Los derechos de las mujeres y las niñas ocupan un lugar esencial en nuestra labor. Presentamos algunas victorias recientes a las que hemos contribuido junto a la multitud de activistas que han hecho campaña incansablemente para lograr estos resultados.
Contracepción gratuita y una victoria contra el matrimonio forzado en Burkina Faso.
A partir del 1 de junio de 2019, los métodos anticonceptivos y las consultas médicas de planificación familiar serán gratuitas en Burkina Faso. El anuncio del gobierno, en diciembre de 2018, fue una respuesta directa a la petición y el manifiesto de derechos humanos que hicimos en el marco de la campaña Mi Cuerpo Mis Derechos de 2015. La gratuidad de los métodos anticonceptivos significa mucho para mujeres como Korotimi. “A veces no tenemos dinero para pagar los anticonceptivos —afirmó cuando hablamos con ella en 2015—, eso es lo que me hizo tener ocho hijos.” Una vez eliminados esos obstáculos económicos, las mujeres tendrán un mejor acceso al control de natalidad y más posibilidad de decidir sobre sus cuerpos. También en respuesta a las peticiones de Amnistía, Burkina Faso facilitó el enjuiciamiento de los casos de matrimonio forzado al reconocer la legislación actualmente vigente los matrimonios tradicionales (en los que se producen la mayoría de los matrimonios forzados), además de los celebrados por funcionarios del registro civil.
El derecho a abortar en Irlanda
En enero de 2019, los servicios de aborto se abrieron por fin a las mujeres de Irlanda. Esto ocurrió tras un histórico referéndum que tuvo lugar en mayo de 2018 y supuso una enorme victoria para los derechos de las mujeres. El asombroso resultado anuló la prohibición constitucional del aborto, que quedó permitido en las primeras 12 semanas de embarazo y en circunstancias excepcionales. Fue el fruto de muchos años de dedicada labor llevada a cabo por activistas como Amnistía Internacional. En 2015 pusimos en marcha nuestra campaña No es una delincuente. La investigación, el activismo y el trabajo de incidencia que llevamos a cabo contribuyeron a lograr que el gobierno programara el referéndum y promulgara esta nueva ley. Nuestra campaña también abrió espacio para que las mujeres compartieran su experiencia de aborto, lo que ayudó a contrarrestar la vergüenza y el estigma asociados con esta práctica en Irlanda. La campaña fomentó un potente diálogo que contribuyó a catalizar el debate sobre el aborto en Irlanda y, en última instancia, redundó en una mayor protección para las mujeres de este país.
La toxicidad de Twitter resulta perjudicial para el negocio
Con la campaña #ToxicTwitter, que lanzamos en marzo de 2018, mostramos que los abusos online cometidos en esta plataforma tienen graves consecuencias para el derecho a la libertad de expresión de las mujeres, más aún en el caso de las mujeres de color, LGTBI y con otras identidades interseccionales. Tras la publicación de nuestro informe, Twitter introdujo mejoras en su política relativa a las conductas de incitación al odio centrada en la prohibición de los “discursos deshumanizadores” y, por primera vez, publicó información sobre cómo aplica sus propias normas. Fue una respuesta directa a nuestras peticiones. Sin embargo, Twitter no publicó los datos desglosados, así que tomamos las riendas del asunto y pusimos en marcha Patrulla Antitroles, un innovador proyecto de investigación de colaboración colectiva para poner de manifiesto la magnitud y la naturaleza de los abusos online a los que se enfrentan las mujeres. Junto con personas expertas técnicas y con más de 6.500 activistas digitales de más de 150 países, creamos el mayor conjunto de datos colaborativo sobre abusos cometidos online contra las mujeres. Nuestras conclusiones, publicadas en diciembre de 2018, fueron impactantes. Cada 30 segundos se cometían abusos contra una mujer en Twitter. Las mujeres negras tenían un 84% más de probabilidad de recibir tuits ofensivos que las mueres blancas. De nuevo, la toxicidad de Twitter ocupó los titulares de prensa al provocar nuestras conclusiones la caída del precio de sus acciones en cuestión días, lo que acentuó la presión sobre Twitter para abordar nuestras peticiones.
Sentencia histórica sobre la violencia sexual en México
En noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en la causa de 11 mujeres que fueron golpeadas, hostigadas y violadas por miembros de las fuerzas de seguridad de México tras su detención en unas manifestaciones que tuvieron lugar en mayo de 2006. Las autoridades mexicanas habían admitido el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes, pero negaron que fuera una práctica sistémica y culparon a personas concretas por los abusos cometidos. Sin embargo, la Corte se mostró disconforme y responsabilizó al Estado mexicano. La Corte también expresó claramente que la violencia sexual infligida a las mujeres era tortura. Amnistía apoya a estas mujeres desde 2006, cuando documentó los abusos y desencadenó una campaña internacional. La sentencia no es sólo una victoria para ellas, sino que proporciona a otras supervivientes de la violencia de género cometida por las fuerzas de seguridad mexicanas un precedente en el que basarse para sus propias causas.
El consentimiento en Islandia y Suecia
El 1 de julio de 2018, Suecia introdujo una nueva ley en la que se reconocía que el sexo sin consentimiento es violación. Fue un enorme paso adelante para las mujeres de este país, alentado por el movimiento #MeToo/#YoTambién e impulsado por años de trabajo de campaña por parte de las organizaciones de derechos de las mujeres, tales como el movimiento de base FATTA. Amnistía también participó en el logro de este trascendental cambio mediante el monitoreo y la divulgación de los vacíos existentes en las leyes sobre violación de Suecia y otros países nórdicos. Suecia fue el octavo país de Europa Occidental en adoptar legislación basada en el consentimiento, siguiendo los pasos de Islandia. Conforme activistas como Amnistía siguen alzando su voz en favor del “sí”, Dinamarca se dispone a seguir el ejemplo de estos países, y las autoridades de países como Finlandia, Grecia, España, Portugal y Eslovenia también están considerando la posibilidad de realizar cambios de este tipo.