Ante la propuesta de la Comisión Europea de reformar el concepto de “tercer país seguro” permitiendo que los Estados miembros de la UE envíen a personas que solicitan asilo a países donde no tienen ninguna relación, por la fuerza y sin posibilidad de recurrir la decisión, Olivia Sundberg Diez, responsable de Amnistía Internacional ante la UE sobre cuestiones de migración y asilo, ha manifestado:
“En lugar de dedicar tiempo y recursos ingentes a descargar sus responsabilidades en otros países, la UE debería invertir en sus propios sistemas de asilo y permitir que quienes han solicitado asilo comiencen a rehacer sus vidas.
Estas propuestas no son sino otro intento cínico de eludir las responsabilidades de la UE en materia de protección de las personas refugiadas, descargándolas en países con menos recursos y capacidad para ofrecer una protección duradera. Enviar personas a países donde no tienen ninguna relación, apoyo ni perspectiva, o por los que sólo han transitado brevemente, no sólo es una decisión caótica y arbitraria, sino también devastadora a nivel humano.
Seamos claros: Esta reforma no hará sino debilitar aún más el acceso al asilo en Europa, degradar los derechos humanos y aumentar el peligro de devolución (refoulement) y de detención arbitraria en terceros países, dada la incapacidad de la UE, cada vez más evidente, para vigilar y hacer respetar los derechos humanos en sus países asociados.”
Información complementaria
El concepto de “tercer país seguro” permite a los Estados rechazar una solicitud de asilo como inadmisible si se considera que la persona solicitante podía haber solicitado protección internacional en un tercer país. Esto es una excepción a la práctica general del derecho internacional sobre personas refugiadas, según la cual el país donde la persona ha solicitado protección internacional es el que tiene la responsabilidad primordial de examinar su solicitud.
Amnistía Internacional lleva tiempo criticando este concepto, que los Estados europeos utilizan con frecuencia para eludir sus obligaciones, incluso cuando los datos del ACNUR reflejan que el 71% de las personas refugiadas en todo el mundo han sido acogidas por países de ingresos medios y bajos.
Los Estados de la UE siguen teniendo la obligación de llevar a cabo una evaluación individual sobre si el tercer país es seguro para esa persona, y de garantizar que toda persona solicitante puede acceder a un procedimiento de asilo justo, conseguir que se examine su caso y refutar cualquier prueba presentada por el Estado responsable de la devolución.
La propuesta de la Comisión Europea elimina el requisito de que exista un vínculo significativo entre la persona solicitante y ese tercer país. Bastaría con el mero tránsito o la existencia de un acuerdo entre el Estado miembro de la UE y el tercer país. También elimina el efecto suspensivo de los recursos, lo que significa que la persona puede ser objeto de traslado forzoso a ese país antes de que se examine su solicitud. Esta reforma va de la mano con la reciente propuesta de reglamento sobre el sistema de retorno. Combinadas, constituyen un intento alarmante de externalizar la protección de las personas refugiadas y el control de la migración lejos de las fronteras de Europa.
A continuación se abrirá una negociación sobre esta propuesta de reforma del Reglamento sobre la Gestión del Asilo, que deberá ser aprobada por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo.