Resumen

Las autoridades continuaban restringiendo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Se practicaron detenciones arbitrarias, se celebraron juicios sin garantías basados en cargos de terrorismo y otras acusaciones infundadas y se impusieron prohibiciones de viajar para castigar la disidencia pacífica. Se obstaculizó la actividad de los sindicatos y de los partidos políticos y se dificultó la celebración de reuniones pacíficas. Se adoptó un nuevo Código de Procedimiento Penal que socavaba el derecho a un juicio justo e introducía reformas jurídicas que permitían imponer la pena de muerte por delitos de drogas. Argelia retiró una reserva a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y anunció medidas para proteger a las mujeres sobrevivientes de violencia. Las expulsiones colectivas de población migrante negra a Níger alcanzaron un nivel sin precedentes. Hubo avances limitados en la reducción de la quema de gas.