A lo largo de 2025, los bienes comunes de la humanidad fueron presa de depredadores voraces, de saqueadores brutales a la caza de trofeos injustos. Líderes políticos como Trump, Putin y Netanyahu, entre otros muchos, desplegaron una ofensiva de conquista para lograr el dominio económico y político mediante la destrucción, la represión y la violencia a escala masiva.
Tal como Amnistía Internacional venía advirtiendo desde hacía tiempo, se estaba fraguando un panorama mundial que podía desatar una ferocidad primitiva. Pero en 2025 se echó leña al fuego temerariamente, a medida que bruscos golpes de timón nos alejaban del orden internacional surgido de las cenizas del holocausto y de la destrucción absoluta de las guerras mundiales, que, aun siendo insuficiente, se había ido consolidando lenta y trabajosamente a lo largo de los 80 años anteriores.
En vez de hacer frente a los depredadores, casi todos los gobiernos, incluidos la mayoría de los Estados europeos, prefirieron apaciguarlos. Algunos incluso intentaron imitarlos. Otros se parapetaron tras ellos para protegerse. Sólo unos cuantos optaron por plantarles cara.
Los cortafuegos fueron cayendo uno tras otro. Por complicidad o por silencio frente a los genocidios y los crímenes de lesa humanidad y por la imposición de sanciones severas a quienes se esforzaban por hacer justicia. Así es como se recordará 2025: por sus depredadores y matones, por la utilización de políticas de apaciguamiento destinadas a encubrir flagrantes incumplimientos de obligaciones internacionales, por el derrotismo, por un jugar con fuego por parte de los Estados que amenaza ahora con quemarnos a todos e incendiar también el futuro de las generaciones venideras.
En absoluto una ilusión
Hay quien dirá que en 2025 quedaba ya poco que destruir, que el ahora fallido sistema mundial no servía más que para aumentar el poder del ya poderoso mundo occidental. Hay quien piensa que 2025 simplemente sirvió para disipar una bonita ilusión.
Pero este tipo de discurso distorsiona el relato del orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Olvida el trabajo magistral de generaciones de personal diplomático y activistas de la sociedad civil de todo el mundo que, a menudo en contra de los deseos de agentes mucho más poderosos, contribuyeron a concebir, dar forma y promover ese orden basado en normas, sin dejar jamás de exigir que estuviera a la altura de su propósito declarado.
La adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Genocidio en 1948 y los muchos otros instrumentos normativos sometidos a debate y adoptados en los 80 años siguientes no son una ilusión. Constituyen manifestaciones tangibles de un orden surgido tras la guerra mundial, basado en un sistema multilateral de Estados iguales, enraizado en los derechos humanos universales y consagrado a evitar que las atrocidades del pasado pudieran repetirse.
Bien sabemos que las promesas del sistema no se han cumplido, pero no corresponde a quien incumplió una promesa tacharla de fantasía.
Además, ese sistema nunca fue patrimonio exclusivo de los poderosos. En sus orígenes, las naciones pequeñas superaban a las grandes. Fueron ellas las que aseguraron que en la Declaración Universal se prometiera a todas personas el respeto “universal” de los derechos humanos, sin “distinción” y en pie de igualdad entre hombres y mujeres. En los años posteriores, numerosas luchas anticoloniales y movimientos de emancipación se nutrieron de esas mismas afirmaciones y adquirieron así más legitimidad, a menudo en contra de los deseos de Europa. Fueron los nuevos Estados de África, el Caribe, Latinoamérica y Asia los que, junto con la sociedad civil del mundo entero y contra la voluntad de Estados Unidos, impulsaron el desarrollo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Bajo la influencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos, durante los últimos 80 años se han producido profundas transformaciones positivas en nuestro mundo. Se ha tendido a garantizar mayor justicia, a abordar los desequilibrios de poder entre Estados y a reconocer y proteger los derechos de los pueblos racializados e indígenas, de las mujeres y de las personas LGBTI, consagrando en las legislaciones nacionales compromisos universales sobre la igualdad sustantiva, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos laborales, por mencionar sólo algunos avances.
Así que no nos equivoquemos: el anuncio del fin del orden internacional basado en normas resulta exagerado. Los avisos de defunción no se emiten porque el sistema no funcione, sea ineficiente o demasiado lento, sino porque no sirve a los intereses de quienes ostentan el poder político y económico ni a los de quienes han optado por el apaciguamiento. Ahora quieren hacernos creer que todo era una quimera, una ficción reconfortante que ha agotado su razón de ser.
