Colectivos y movimientos al frente de la defensa de derechos humanos en Guayaquil y la costa de Ecuador

En la ciudad de Guayaquil y la costa de Ecuador, numerosos colectivos, movimientos sociales, y comunidades se han organizado por décadas para reafirmar su dignidad y luchar por el reconocimiento y expansión de sus derechos humanos. En el caso de pueblos y comunidades indígenas, estas luchas son, sin duda, centenarias. Pero ante los ojos del mundo, la ciudad y provincia tienden solo a figurar como epicentros de violencia del país, la cual, desde algunos años, se ha disparado estrepitosamente ante la continua confrontación de grupos del crimen organizado.

De hecho, fueron los actos violentos ocurridos en Guayaquil en enero de este año los que permitieron al presidente Daniel Noboa justificar las declaratorias continuas de estado de excepción y “conflicto armado interno”, que han caracterizado su administración. En la práctica, las medidas han significado el despliegue de operativos policiales y militares a gran escala, la entrada de las fuerzas armadas para el control de los centros penitenciarios del país, y la suspensión de ciertos derechos, como el derecho a la reunión pacífica. Con estas medidas, han surgido alegaciones de violaciones de derechos humanos. Entre éstas: detenciones con poca transparencia y debido proceso, la negación de garantías básicas para las personas privadas de la libertad, posibles actos de tortura y otros malos tratos, y continuos actos de estigmatización y ataques en contra de personas que defienden derechos humanos.

Frente a este ambiente hostil, los colectivos y movimientos de Guayaquil y Guayas no han dejado de organizarse. No es la primera vez que se enfrentan a un contexto complejo para ejercer su labor y la respuesta siempre ha estado en la organización comunitaria y en el fortalecimiento de sus redes. Sus luchas merecen un reconocimiento constante, más aún cuando las autoridades les estigmatizan, incluyendo aquellas de alto nivel como el presidente y sus ministros. Esta entrega busca hacer precisamente esto. Es un recuento no exhaustivo, pero sí con mucha admiración a la lucha de colectivos y movimientos cuyo día a día consiste en defender los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza en los territorios en la costa ecuatoriana. La entrega es también un llamado a las autoridades a reconocer esta labor, no solo con el cese de la estigmatización, sino también con medidas efectivas para garantizar su protección. Ante la violencia y el rechazo, resaltará siempre la enorme dignidad con la que individuos, colectivos y movimientos defienden los derechos de y para todas las personas.

COMITÉ DE FAMILIARES POR JUSTICIA EN CÁRCELES

Miembros del Comité de Familiares exigiendo una reparación integral por las masacres carcelarias. Cortesía de CDH Guayaquil

El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles es una agrupación de familiares de personas privadas de libertad, principalmente basada en Guayaquil, pero con presencia nacional, surgida en el contexto de la crisis carcelaria que atraviesa Ecuador. Desde el 2018, el país ha vivido numerosas masacres carcelarias, donde, de acuerdo con las estimaciones del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil), más de 680 personas privadas de la libertad habrían sido asesinadas. Las muertes bajo custodia son responsabilidad del Estado. En ese sentido, para el Comité de Familiares es fundamental reafirmar la responsabilidad principal de las autoridades ecuatorianas de las muertes en prisiones.

El Comité de Familiares nació el 30 de abril de 2022 y cuenta con el apoyo de la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad (RIMUF). Busca convertirse en un espacio de encuentro de familiares para la reivindicación de los derechos de las personas privadas de la libertad y sus familias, incluyendo los derechos a la vida y a la reparación integral para cada una de las familias que han perdido a sus hijos, esposos, padres, y otros seres queridos.  El Comité y CDH Guayaquil presentaron una demanda de acción de protección que busca el reconocimiento de las violaciones de derechos que sufrieron las personas privadas de la libertad y sus familias tras las masacres carcelarias y el acceso a una reparación integral.

