Ante la noticia de que la cámara baja del Parlamento de Argelia ha aprobado hoy las reformas jurídicas que amplían el ámbito de aplicación de la pena de muerte tras más de tres decenios sin una sola ejecución, Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:
“La decisión adoptada hoy por la Asamblea Nacional Popular de Argelia de aprobar estas reformas regresivas del Código Penal supone un tremendo revés para los derechos humanos y es contraria a las obligaciones internacionales de Argelia en materia de derechos humanos.
La votación de la cámara baja del Parlamento tuvo lugar sólo un mes después de los devastadores incendios forestales que arrasaron el noreste de Argelia del 26 al 30 de agosto. A los pocos días, el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, ordenó al ministro de Justicia la reforma del Código Penal del país a fin de ‘restaurar’ la pena de muerte para el delito de incendio provocado y advirtió de que, una vez agotadas las vías de apelación, la persona condenada se enfrentaría a la ejecución. El ministro de Justicia, además, advirtió a la prensa de que se aplicaría la pena de muerte.
Las reformas, aprobadas a toda prisa en el Parlamento en un proceso desprovisto de consultas significativas con las partes interesadas pertinentes, como juristas y ONG de derechos humanos, introducen la pena de muerte para actos de definición imprecisa tales como instigar, promover o facilitar un incendio provocado, incluso en redes sociales, y por secuestrar, torturar y agredir sexualmente a menores de edad.
Es sumamente alarmante que las autoridades argelinas estén actuando tan deprisa para cumplir sus planes de ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital. Este peligroso retroceso, sumado a la amenaza de reanudar las ejecuciones por primera vez en más de 30 años, contradice el apoyo constante de Argelia a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU en favor de una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte y es contrario a la tendencia global hacia su abolición.
Los legisladores y legisladoras argelinos deben rechazar las enmiendas al Código Penal en la próxima votación del Consejo de la Nación —la cámara alta del Parlamento— y detener todos los planes de ampliar el uso de la pena de muerte en Argelia.
Aunque los devastadores incendios forestales requieren investigaciones exhaustivas y rendición de cuentas, la trágica pérdida de vidas que causaron no puede servir para justificar más pérdida de vidas. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y un atentado contra el derecho a la vida. En lugar de ampliar su aplicación, las autoridades argelinas deben declarar una suspensión oficial de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte.
La respuesta de Argelia a los incendios descontrolados debe garantizar que se respeta el derecho a un recurso efectivo, lo que incluye proporcionar garantías de no repetición. Aunque las autoridades han anunciado indemnizaciones a las víctimas y planes para dotar de más recursos al servicio de bomberos, aún no han dado a conocer el número total de víctimas de los incendios y las autoridades se han centrado en señalar la responsabilidad de presuntos pirómanos y entidades extranjeras antes de que concluyeran las investigaciones judiciales. La verdadera rendición de cuentas debe incluir una investigación exhaustiva de todos los factores que contribuyeron a la pérdida de vidas, incluidos los posibles fallos de las autoridades en la prevención o en los procedimientos de respuesta de emergencia.”
Información complementaria
Según la legislación argelina actual, el incendio provocado conlleva penas de prisión de entre tres años y cadena perpetua, y la pena capital si causa muertes. Aunque Argelia no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1993, los tribunales siguen dictando condenas de muerte, sobre todo por asesinato, y en algunos casos han recurrido a la pena capital en juicios de motivación política. En julio de 2025, las autoridades ya ampliaron el ámbito de aplicación de la pena de muerte para incluir varios delitos relacionados con drogas.
Argelia es Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que restringe el uso de la pena capital a los “más graves delitos” —los que conllevan homicidio intencional— y establece su abolición como un objetivo en los países que aún mantienen este castigo cruel. Los Estados Partes en el PIDCP no deben ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital ni incrementar su uso.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método de ejecución utilizado por el Estado.