Tras las reiteradas amenazas de acelerar las ejecuciones, en febrero de 2026 las autoridades iraníes han condenado a muerte al menos a ocho individuos. Al menos otros 22, entre los que hay dos menores, corren peligro de ser condenados a la pena capital en juicios acelerados y flagrantemente injustos, empañados por la tortura, por presuntos delitos cometidos durante el levantamiento de enero de 2026.
