Desalojo forzoso de otras 160 familias en Camboya

Otras 160 familias de Camboya van a ser desalojadas por la fuerza de sus hogares sin que se les proporcione una vivienda adecuada ni una indemnización justa.

Dos comunidades de la capital camboyana, Phnom Penh, ribereñas del lago Boeung Kak recibieron el pasado lunes una notificación oficial en la que se les comunicaba que tenían siete días para desmantelar las casas. Está previsto que una empresa privada reurbanice la zona para darle un uso turístico y comercial.

Alrededor de 4.200 personas que viven a orillas del lago o en sus alrededores, en el centro de Phnom Penh, se van a ver afectadas por este proyecto de reurbanización, que es el resultado de un acuerdo de 2007 entre el ayuntamiento y una empresa privada. Ésta comenzó a llenar el lago de arena en agosto de 2008 para preparar las obras de construcción.

El acuerdo se alcanzó sin consultar previamente con las familias afectadas, que desde que se enteraron de él han organizado reiteradas manifestaciones de protesta y expresado su preocupación por el proyecto. Al menos dos habitantes de la zona han sido detenidos por manifestarse pacíficamente.

Los trabajadores de la empresa y las fuerzas de seguridad han sometido a intimidaciones y hostigamiento a muchos otros miembros de las comunidades, y el aumento del nivel del agua a causa de la desecación del lago ha causado inundaciones y destruido muchas viviendas ribereñas, cuyos habitantes se han visto obligados a marcharse de allí.

En la notificación, firmada por el gobernador del distrito de Daun Penh, se ofrecen a los miembros de las comunidades, conocidas como Pueblo 2 y Pueblo 4, tres opciones: una indemnización de 8.000 dólares estadounidenses, más una suma adicional de 2 millones de rieles (unos 500 dólares estadounidenses) para cubrir el coste del desmantelamiento de las casas; un piso en una zona de reasentamiento situada a unos 20 kilómetros de distancia, más 2 millones de rieles, o una nueva vivienda en Boeung Kak tras un realojo temporal.

La zona de reasentamiento, situada en Damnak Trayoeung, no ofrece condiciones de alojamiento, agua, electricidad, servicios sanitarios, alcantarillado, centros de salud ni oportunidades de trabajo adecuados.

El ofrecimiento de una vivienda en la misma zona es una opción positiva, pues demuestra que las autoridades están buscando alternativas al desalojo. Es la opción que prefieren la mayoría de las 160 familias.

Sin embargo, según la notificación, las familias tienen que desmantelar sus hogares en el plazo de siete días y acceder a su realojo en otro lugar, lejos de sus lugares de trabajo y centros de enseñanza, durante un periodo indefinido y sin garantías de que tendrán luego seguridad de tenencia en Boeung Kak.

El mes pasado, las fuerzas de seguridad desalojaron de sus hogares a 60 familias pobres en una zona del centro de Phnom Penh denominada Grupo 78. Los habitantes de este lugar llevaban tres años viviendo con la amenaza del desalojo forzoso, sin que las autoridades camboyanas aplicaran ninguna de las salvaguardias que exige el derecho internacional.

El gobierno camboyano ha dado constantes muestras de que no garantiza el derecho a una vivienda adecuada ni protege a la población contra los desalojos forzosos. Sólo en 2008 Amnistía Internacional fue informada de alrededor de 27 desalojos forzosos, que se calcula que afectaron a unas 23.000 personas.

Amnistía Internacional reitera sus llamamientos al gobierno para que ponga fin a los desalojos forzosos y declare una suspensión de todos los desalojos masivos hasta que se establezca un marco jurídico que proteja los derechos humanos.

La organización ha instado a las autoridades camboyanas a que detengan de inmediato todo plan de desalojo forzoso de las familias de los Pueblos 2 y 4 de Boeung Kak.

Asimismo, les ha pedido que reconsideren el plan de trasladar a las comunidades a la zona de reasentamiento de Damnak Trayoeung y que hagan una auténtica consulta con ellas sobre los planes de construirles una vivienda en Boeung Kak, en la que, entre otras cosas, se aclare el tiempo que durará su realojo temporal y se garantice su seguridad de tenencia.

Por otro lado, Amnistía Internacional pide a las autoridades que cumplan con las obligaciones contraídas por Camboya en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que prohíben los desalojos forzosos y las violaciones de derechos humanos conexas.