Empresas de armas se esconden detrás de los gobiernos: es hora de exigir que rindan cuentas

Patrick Wilcken, investigador sobre Control de Armas de Amnistía Internacional

Esta semana se celebra en Londres (Reino Unido) una de ferias de armamento más importantes del mundo. Unas 1.000 empresas de armas se instalarán en DSEI (Defence and Security Equipment International) para vender de todo, desde drones que matan hasta tanques y gas lacrimógeno. Entre los invitados oficiales hay representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Egipto.

En los últimos años se ha ejercido presión sobre los gobiernos para que reconsideren sus irresponsables acuerdos comerciales sobre armas. Varios países han suspendido total o parcialmente las ventas de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos por las violaciones de derechos humanos en Yemen, y Reino Unido deberá responder ante los tribunales por la continuidad de sus exportaciones a esos países.

A menudo es posible seguir el rastro de las armas utilizadas en ataques contra civiles hasta empresas concretas.

Pero hasta ahora, las empresas de armas no han sido objeto del mismo nivel de escrutinio, aunque a menudo es posible seguir el rastro de las armas utilizadas en ataques contra civiles hasta empresas concretas. Por ejemplo, la empresa francesa Renault Trucks (ahora Arquus) exportó más de 200 vehículos blindados para las fuerzas de seguridad egipcias durante el periodo más sangriento de las revueltas recientes en el país. Una gran cantidad de documentos videográficos y fotográficos analizados por Amnistía muestra el uso de estos vehículos por las fuerzas de seguridad para dispersar de forma violenta protestas y aplastar la disidencia.

En Yemen, personal de investigación de Amnistía analizó restos de armas en el escenario de un ataque aéreo llevado a cabo en 2017 por las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en Saná, en el que murieron 16 civiles, y determinó que habían sido fabricadas por el gigante de defensa estadounidense Raytheon. Otra investigación de Amnistía determinó que la empresa estadounidense Lockheed Martin había fabricado la bomba utilizada en un ataque aéreo en el que murieron tres miembros de una familia en su casa de la gobernación de Taiz, en Yemen, en enero de 2018.

Estas empresas no tomaron la decisión de lanzar esas bombas, pero esto no significa que puedan lavarse las manos de toda responsabilidad.

Naturalmente, estas empresas no tomaron la decisión de lanzar esas bombas o desplegar esos tanques. Pero esto no significa que puedan lavarse las manos de toda responsabilidad. Como todas las empresas, las compañías que operan en el sector de la defensa tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos allí donde operen, con independencia de los marcos normativos de los Estados. Esto significa aplicar la diligencia debida para evaluar y abordar los riesgos en materia de derechos humanos y los abusos relacionados con su negocio, lo que incluye la manera en que clientes como los ejércitos y las fuerzas de policía nacionales utilizan su armamento.

Amnistía Internacional contactó recientemente con 22 empresas de armas y les preguntó cómo gestionan los riesgos para los derechos humanos vinculados al uso indebido de sus productos. Ninguna de estas empresas pudo explicar adecuadamente cómo cumplen con las responsabilidades que les imponen normas internacionales como los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU. La mayoría ni siquiera pareció reconocer que tenían responsabilidades en relación con los derechos humanos y parecía pensar que bastaba con cumplir las leyes de los Estados que regulan exportaciones y licencias.

Por ejemplo, la empresa francesa Thales afirmó que “una vez entregadas a un cliente, nuestra empresa no tiene ningún control en absoluto sobre el uso —o uso indebido— que pueda hacerse de nuestras tecnologías”.

Respondiendo a preguntas relativas a las ventas de armas a Arabia Saudí, la empresa BAE Systems, con sede en Reino Unido, respondió: “Nuestras actividades en Arabia Saudí están sujetas a la aprobación y supervisión del gobierno británico”.

Cuando preguntamos a Raytheon qué medidas había tomado para investigar y reaccionar al incidente de Saná, la empresa afirmó: “Debido a restricciones legales y cuestiones de relación con el cliente [...] Raytheon no facilita información sobre sus productos, clientes o asuntos operativos”. La empresa añadió que el material militar y de seguridad es sometido a una revisión gubernamental que incluye la “consideración del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional”.

Otras empresas —Rolls-Royce, Lockheed Martin, Saab y Airbus, todas las cuales comercian con la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— se limitaron a hacer hincapié en que están obligadas por decisiones gubernamentales en materia de licencias que tienen en cuenta los riesgos en materia de derechos humanos.

Esta falta de responsabilidad y de rendición de cuentas por parte de las empresas se prolonga desde hace demasiado tiempo.

No respondieron a las peticiones de información de Amnistía 14 empresas, entre ellas la exportadora de armas rusa Rosoboronexport, que ha suministrado material militar a las fuerzas armadas sirias, acusadas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Esta falta de responsabilidad y de rendición de cuentas de las empresas se prolonga desde hace demasiado tiempo. Con independencia del papel del Estado, las empresas toman al más alto nivel organizativo decisiones de optar a estos contratos de alto riesgo, y deben asumir la responsabilidad de esas decisiones y sus consecuencias.

No actuar con la adecuada diligencia debida podría exponer a las empresas de armas a enjuiciamiento por complicidad en crímenes de guerra.

El concepto jurídico de “complicidad empresarial” en crímenes internacionales continúa evolucionando y en el futuro podría aplicarse a las empresas de armas que continúen suministrando armas a sabiendas de que pueden ser utilizadas en violaciones del derecho internacional. Esto significa que el hecho de no actuar con la adecuada diligencia debida podría exponer a las empresas de armas a enjuiciamiento por complicidad en crímenes de guerra.

Cada vez que la feria DSEI llega a Londres, cientos de manifestantes salen a las calles, indignados por que el gobierno de Reino Unido siga extendiendo la alfombra roja para Estados que usan armas para cometer violaciones graves de derechos humanos. Esta clase de activismo está cada vez más extendida; en mayo, por ejemplo, trabajadores portuarios de toda Europa impidieron que se cargaran envíos de armas con destino a Arabia Saudí. Al tiempo que aumenta la conciencia sobre el papel que desempeña el comercio de armas en las violaciones graves de derechos humanos, también lo hace la reacción pública y legal. Las empresas de armas no podrán esconderse en las sombras eternamente.