El valor de poner fin al estado de excepción en Francia

De Camille Blanc, (Amnesty International France) and Bénédicte Jeannerod (Human Rights Watch)

El estado de excepción de Francia se ha renovado ya cuatro veces en el último año. Durante ese periodo, se ha sometido a personas a arresto domiciliario, se las ha detenido para ser interrogadas, se les ha prohibido asistir a manifestaciones y se han registrado sus domicilios, todo ello sin acceso a un resarcimiento judicial.

Durante ese periodo, la retórica del miedo ha dominado el debate público, acallando las preguntas y las críticas. Los políticos franceses han respaldado sin reservas la normalización de estas disposiciones excepcionales.

Aunque su obligación es tomar las medidas necesarias para proteger a la población francesa, los líderes también tienen la responsabilidad de garantizar que el estado de excepción no se convierte en la norma.
Camille Blanc y Bénédicte Jeannerod

No obstante, ha habido expresiones de preocupación y condena, tanto en el ámbito nacional como en el internacional: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Defensor de los Derechos, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y expertos independientes de la ONU han advertido a las autoridades francesas de los riesgos y consecuencias de un estado de excepción duradero.

La sociedad civil se ha hecho oír en múltiples ocasiones. Asociaciones ciudadanas, abogados y abogadas, jueces y juezas, defensores y defensoras de los derechos humanos, asociaciones de vecinos y sindicatos han hecho preguntas y críticas, así como advertencias, basándose en sus estudios y en su trabajo sobre el terreno, dado que este estado de excepción ha superado con creces el marco, ya frágil, en el que se decretó.

Según cifras del Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad han realizado 4.292 registros de viviendas, 612 arrestos domiciliarios y 1.657 controles de identidad y registros de vehículos que han desembocado en 20 investigaciones judiciales por “asociación delictiva en relación con un acto terrorista”.

Aun así, paralelamente, entre noviembre de 2015 y julio de 2016, la unidad antiterrorista de la fiscalía abrió 96 investigaciones judiciales por delitos similares, dentro del contexto de sus atribuciones habituales. Así pues, ¿dónde está la necesidad de la excepción a este marco?

Hay serias dudas sobre la eficacia de un estado de excepción continuado, por no hablar de las consecuencias muy reales que tienen estas medidas en la vida de las personas afectadas. Miles de mujeres, hombres y menores de edad han sido sometidos a traumáticos registros domiciliarios, y 612 personas han sido recluidas en sus casas, sin que se presentaran cargos por actos terroristas. Se ha impedido manifestarse a centenares de personas y se han prohibido decenas de protestas.

El valor no consiste en refugiarse detrás de señuelos de seguridad, sino en reafirmar los principios fundamentales del estado de derecho.
Camille Blanc y Bénédicte Jeannerod

Aunque su obligación es tomar las medidas necesarias para proteger a la población francesa, los líderes también tienen la responsabilidad de garantizar que el estado de excepción no se convierte en la norma y de cuestionar la necesidad de su renovación. Parece que ha triunfado la política del miedo sobre la política de la razón. Y este miedo ha provocado ceguera y falta de valor político.

Porque el valor no consiste en refugiarse sistemáticamente detrás de señuelos de seguridad. El valor consiste en reafirmar los principios fundamentales del estado de derecho en la guerra contra el terror, y esto incluye la necesidad de un control real por parte del sistema de justicia. El valor consiste en ser capaz de decir “no” cuando surja la tentación de actuar arbitrariamente en respuesta a los temores legítimos de la población.

El valor consiste en elegir a veces no sólo el camino más difícil y exigente, sino un camino que también sea congruente. Porque es imposible defender el estado de derecho renunciando a él.

En el último año, el sistema penal francés se endurecía al mismo tiempo que se debilitaban los mecanismos de control.

¿Abandonarán de nuevo los políticos franceses principios fundamentales como la presunción de inocencia, la separación de poderes, el derecho a un juicio justo, el derecho a estar protegido de la discriminación, en nombre de la seguridad? ¿Arriesgarán de nuevo los diputados y diputadas que se debilite el estado de derecho en nombre de un acuerdo peligroso y de la supuesta eficacia?

Este estado de excepción en curso nos está conduciendo a una espiral terrible.

Es hora de que los diputados y las diputadas franceses digan: “basta ya”. Es precisamente en épocas de dificultad cuando se reconoce a los políticos y las políticas valientes.

El estado de derecho se construye todos y cada uno de los días sobre la base de un sistema de justicia que, como garante de los derechos y obligaciones de todos, anticipa, investiga y enjuicia.

Este sistema de justicia protege a las víctimas y les ofrece justicia. Este sistema de justicia nos protege a todos de los actos arbitrarios.

Este artículo se publicó por primera vez en Liberation.