RED COMUNITARIA DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA NATURALEZA DEL GUAYAS

Foto: Miembros de la Red Comunitaria en un encuentro por los derechos humanos. Cortesía de CDH Guayaquil
Foto: Miembros de la Red Comunitaria en un encuentro por los derechos humanos. Cortesía de CDH Guayaquil

La Red Comunitaria de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza, con origen en Guayaquil y Durán se formó como un esfuerzo de articulación entre diversos liderazgos comunitarios, respaldado por CDH Guayaquil. Con alrededor de ochenta líderes y lideresas capacitadas en derechos humanos, género, movilidad humana y más, la Red ha sido clave en la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en sus comunidades. Entre sus logros se destacan el desarrollo de planes de acompañamiento comunitario, la gestión de seguridad alimentaria durante la pandemia, brigadas de trabajo social, la lucha por la vivienda digna y la creación de una escuela comunitaria de derechos humanos. La Red busca establecerse como un movimiento social de comunidades en Guayaquil, inspirado en experiencias exitosas de otros movimientos en Ecuador, y comprometido con la lucha por la dignidad y los derechos de las comunidades.

La Red, junto con CDH Guayaquil, realiza un monitoreo permanente sobre posibles violaciones de derechos humanos en Guayas, incluyendo abusos policiales, desalojos forzosos, negación de derechos sociales como la salud o educación a grupos de atención prioritaria y amenazas a personas defensoras de derechos humanos. La Red se ha movilizado activamente para denunciar las acciones de las fuerzas de seguridad en el contexto de los operativos policiales y militares vinculados a declaratorias del estado de excepción de la actual administración.

MOVIMIENTO SOCIAL DE JÓVENES DE GUAYAQUIL

Movimiento Juvenil de Guayaquil en una movilización en contra de la violencia sexual en las escuelas. Cortesía de CEPAM-Guayaquil.
Movimiento Juvenil de Guayaquil en una movilización en contra de la violencia sexual en las escuelas. Cortesía de CEPAM-Guayaquil.
Batucada Popular en manifestación en solidaridad por Palestina
Batucada Popular en manifestación en solidaridad por Palestina. Cortesía de CEPAM-Guayaquil.

El Movimiento Social de Jóvenes de Guayaquil tiene una trayectoria de 4 años de lucha por la justicia antirracista, de clase y de género, y está conformado por más de 300 adolescentes y jóvenes de sectores populares y periféricos en Guayaquil. Surge de la necesidad de que las adolescencias y juventudes, desde sus voces, realicen procesos de incidencia política, artivismo y movilización social para el ejercicio de sus derechos. Además, se enfocan en el desarrollo de habilidades de liderazgo, compromiso social y la promoción de cambios positivos en sus comunidades, en un contexto atravesado por violencias estructurales y criminales, que afectan de manera directa a sus proyectos de vida.

De esta forma, ocho organizaciones (Batucadas Populares, Desacato Desde el Inicio, Fundación Nia Kali, Movimiento Mi Cometa, Espacio Juvenil rural – Progreso, Espacio Juvenil del NorOeste: Wambra Runa, Crearte Joven y Pasos & Huellas) se activan para participar en procesos que buscan ampliar el acceso a sus derechos y fortalecer sus comunidades. Entre estos se incluyen la exigencia para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, relacionada a la inclusión de la Educación Integral de la Sexualidad en el Sistema Educativo de Ecuador, la participación en la creación de un plan estatal para la inclusión de educación sexual integral en Guayaquil, el performance Incidencia Juvenil desde el Arte, y el proceso formativo Ritmos del Suburbio, entre otros.

SOCIO VIVIENDA POR LA DEFENSA DE LA VIVIENDA DIGNA

La comunidad de Socio Vivienda en una protesta para exigir vivienda digna en contexto de pandemia. Cortesía: CDH Guayaquil

