Amnistía Internacional insta a las autoridades macedonias y a la comunidad de etnia albanesa de Macedonia a que garanticen el respeto de los derechos humanos tras los homicidios a manos de la policía de seis hombres el 7 de noviembre en el pueblo de Brodec, en la región de Shipkovica, al norte de Tetovo, cerca de la frontera con Kosovo. “Dadas las tensiones políticas que ha habido en lo que va de año en el Parlamento entre los partidos que representan a la etnia albanesa y los macedonios, entre otras cosas por la aplicación del Acuerdo de Ohrid, los sucesos del 7 de noviembre pueden ser catalizadores de una situación en la que haya peligro de que se perpetren violaciones de derechos humanos”, ha dicho Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. Según la información facilitada por el gobierno, en la operación murieron seis hombres. Entre ellos había al menos dos de etnia albanesa, reclusos fugados de la cárcel de Dubrava (Kosovo) durante el mes de agosto, además de otros albaneses de Macedonia, al parecer integrantes de un grupo armado de oposición. Según los informes, cinco personas resultaron heridas, entre ellas un policía. La operación “Tormenta de Montaña”, que según los informes tenía como objetivo capturar a los fugados, comenzó a primeras horas del 7 de noviembre y concluyó a eso del mediodía. Unidades especiales de la policía se lanzaron en paracaídas sobre la zona que rodea Brodec, seguidas por apoyo en tierra. Los integrantes del grupo armado, según los informes, abrieron fuego desde una casa en la que se escondían. Según el ministro del Interior, la policía hizo todo lo posible para proteger a la población civil. Sin embargo, fuentes albanesas han denunciado que durante la operación varios civiles murieron o resultaron heridos. La Unión Democrática por la Integración, partido de la etnia albanesa de Macedonia, que formó parte de la coalición gobernante anterior, ha denunciado uso desproporcionado de la fuerza. “Las autoridades tenían la obligación de capturar a los fugados y garantizar la seguridad de la población de Macedonia. Sin embargo, esto debe hacerse sin recurrir a un uso desproporcionado de la fuerza y sin poner en peligro las vidas de civiles”, ha dicho Nicola Duckworth. “Para asegurar a la población de Macedonia que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetaron las normas internacionales en su actuación, las autoridades deben abrir una investigación sobre los homicidios.” Según los informes, han sido detenidas entre 13 y 15 personas de etnia albanesa, algunas de ellas habitantes de Brodec que se creía que habían facilitado apoyo –y al parecer también armas– al grupo. Otras fueron detenidas el 9 de noviembre, cuando la policía asaltó las viviendas de personas de etnia albanesa en Skopje, según los informes en busca de armas. Amnistía Internacional insta a las autoridades a que se aseguren de que todas las personas detenidas son tratadas de acuerdo con las normas internacionales, sin someterlas a tortura ni otros malos tratos, como ha sucedido en operaciones similares contra la comunidad de etnia albanesa documentadas por la organización. “En un momento en el que aumentan las tensiones en el vecino Kosovo ante la incertidumbre sobre su futuro, es imperativo que las autoridades macedonias no violen los derechos humanos para tratar de calmar las tensiones y garantizar la estabilidad y la seguridad”, ha dicho Nicola Duckworth. Información complementaria Siete hombres, todos ellos condenados por graves delitos, escaparon de la cárcel de Dubrava en Kosovo en agosto, y, según los informes, desde su fuga estaban escondidos en una zona situada al norte de Tetovo. Dos de ellos habían vuelto a ser capturados, y un tercero, Zhavit Morina, murió a tiros el 1 de noviembre. Según los informes, otro se mató al detonar una granada de mano durante el asalto. Uno de los tres restantes era Ljirim Jakupi, de etnia albanesa, originario de Bujanovac, al sur de Serbia, que al parecer sigue en libertad. Los seis meses de conflicto en Macedonia entre las autoridades macedonias y los grupos armados de etnia albanesa en 2001 concluyeron con el Acuerdo Marco de Ohrid, firmado el 13 de agosto de 2001. Por este acuerdo se introdujeron leyes que garantizaban más derechos a las poblaciones minoritarias, particularmente la de etnia albanesa, que suma aproximadamente un tercio de la población del país, y una nueva Constitución, en cuyo preámbulo se reconocía por primera vez a los albaneses, los romaníes y otros grupos étnicos. Pero la coalición gobernante no ha aplicado las disposiciones del Acuerdo de Ohrid, lo cual ha incrementado las tensiones en el Parlamento.
