En México, el derecho a la protesta ha sido ejercido por las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente para exigir el respeto a sus derechos, incluyendo la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado en los casos de Pueblos Indígenas, al medio ambiente sano, la información y la participación en proyectos con posible afectación al medio ambiente, entre otros. Sin embargo, la criminalización de la protesta es utilizada como parte de una estrategia amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente.
