Por Sherif Elsayed-Ali, director adjunto del Programa sobre Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional
Las preguntas fueron rápidas y directas ayer, en el arranque del Foro de Internet de Estocolmo 2014 (#SIF14).
Dado que el tema de la conferencia del este año es “Internet: privacidad, transparencia, vigilancia y control”, ¿por qué no se ha invitado a Edward Snowden? La respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco –que las plazas eran limitadas y que tenían que garantizar la diversidad de género– no ha satisfecho a los asistentes, a juzgar por los comentarios que se hacen en Twitter y en los pasillos.
Una de las cosas más sorprendentes que han ocurrido desde que Edward Snowden comenzó a hacer sus revelaciones hace casi un año es que no se ha desvelado nada importante sobre las prácticas de vigilancia de otras partes del mundo. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) de Reino Unido y el resto de las agencias de espionaje de la “Alianza de los Cinco Ojos” no pueden ser las únicas que hacen vigilancia en gran escala, pero apenas sabemos nada de las prácticas de otros países. Este hecho no hace más que poner de manifiesto los increíbles riesgos que entraña sacar a la luz las prácticas ilegales de las agencias de seguridad, incluso en países que se consideran democráticos.
La “seguridad nacional” es una de las principales excusas de los gobiernos para restringir los derechos humanos en Internet o en otras partes. Es posible que sea legítimo limitar determinados derechos, incluida la privacidad, pero debe hacerse respetando estrictamente los principios de necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, lo cierto es que es muy habitual recurrir indebidamente a la seguridad nacional y utilizarla como pretexto para cometer todo tipo de violaciones de derechos humanos, desde tortura hasta detención arbitraria, pasando por la represión de las opiniones disidentes. En cuanto a las agencias de espionaje, lo que hacen es traer a colación la “seguridad nacional”. Se recurre a leyes secretas, a la criminalización de la revelación de información y a la intimidación para reprimir los intentos de sacar a la luz los excesos de las agencias de seguridad. Y, por supuesto, en todo el mundo se recurre a la seguridad nacional para justificar la vigilancia indiscriminada y en gran escala que llevan a cabo las agencias de espionaje.
Edward Snowden sacó a luz un programa de vigilancia ilegal, que viola la privacidad de millones de personas de todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra él en virtud de la Ley de Espionaje, de acuerdo con la cual no se puede presentar como eximente la denuncia de irregularidades por interés público. Si es juzgado y declarado culpable, podrían imponerle una pena de hasta 10 años de prisión por cargo. Tal condena constituiría persecución de un denunciante que ha sacado a la luz violaciones masivas de derechos humanos a escala global.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unido no se ha quedado ahí. Durante un año ha ejercido su influencia política para presionar a varios gobiernos a fin de que impidan a Snowden entrar en su países e incluso cruzar su espacio aéreo. Debido a ello, el denunciante vive en Rusia, donde le han concedido temporalmente asilo, y varios gobiernos europeos han bloqueado las iniciativas tomadas incluso por parlamentarios para invitarlo a hablar en sus países.
Los detractores que critican sus revelaciones hacen caso omiso del sumo secreto con que se han desarrollado los programas de vigilancia durante años. Sin denunciantes como Edward Snowden, los excesos de las agencias de seguridad, en particular las agencias de espionaje, continuarán ocultos. De este modo, las autoridades gubernamentales que los consienten no tendrán que rendir cuentas.
Esa es la razón de que la protección de los denunciantes sea esencial para el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Quienes denuncien corrupción y violaciones de derechos humanos cometidas por agencias gubernamentales han poder revelar la verdad a la sociedad sin temor a sufrir represalias o sanciones penales. No por ello se resta legitimidad a la preocupación por la seguridad pública. Los Principios de Tshwane establecen un equilibrio entre las acciones de gobierno legítimas, los derechos humanos y la denuncia de irregularidades. Elaborados por 22 organizaciones nacionales y globales en consulta con 500 expertos de 70 países, pueden servir de conjunto de principios rectores a los gobiernos.
Se nos dice una y otra vez que no cabe esperar tener privacidad en Internet. Los gobiernos que quieren espiar a sus propios ciudadanos y las empresas que se lucran con nuestros datos quieren hacérnoslo creer y que lo aceptemos.
Pero no debemos creerlo. La privacidad es una de las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y puede hacerse respetar jurídicamente en la mayor parte del mundo. Debemos hacer rendir cuentas a los gobiernos si violan nuestra privacidad y para ello necesitamos a los denunciantes.