Hasta el pasado martes, los datos oficiales en El Salvador registraban 345 casos confirmados de COVID-19 y 2,323 personas “restringidas por violar la cuarentena”. Las cifras demuestran que el número de personas que han sufrido limitaciones a la libertad personal es casi siete veces mayor que el número de casos confirmados y que, por tanto, el enfoque coercitivo ha sido central en la estrategia del gobierno para contener la pandemia.
De la mano de una estrategia publicitaria, este enfoque coercitivo puede generar la falsa percepción de que las autoridades están poniendo todos los recursos necesarios para controlar la propagación del virus. Pero también puede minar la efectividad de la respuesta estatal, debido a que se enfoca en castigar a los individuos en vez de atender las condiciones estructurales que favorecen la propagación.
Las medidas de corte coercitivo suelen afectar de forma desproporcionada a comunidades que viven en la pobreza y a colectivos marginados o con riesgo de sufrir discriminación
En El Salvador este tipo de medidas han llevado a la detención de miles de personas acusadas de incumplir, supuestamente sin justificación, la cuarentena domiciliaria. En muchos casos han sido llevadas a lugares de confinamiento denunciados por no tener las condiciones necesarias para garantizar el distanciamiento físico y medidas de higiene. Así, lejos de frenar la pandemia, las medidas de contención oficiales propician el contagio de personas sanas.
Además, las medidas de corte coercitivo suelen afectar de forma desproporcionada a comunidades que viven en la pobreza y a colectivos marginados o con riesgo de sufrir discriminación. La cuarentena obligatoria se convierte así en un reto de subsistencia diaria para quienes están desempleados, son parte de la economía informal o tienen trabajos con condiciones precarias… – Lea el artículo completo en El Faro