“La ley antiterrorista, promulgada en Kuwait a raíz de los ataques iraníes en el Golfo Pérsico ocurridos después de los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán, contiene disposiciones excesivamente generales y poco precisas que amenazan los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de circulación, al mismo tiempo que amplían de forma significativa el ámbito de aplicación de la pena de muerte”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El 15 de marzo de 2026, el emir de Kuwait emitió el Decreto Ley núm. 47 de 2026, de lucha contra los crímenes terroristas, que adopta una definición excesivamente general y poco precisa de los actos “terroristas”. La ley antiterrorista forma parte de un paquete general de medidas legales y judiciales introducido en marzo de 2026, poco después de que comenzara la guerra de Irán, en nombre de la “lucha contra el terrorismo”. Estas medidas incluyen el establecimiento de una fiscalía especializada y de tribunales designados especialmente para casos de terrorismo, así como una ampliación significativa del ámbito de aplicación de la pena de muerte para “actos terroristas”.
La seguridad nacional no debe usarse como justificación para pisotear los derechos y ampliar los poderes del Estado, y la respuesta a cualquier amenaza legítima debe ser compatible con el derecho internacional.
Mahmoud Shalaby, Amnistía Internacional
“La seguridad nacional no debe usarse como justificación para pisotear los derechos y ampliar los poderes del Estado, y la respuesta a cualquier amenaza legítima debe ser compatible con el derecho internacional. Las autoridades de Kuwait han introducido una legislación antiterrorista que amplía el ámbito de aplicación de la pena de muerte y permite imponer restricciones punitivas y arbitrarias a la libertad de circulación y de asociación a personas que no han sido declaradas culpables de ningún delito. La nueva ley otorga, además, una peligrosa discrecionalidad a las autoridades para detener, enjuiciar y condenar a personas por conductas protegidas en el derecho internacional de los derechos humanos, como la libre expresión y reunión”, dijo Mahmoud Shalabi, investigador regional de Amnistía Internacional.
“Aunque la introducción de estas medidas llegó durante una crisis, en un contexto de ataques de represalia iraníes contra Kuwait, en virtud del derecho internacional, los Estados sólo pueden suspender ciertas obligaciones en circunstancias sumamente limitadas, después de una notificación formal; además, ciertos derechos, como el derecho a la vida y el principio de legalidad, no pueden suspenderse en ninguna circunstancia. Las autoridades de Kuwait deben reformar con urgencia la nueva ley para garantizar que las medidas antiterroristas cumplen sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y establecer inmediatamente una moratoria en el uso de la pena capital”, prosiguió Mahmoud Shalaby.
Amnistía Internacional examinó el Decreto Ley núm. 47 de 2026 de lucha contra los crímenes terroristas; la Ley núm. 106 de 2013 contra el blanqueo de dinero y de lucha contra la financiación del terrorismo; el Decreto Ley núm. 51 de 2026 de designación de tribunales penales para conocer de los asuntos relativos a delitos contra la seguridad exterior e interior del Estado y delitos de terrorismo; y el Código Penal kuwaití. La organización también ha hablado con dos personas en relación con detenciones practicadas en aplicación de la nueva ley antiterrorista; ambas pidieron permanecer en el anonimato debido a su temor justificado de sufrir represalias en medio de la represión general de la libertad de expresión desde los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero de 2026 y los ataques de represalia de Irán contra Estados del Golfo Pérsico.
Pena de muerte preceptiva para actos “terroristas”
En virtud de la nueva ley, cualquier persona que haya cometido un delito tipificado en la legislación kuwaití que sea punible con cadena perpetua será condenada ahora a la pena de muerte preceptiva si el delito está tipificado como “acto terrorista”. Esto incluye, por ejemplo, “actos terroristas” como difundir “información falsa” en tiempo de guerra cuando socaven la seguridad nacional o el orden público y se cometan como “resultado del espionaje con Estados hostiles”, así como ataques contra embarcaciones en el mar con la intención de capturarlas o de capturar su carga o de causar daño a las personas que se encuentren a bordo.
La ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte, su imposición preceptiva y su uso para delitos que no cumplen el criterio de “los más graves delitos” que conllevan el homicidio intencional vulnera las obligaciones de Kuwait como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias. Kuwait sigue imponiendo la pena de muerte para una serie de delitos, algunos de los cuales no cumplen el criterio del derecho internacional de “los más graves delitos” En 2025, Kuwait promulgó una nueva ley que ampliaba las circunstancias en las que los delitos de drogas son punibles con la pena capital.
Definición excesivamente general y poco precisa de acto “terrorista”
Antes de la promulgación de la ley de 2026, la Ley núm. 106 de 2013 contra el blanqueo de dinero y de lucha contra la financiación del terrorismo definía “acto terrorista” como los actos o intentos de acto que tuvieran como fin causar la muerte o lesiones corporales graves, así como los delitos incluidos en nueve instrumentos legales internacionales.
La ley antiterrorista de 2026 proporciona una definición significativamente más general y menos precisa, lo que es contrario al principio de seguridad jurídica. La ley define como “acto terrorista” cualquier acto o amenaza que “cause daño a recursos nacionales, propiedades privadas o públicas, instalaciones públicas, el transporte terrestre, marítimo o aéreo, o a la ciberseguridad […] con el fin de sembrar el terror entre las personas, poner en peligro la seguridad de la sociedad u obligar a una autoridad pública o a una organización regional o internacional a realizar un acto o abstenerse de realizarlo”.
