Ante el vencimiento del plazo fijado por el gobierno para la deportación de las personas refugiadas afganas sin registrar, el 1 de noviembre, Deprose Muchena, director general de Impacto Regional en Derechos Humanos de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Amnistía Internacional reitera en los términos más enérgicos su llamamiento al gobierno de Pakistán para que revoque inmediatamente su decisión de deportar a las personas refugiadas afganas sin registrar, antes de que se cumpla el plazo establecido. Pakistán debe cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales, entre ellas respetar el principio de no devolución (non-refoulement) y poner fin a la represión y el hostigamiento de las personas refugiadas afganas en todo el país.”
La vida y los derechos de las personas refugiadas afganas están en juego
Deprose Muchena, director general de Impacto Regional en Derechos Humanos de Amnistía Internacional
debido a que ni el gobierno paquistaní ni la comunidad internacional asumen su parte de responsabilidad en su protección.
Es sencillamente inaceptable.
Amnistía Internacional pide asimismo a la comunidad internacional que apoye económicamente a Pakistán para la acogida de personas refugiadas afganas y que asuma su responsabilidad compartida de ofrecer protección a quienes huyen de la persecución en Afganistán.
Más de 1,4 millones de personas refugiadas corren peligro de ser desarraigadas del lugar donde encontraron refugio y que ahora consideran su hogar. Pakistán aún puede actuar para no crear una crisis en la que familias enteras se vean separadas, sin un hogar y privadas de acceso a medios de vida y servicios básicos ahora que se avecinan los duros meses de invierno.
Esto pondría en grave peligro especialmente a mujeres y niñas, ya que estarían expuestas a sufrir persecución y otras violaciones graves de derechos humanos sólo por motivo de su sexo y su género. Para la inmensa mayoría de ellas, vivir y estudiar en Pakistán puede ser la única oportunidad de obtener una educación formal. Un gran número de personas refugiadas afganas, entre las que hay periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, mujeres activistas y artistas, así como cargos y personal de seguridad del gobierno anterior, también corren peligro inminente de persecución y represión a manos de los talibanes si se las obliga a regresar a Afganistán.
La vida y los derechos de las personas refugiadas afganas están en juego debido a que ni el gobierno paquistaní ni la comunidad internacional asumen su parte de responsabilidad en su protección. Es sencillamente inaceptable.
Información complementaria
Amnistía Internacional ya ha documentado anteriormente el hostigamiento ejercido contra las personas refugiadas afganas en Pakistán.
Además, la organización ha enviado correspondencia al gobierno de Pakistán en los últimos 12 meses para plantearle sus motivos de preocupación en relación con los retrasos en el registro de las personas refugiadas afganas y su hostigamiento y discriminación en el país.
La semana pasada, Amnistía Internacional envió una carta abierta al primer ministro de Pakistán para pedirle que revoque su decisión de devolver personas refugiadas afganas a su país.