En respuesta a la primera ejecución pública llevada a cabo desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional, ha manifestado:
“El deplorable regreso de las ejecuciones púbicas en Afganistán es la última fase del alarmante abuso de los derechos humanos en el país por los talibanes, que continúan pisoteando los principios de derechos humanos de manera flagrante y despreciando completamente el derecho internacional de los derechos humanos.
Todas las ejecuciones violan el derecho a la vida. Las llevadas a cabo en público constituyen un grave e intolerable atentado contra la dignidad humana.
Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional
Las ejecuciones en público agravan la naturaleza ya de por sí cruel, inhumana y degradante de la pena de muerte y ejercen un efecto deshumanizante en la víctima y embrutecedor en quienes las presencian. Estos homicidios expuestos públicamente perpetúan una cultura de aceptación de la violencia, más que de confianza en la justicia.
Todas las ejecuciones violan el derecho a la vida. Las llevadas a cabo en público constituyen un grave e intolerable atentado contra la dignidad humana que no puede tolerarse. Este paso retrógrado de los talibanes supone un enorme retroceso para los derechos humanos”.
Información complementaria
Taj Mir, de la provincia de Herat, fue ejecutado públicamente hoy en un estadio deportivo abarrotado en la provincia sudoccidental de Farah.
Fue declarado culpable de asesinato por los más altos tribunales talibanes, según la declaración emitida por los talibanes.
A la ejecución en la provincia occidental de Farah asistieron cientos de espectadores, entre ellos numerosos altos cargos talibanes: Mawlawi Abdul Hakim, presidente del Tribunal Supremo talibán; Abdul Ghani Barader, viceprimer ministro talibán; Sirajuddin Haqqani, ministro del Interior talibán; Mohammad Khalid Hanafi, ministro de Vicio y Virtud talibán; y Abdul Hakim Sharghi, ministro de Justicia talibán.
Según expertos de la ONU en derechos humanos, las ejecuciones públicas no tienen ninguna utilidad legítima, sino que no hacen más que agravar la naturaleza cruel, inhumana y degradante de esta pena.