Hay que resistirse a ello defendiendo las salvaguardias normativas, deteniendo los peores ataques contra el orden basado en normas de 1948 y transformando ese orden de manera que puedan mantenerse y cumplirse mejor sus promesas.
Esta resistencia no significa limitarse a encubrir el indignante doble rasero con que este orden ha venido aplicándose, ni restar importancia a su ineficacia o incluso parálisis. Tampoco pasa por hacer caso omiso de los numerosos incumplimientos de su promesa de universalidad, que han privado de protección a millones de personas, entre ellas las víctimas palestinas del genocidio, el apartheid y la ocupación israelíes, las mujeres afganas, cuyo país se ha convertido en una prisión al aire libre, o el gran número de manifestantes iraníes que, a principios de 2026, perdieron la vida en masacres que probablemente constituyan el mayor homicidio masivo de la historia reciente de Irán.
Del mismo modo, oponer resistencia a los ataques de Donald Trump o Vladimir Putin al orden basado en normas no implica aceptar la visión de China; porque China también ha rechazado sistemáticamente los derechos humanos universales y la vigilancia del cumplimiento de los tratados mundiales. Puede que la búsqueda de hegemonía de China adopte una forma distinta y se realice por otros medios, pero sus resultados son los mismos: desigualdad y represión.
¿Un nuevo orden en ciernes?
¿Cuál es la alternativa que se nos brinda frente al experimento global imperfecto iniciado en 1948? Es el menoscabo del derecho penal internacional, los ataques a la Corte Penal Internacional (CPI), la retirada de tratados internacionales y el abandono de organismos de la ONU. Tras paralizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante un abuso inadmisible de su poder de veto, los depredadores afirman ahora que los mecanismos de paz y seguridad no funcionan, y pretenden sustituirlos por otros que les convienen más.
El orden mundial de los depredadores da la espalda a la justicia racial y de género, se mofa de los derechos de las mujeres, declara a la sociedad civil enemigo común y rechaza la solidaridad internacional. Promueve un aumento sin precedentes del gasto militar, hace posibles las transferencias ilícitas de armas e impone enormes recortes presupuestarios a la ayuda internacional que amenazan con causar millones de muertes evitables y diezman la actividad de miles de organizaciones que trabajan por los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos o la libertad de prensa.
Este mundo alternativo depredador silencia la disidencia y reprime las protestas, se vale de una retórica deshumanizadora y facilita la comisión de crímenes de odio y la instrumentalización del Derecho. No se basa en el respeto de nuestra humanidad común, sino en la supremacía comercial y la hegemonía tecnológica.
A comienzos de 2026, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió la visión de ese nuevo orden como una alianza occidental de pueblos cristianos, liderada por Estados Unidos y arraigada con orgullo y sin complejos en una herencia común, presentada en términos románticos a lo largo de su discurso. Pero las palabras no pueden ocultar los hechos: la historia evocada por Marco Rubio es también una historia de dominación, colonialismo, esclavitud y genocidio.
En ese sistema “nuevo” pero que tan bien conocemos ya, los depredadores y quienes los apaciguan reprenden, disuaden y persiguen a quienes propugnan la igualdad entre los Estados y dentro de ellos. En ese sistema se hace mofa de la reparación de las injusticias del pasado. Rige la guerra, no la diplomacia —el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza continúa, a pesar del denominado “alto el fuego”—; los crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia en Ucrania se intensifican; Estados Unidos lleva a cabo homicidios extrajudiciales extraterritoriales y ataques ilícitos contra Venezuela e Irán y amenaza con tomar Groenlandia; en Myanmar, República Democrática del Congo y Sudán continúan cometiéndose crímenes de manera incontrolada, y la población de Oriente Medio está sumida de nuevo en un caos que amenaza con abarcar cada vez más países.
Es una visión de hegemonía pura y dura, de un mundo sin brújula moral.
¿Cambio de rumbo en 2026?
Son pocos los Estados que han tenido el valor de alzar la voz contra el estruendo de los cañones que silencia la diplomacia. Algunos ingresaron en el Grupo de La Haya, el bloque de Estados que propugna la adopción coordinada de medidas jurídicas y diplomáticas en defensa del derecho internacional y la solidaridad con el pueblo palestino. Otros coadyuvaron a la denuncia de genocidio formulada por Sudáfrica contra Israel. Canadá instó a las potencias medias a agruparse para invertir en resiliencia colectiva. Unos pocos, como España, han denunciado sistemáticamente el desmantelamiento de las salvaguardias normativas.