Las y los miembros de la comunidad de Socio Vivienda se organizan para reafirmar su derecho a una vivienda digna y seguridad social, particularmente en un sector de Guayaquil donde la violencia y los operativos militares y policiales son constantes. Entre el 2010 y 2012, el Ministerio del Ambiente y la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares impulsaron la ejecución del proyecto “Plan Guayaquil Ecológico”. Esta política se tradujo en la reubicación forzada de familias de bajos recursos y familias asentadas en sectores de alto riesgo, incluyendo un estero en Guayaquil, a complejos habitacionales conocidos como Socio Vivienda I y II. Al momento de la entrega de las casas, las familias no recibieron ningún tipo de documentación que legalizara la tenencia de sus viviendas, lo cual las dejó en una situación de riesgo ante posibles desalojos. CDH Guayaquil tiene registro de múltiples amenazas de desalojo de estas comunidades desde 2013, además de numerosos registros de abusos policiales y militares. A esto se suma la grave crisis de inseguridad que atraviesa el sector debido al abandono estatal y ante la presencia de grupos del crimen organizado. Durante la administración actual, la presencia de operativos de seguridad continúa siendo una constante.

El jueves 9 de diciembre de 2021, CDH Guayaquil y la comunidad de Socio Vivienda presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (MIDUVI) para exigir el inicio del proceso de la titularización de la vivienda conforme los estándares internacionales de derechos humanos. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Constitucional y podría marcar un hito en materia de vivienda digna y políticas públicas en contextos similares al de la comunidad.

COMUNAS ANCESTRALES DE LA COSTA POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS: OLÓN Y BAJADA DE CHANDUY

Miembros de la Comuna Ancestral Bajada de Chanduy protestan contra la construcción de una mega cárcel en su territorio. Cortesía de CDH Guayaquil.
Miembros de la Comuna Ancestral Bajada de Chanduy protestan contra la construcción de una mega cárcel en su territorio. Cortesía de CDH Guayaquil.

Las y los miembros de la Comuna Ancestral Bajada de Chanduy llevan una lucha histórica por defender sus tierras comunales, que han sido objeto de un despojo sistemático por parte de particulares y empresas agrícolas. Estos actores han invadido el territorio ancestral, vulnerando los derechos colectivos de la comunidad y poniendo en riesgo su forma de vida tradicional. A pesar de estas amenazas, los comuneros han resistido, manteniéndose firmes en la protección de sus territorios y exigiendo que se respeten sus derechos, como el consentimiento libre, previo e informado.

Esta lucha se ha intensificado con la construcción, impulsada por el presidente Daniel Noboa, de una mega cárcel en su territorio. Desde la perspectiva de las y los miembros de la Comuna este es un proyecto que ha sido impuesto sin consulta previa y sin informes de impacto ambiental, despojando a la comunidad de tierras que han cuidado por generaciones. Para los comuneros, la construcción de la mega cárcel no solo destruiría este invaluable patrimonio natural, sino que podría facilitar la entrada de grupos del crimen organizado, afectando la paz y la vida comunitaria que caracteriza a la Comuna. Aunque cercana a la ciudad de Guayaquil, la comunidad ha mantenido sus costumbres ancestrales, basadas en la convivencia y la preservación de la naturaleza, una cultura que se vería gravemente amenazada por el avance de este proyecto carcelario.

Olón, una comuna ancestral también de la provincia de Santa Elena forma parte de las herederas del Pueblo Indígena Huancavilca. En mayo del 2024, la comunidad organizó una protesta pacífica para manifestar su descontento ante un proyecto inmobiliario que consideran que pone en riesgo un estero que han usado históricamente y ante la tala de árboles en su territorio. Previo a las protestas, las y los miembros de la comuna habían ya expresado su rechazo ante el avance del proyecto en dos asambleas comunales, pero los planes continuaron.  En respuesta a las protestas, las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad. En este contexto, la comunidad de Olón exige la fiscalización de permisos y escrituras, y el respeto a sus derechos colectivos como miembros de un territorio comunal.


Escrito por:

Fernando Bastias Robayo es abogado en el Área de Litigio Estratégico e Incidencia de CDH Guayaquil

Paul Murillo Ontaneda es Trabajador Comunitario del Área de Fortalecimiento Organizativo y Comunitario de CDH Guayaquil

Camila Ruiz Segovia es Encargada de Campañas para Sudamérica en Amnistía Internacional