Marruecos: Deben anularse las declaraciones de culpabilidad dictadas en los injustos juicios del Hirak

Las declaraciones de culpabilidad y las fuertes penas impuestas en los casos de 53 manifestantes del Hirak en Casablanca deben ser anuladas a causa de la injusta naturaleza de sus juicios. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Los líderes de las protestas Nasser Zefzafi y Nabil Ahamjik fueron condenados anoche a 20 años de prisión, junto con otros dos manifestantes, en relación con las protestas celebradas en la región del Rif en 2017. Otros manifestantes recibieron penas de entre uno y 15 años de prisión.

“Estas declaraciones de culpabilidad son infundadas, debido a la naturaleza extremadamente injusta de los juicios”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Para empezar, Nasser Zefzafi y otras personas declaradas culpables y encarceladas por manifestarse pacíficamente en favor de la justicia social o por informar en Internet sobre manifestaciones nunca deberían haber sido juzgadas. Nasser Zefzafi debe ser puesto en libertad, y su declaración de culpabilidad debe anularse.”

Estas declaraciones de culpabilidad son infundadas, debido a la naturaleza extremadamente injusta de los juicios.
Heba Morayef

Tres manifestantes fueron condenados a 15 años de prisión, y otros siete lo fueron a 10 años de prisión. Diez manifestantes fueron condenados a cinco años de prisión, y además recibieron una multa de 2.000 dirhams marroquíes (unos 210 dólares estadounidenses). Ocho manifestantes fueron condenados a tres años de prisión, 19 a dos años de prisión, y uno a un año de prisión; todos recibieron la misma multa. Otro acusado no fue condenado a prisión, pero recibió una multa de 5.000 dirhams marroquíes (unos 520 dólares estadounidenses).

“Las personas sobre las que pesen sospechas razonables de que han sido responsables de delitos comunes reconocibles deben ser juzgadas de nuevo en procedimientos que cumplan plenamente las normas internacionales sobre juicios justos, o deben ser puestas en libertad”, ha manifestado Heba Morayef.

“Amnistía Internacional siente además honda preocupación por la naturaleza de las presuntas ‘confesiones’ presentadas como prueba, ya que los detenidos han descrito haber sufrido tortura y otros malos tratos a manos de la policía durante los interrogatorios. Las ‘confesiones’ extraídas mediante coacción deberían haberse excluido de los procedimientos judiciales.”

Varios acusados declararon en el tribunal que sus confesiones habían sido obtenidas mediante tortura, pero el tribunal no ordenó una investigación efectiva a ese respecto. El 3 de julio de 2017, Omar Bouhrass, manifestante detenido, dijo al juez de instrucción del Tribunal de Apelaciones de Casablanca que había sido torturado. Según su abogado, Bouhrass dijo que la policía lo había golpeado mientras lo obligaban a gritar vivas al rey, le habían quitado la ropa interior, le habían roto dos dientes y lo habían amenazado e insultado tras detenerlo en Alhucemas.

En muchos casos, la fiscalía acusó a la mayoría de los acusados de “incitar”, “participar” o ser “cómplices” en general en los disturbios sin aportar ninguna prueba de responsabilidad penal individual en relación con algún acto de violencia. Según el derecho internacional de los derechos humanos, la participación en manifestaciones no autorizadas no es por sí misma motivo de encarcelamiento, sino que debe ir acompañada de un delito común reconocible, como la participación en actos de violencia.

Protestas contra juicios injustos

Nasser Zefzafi estuvo en huelga de hambre desde el 23 de mayo hasta el 3 de junio para protestar por lo injusto de los juicios y por las malas condiciones de reclusión. En solidaridad, otros 22 detenidos iniciaron también una huelga de hambre que duró entre cuatro y 19 días. Nasser Zefzafi ha estado más de un año recluido en aislamiento prolongado e indefinido.

Rabie Lablak, que sigue en huelga de hambre, llamó a su madre el sábado 16 de junio para despedirse y le dijo que estaba dispuesto a morir a causa de lo injusto del juicio. Al día siguiente, la administración de la prisión emitió una declaración en la que negaba que Lablak estuviera en huelga de hambre. Sin embargo, el abogado de Rabie Lablak lo visitó recientemente y volvió a confirmar que seguía en huelga de hambre. Según la información recibida por Amnistía Internacional, a Lablak no le ha visto ningún médico desde el 14 de junio.

El 12 de junio, 49 de los detenidos firmaron una declaración común en la que explicaban que boicoteaban el juicio porque lo consideraban injusto.

La declaración de culpabilidad de ayer confirmó que el caso del periodista Hamid El Mahdaoui, recluido también en Casablanca, se ha separado del de los otros 53 acusados. Su juicio se reanudará mañana (jueves 28 de junio).

Información complementaria

Desde mayo de 2017, las fuerzas de seguridad marroquíes han detenido a cientos de manifestantes, incluidos menores de edad y varios periodistas, en relación con unas protestas básicamente pacíficas. Entre las personas detenidas hay decenas de manifestantes, activistas y blogueros del Rif, en el norte de Marruecos, que protestaban para reclamar el fin de la marginación de sus comunidades y para pedir mejor acceso a servicios en la región.

El Tribunal de Apelación de Casablanca presentó cargos contra 54 personas en relación con el movimiento de protesta del Rif (Hirak, en árabe). La mayoría de los cargos presentados contra el líder de las protestas, Nasser Zefzafi, y los demás acusados son contrarios a las obligaciones contraídas por Marruecos en materia de derechos humanos, ya que penalizan el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.

Según los manifestantes, la policía los sometió a tortura y otros malos tratos —incluidas fuertes palizas, asfixia, desnudez, amenazas de violación e insultos— tanto en el momento de la detención como durante el interrogatorio, a veces para obligarlos a “confesar” delitos.

En julio del año pasado, el ministro de Justicia anunció investigaciones sobre al menos 66 casos de presuntas torturas o malos tratos policiales a manifestantes bajo custodia. En Casablanca, 22 de los 54 fueron examinados por un médico designado por el juez de instrucción, pero no se abrió ninguna investigación judicial.

Los jueces tampoco excluyeron como prueba en el juicio las declaraciones que los acusados afirmaban haber realizado bajo tortura, lo cual es contrario a las obligaciones internacionales contraídas por Marruecos en virtud del derecho internacional.