Esta definición corre el riesgo de permitir la criminalización de actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como podrían ser la participación en protestas pacíficas y huelgas que perturben el transporte o en otras formas de disensión pacífica, algunas de las cuales podrían resultar en “daños a recursos públicos” o daños menores a propiedades.
Este criterio tan laxo, que no exige que haya actos de violencia graves contra personas, junto con la inclusión de actos destinados a “obligar a una autoridad pública […] a realizar un acto o abstenerse de realizarlo” podría criminalizar las campañas reivindicativas y las protestas pacíficas encaminadas a influir en la política o las decisiones del gobierno.
El relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha declarado que las definiciones de terrorismo no deben ir más allá de los actos que causen la muerte, lesiones graves o amenazas para la vida. El experto de la ONU también ha advertido de que, cuando las definiciones de terrorismo prevean exclusiones, deben excluir expresamente los actos reivindicativos, de protesta o de disidencia o movilizaciones laborales que no causen ninguna muerte ni lesiones graves.
Castigo sin condena penal
En virtud de la nueva ley, cabe considerar que una persona presenta un “peligro de terrorismo” si su conducta “representa una amenaza grave de cometer un acto terrorista […] difundiendo, apoyando o enalteciendo ideas que inciten a la comisión de actos terroristas”. La ley no define términos como “apoyar” y “enaltecer”, que son intrínsecamente poco precisos, lo que crea un riesgo significativo de que se usen para criminalizar la disidencia pacífica.
También cabe considerar que alguien representa un “peligro de terrorismo” si se relaciona habitualmente con personas u organizaciones implicadas en incitar, facilitar o cometer actos terroristas. La ley no especifica qué autoridad tiene el poder de determinar que existe “peligro de terrorismo”, lo que suscita preocupación sobre el debido proceso y crea un riesgo de arbitrariedad.
En virtud de la ley, la fiscalía podría ordenar a las personas a quienes se considere que representan un “peligro de terrorismo” que participen en un programa de rehabilitación en un centro gestionado por el gobierno lo que, según la ley, incluye “actividades de rehabilitación que abarcan aspectos cognitivos, psicológicos, sociales, conductuales, de salud, profesionales y religiosos”.
Si la persona no acata la orden sin una “excusa aceptable”, la fiscalía debe pedir una orden judicial que la obligue a participar. El tribunal puede entonces ordenar que la persona entre en el programa de rehabilitación, así como imponer restricciones adicionales, como supervisión policial, prohibición de entrada en lugares específicos y prohibición de contactar con determinadas personas o entidades.
Aunque la ley establece que una persona que no cumpla la orden de la fiscalía debe ser oída por un tribunal antes de ser obligada a incorporarse a un programa de rehabilitación, y que estas decisiones son susceptibles de apelación, la imposición de este tipo de medidas restrictivas en ausencia de una condena penal viola el derecho a la presunción de inocencia y socava las garantías procesales. Además, las propias medidas interfieren con los derechos a la libertad de circulación y de asociación, a la intimidad y a la vida familiar, y podrían afectar negativamente a otros, como el derecho al trabajo.
No hay información disponible públicamente sobre el número de personas que se han visto afectadas por estas medidas.
Establecimiento de una nueva fiscalía antiterrorista y de tribunales especiales
Dos semanas después de la adopción de la nueva ley, las autoridades kuwaitíes crearon una nueva fiscalía y designaron tribunales con jurisdicción exclusiva sobre casos de terrorismo. En las actuaciones que se siguen ante estos órganos, las autoridades ya han violado las garantías procesales.
El 30 de marzo de 2026, la fiscalía kuwaití estableció la Fiscalía para Crímenes contra la Seguridad del Estado, Terrorismo y Financiación Terrorista, con jurisdicción exclusiva sobre delitos de terrorismo y otros crímenes contra la seguridad del Estado. Los fiscales interrogaron más de una vez sin la presencia de su abogado al menos a una persona acusada de delitos previstos en la ley antiterrorista de 2026. Los fiscales también negaron al abogado acceso al expediente del caso hasta que fue remitido a juicio.
El mismo día, el Consejo de Ministros de Kuwait emitió un decreto ley que designaba tribunales de primera instancia específicos para oír casos sobre delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, y delitos de terrorismo. Desde que se establecieron estos tribunales, las autoridades han negado reiteradamente a las personas procesadas las visitas familiares. Estos tribunales también han llevado a cabo vistas a puerta cerrada, a las que no se ha permitido la asistencia de la familia.
El decreto ley también designaba tribunales de apelación específicos para revisar las sentencias dictadas por estos tribunales de primera instancia, y las resoluciones de estos tribunales de apelación son definitivas, lo que elimina de hecho un nivel de revisión judicial. Según la legislación kuwaití, los litigios penales y civiles tienen tres niveles, a saber: los tribunales de primera instancia, los tribunales de apelación y el Tribunal de Casación.
El decreto ley exigía que tanto los tribunales de apelación como los de primera instancia determinasen casos “por vía urgente”.
Información complementaria
Los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026 dieron lugar a ataques de represalia de las autoridades iraníes y grupos armados aliados contra Kuwait, incluso contra infraestructura civil. Según informes, a fecha 30 de julio, al menos ocho personas han perdido la vida en Kuwait.
En junio, Amnistía Internacional informó sobre la represión generalizada de la libertad de expresión por los Estados del Golfo Pérsico relacionada con la guerra. En Kuwait y Bahréin, las autoridades también han retirado la nacionalidad a algunas personas en represalia por el ejercicio de su libertad de expresión, entre otros motivos.