A comienzos de 2026, algunos Estados europeos parecieron evaluar mejor los riesgos y se negaron a participar en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, comprometiéndose a proteger la soberanía estratégica, pero, como la Unión Europea, no llegaron a reafirmar la primacía del derecho internacional y los derechos universales.
Determinación de defender las normas globales
El temor a sufrir represalias por alzar la voz contra los poderosos es palpable en todo el mundo. Pero a lo largo de 2025 también hubo muchas muestras de que los gobiernos seguían construyendo el presuntamente “ilusorio” orden internacional basado en normas, así como de la determinación generalizada de la sociedad civil de defender y promover las normas globales.
El Consejo de Europa estableció el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. La CPI dictó sendas órdenes de detención contra dos líderes talibanes por el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género e hizo públicas las emitidas contra nacionales de Libia por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. En República Centroafricana, un tribunal penal híbrido dictó sentencia condenatoria contra seis exmiembros de un grupo armado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo de investigación independiente para Afganistán. Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, fue entregado a la CPI en virtud de una orden de detención dictada contra él por el crimen de lesa humanidad de asesinato. En la Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU, 156 Estados votaron a favor de entablar negociaciones sobre un instrumento internacional relativo a los sistemas de armas autónomos. En julio, la UE amplió el alcance de las prohibiciones de productos establecidas en su pionero reglamento contra la tortura. Se lograron avances considerables en la elaboración de una convención vinculante de la ONU sobre fiscalidad. En la COP30, la presión de la sociedad civil y los sindicatos contribuyó a promover la adopción de un mecanismo de transición justa para proteger a las comunidades y a los trabajadores y trabajadoras en el tránsito hacia la energía limpia y un futuro de resiliencia climática. La Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitieron opiniones consultivas en las que confirmaron la obligación de los Estados de responder a los daños climáticos atendiendo a los derechos humanos. Colombia y Países Bajos acordaron acoger conjuntamente la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles en abril de 2026. En España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos y Suecia se organizaron huelgas nacionales y acciones del personal portuario que interrumpieron las rutas de transporte de armas a Israel. Los gobiernos de Bélgica, Bolivia, Canadá, Colombia, Cuba, Eslovenia, España, Honduras, Malasia, Namibia y Sudáfrica se comprometieron en 2025 a modificar o detener el comercio de armas con Israel. Las mujeres lograron que se ampliara el derecho al aborto en Dinamarca, Islas Feroe, Luxemburgo, Noruega y Malawi. En Nepal, un levantamiento contra la corrupción liderado por jóvenes derrocó al gobierno.
Hemos resistido. Debemos resistir. Y resistiremos.
No estamos en un “período difícil” más. Estamos en el momento preciso en que todo lo construido en los últimos 80 años corre el riesgo de desmoronarse. Nosotros, los pueblos, estaremos a la altura de este momento histórico. Tendremos la ambición que exigen estos tiempos y el valor de cambiar también con ellos. Debemos hacerlo en todos los ámbitos: la política y la diplomacia, el activismo y el consumo, el trabajo y la producción, la participación electoral y la inversión, la fe y el valor que nos dan nuestras convicciones. Trabajando de manera conjunta, debemos crear coaliciones sólidas de numerosas partes interesadas y animar a los Estados a hacer lo mismo.
En la actualidad, el lema “A pesar de todo, nos levantamos”, inspirado en el poema de Maya Angelou, significa centrarse en lo que debe ser defendido con carácter prioritario y a toda costa, en beneficio no sólo de nuestros derechos humanos, sino también de los de las generaciones venideras. Para resistir, debemos también determinar claramente qué debe ser combatido con absoluta prioridad en el tsunami de leyes, políticas y prácticas desencadenado por los depredadores del planeta, sean agentes estatales o no estatales. Resistencia significa también tener claro qué se debe transformar. Dados el ritmo y la magnitud de los cambios que estamos presenciando, tenemos que recurrir una vez más al poder de nuestra imaginación y a la audacia de nuestra creatividad. Debemos concebir una visión transformada y transformadora de los derechos humanos para el mundo en que nos estamos convirtiendo, no simplemente defender los derechos humanos del mundo que una vez fuimos. Así, trabajando de forma conjunta y con toda nuestra creatividad, determinación y resiliencia, podremos materializar esa transformación.
No somos meros espectadores de la historia. También la escribimos. Así que, por el bien de la humanidad, es hora de hacer historia en derechos humanos.
Agnès Callamard
Secretaria general