en junio. 

Otra victoria para los derechos humanos ha tenido lugar este mes, cuando un juez federal revocó la sentencia condenatoria dictada contra otras cuatro personas voluntarias de No More Deaths/No Más Muertes por cargos semejantes. Estas muestras de valentía y altruismo nos infunden esperanza respecto a lo que podemos lograr en 2020 y después. Nos recuerda que no hay que abandonar nunca los valores de bondad, empatía y humanidad. Sean cuales sean los desafíos a los que nos enfrentemos, seguiremos defendiendo los derechos humanos.