Egipto: Se debe poner fin a los dos años de detención arbitraria del defensor de los derechos humanos Hisham Gaafar

Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicionalmente al periodista y defensor de los derechos humanos Hisham Gaafar, quien habrá cumplido dos años de detención arbitraria en espera de juicio el 21 de octubre, manifestó Amnistía Internacional. Está recluido en condiciones inhumanas y en régimen prolongado de aislamiento, lo que provoca que su salud se deteriore gravemente.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a Hisham Gaafar bajo cargos falsos en octubre de 2015. Desde entonces, una sala judicial ha renovado reiteradamente su detención en espera de juicio sin examinar la escasa evidencia que la fiscalía ha presentado contra él.

“Es deplorable que Hisham Gaafar haya sido obligado a pasar dos años entre rejas. Su detención en espera de juicio arbitraria y prolongada es otro ejemplo vergonzoso de cómo el poder judicial de Egipto está abusando del sistema de justicia penal para castigar a las personas críticas y disidentes pacíficas”, señaló Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.

“Hisham Gaafar es preso de conciencia, detenido únicamente por su trabajo en favor de los derechos humanos. Nunca debió haber sido detenido. Su detención prolongada y arbitraria es una violación flagrante tanto de la legislación egipcia como del derecho internacional, que los jueces no deberían permitir que se prolongue ni un día más”.

Es vergonzoso que Hisham Gaafar haya sido obligado a pasar dos años entre rejas.
Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África

Hisham Gaafar, de 53 años, es el director de la Fundación Mada para el Desarrollo de los Medios de Comunicación, ONG que ofrece asesoramiento, capacitación e información sobre diversos temas relacionados con los derechos humanos y el desarrollo. Antes de su detención, había estado realizando investigaciones sobre violencia sectaria y transición democrática.

El 21 de octubre de 2015, agentes de la Agencia de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior lo aprehendieron en su oficina de El Cairo, sin una orden de detención. Registraron el lugar y confiscaron documentos y ordenadores portátiles de la oficina. Simultáneamente, otra fuerza registró su domicilio, en El Cairo. Los agentes mantuvieron a su esposa y a sus hijos dentro de la casa durante 17 horas antes de irse, llevándose sus teléfonos celulares, ordenadores portátiles y documentos personales.

Hisham Gaafar permanece detenido bajo los cargos infundados de haber recibido fondos de agencias extranjeras con “el propósito de dañar la seguridad nacional” y de pertenecer a “un grupo prohibido”, la Hermandad Musulmana. Si es declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

Según el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal de Egipto, el período máximo de detención en espera de juicio no debe superar los seis meses para quienes hayan sido acusados de delitos sancionados con hasta tres años de prisión; los 18 meses, para los delitos sancionados con hasta 15 años de prisión, y los dos años, para los delitos sancionados con pena de muerte o cadena perpetua.

Por lo tanto, los jueces que revisan la detención de Hisham Gaafar están obligados por ley a ponerlo en libertad una vez que complete dos años de detención en espera de juicio. La próxima sesión de revisión está prevista para el 26 de octubre.

Su abogado, Karim Abdelrady, de la Red Árabe por la Información sobre Derechos Humanos, indicó a Amnistía Internacional que, desde su detención, la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado no ha presentado ninguna prueba que justifique continuar con su privación de libertad. Agregó que el fiscal ha basado su investigación en los informes de la Agencia de Seguridad Nacional y que a la defensa no se le ha permitido el acceso al expediente de caso.

Uso sistemático de la detención en espera de juicio

Desde julio de 2013, miles de personas han permanecido detenidas como resultado del abusivo sistema de detención en espera de juicio de Egipto, que otorga a jueces y fiscales amplios poderes para justificar la detención de las personas acusadas antes y durante los juicios.

Durante la presidencia de Mubarak, las autoridades solían eludir los límites de la detención en espera de juicio mediante la aplicación de la Ley del Estado de Excepción, la cual les permitía utilizar la detención administrativa para retener a las personas indefinidamente sin cargos ni juicio. Actualmente, la aplicación habitual de la detención prolongada en espera de juicio, por parte de las autoridades egipcias, vuelve a servir como medio para evadir las garantías de un juicio justo y silenciar cualquier forma de disidencia pacífica.

Desde que el presidente Abdel Fatah al Sisi llegó al poder, la detención prolongada en espera de juicio se ha convertido en un medio sistemático de castigo de las personas disidentes en lugar de ser una medida preventiva y excepcional.
Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África

“Desde que el presidente Abdel Fatah al Sisi llegó al poder, la detención prolongada en espera de juicio se ha convertido en un medio sistemático de castigo de las personas disidentes en lugar de ser una medida preventiva y excepcional. Cientos de personas han estado detenidas por períodos de hasta cuatro años en espera de la sentencia judicial”, explicó Najia Bounaim.

“El hecho de que el poder judicial no garantice que la detención en espera de juicio sólo se aplica cuando es necesaria, en circunstancias excepcionales, está erosionando considerablemente su independencia”.

La aplicación de la detención en espera de juicio por parte del poder judicial también ha demostrado grandes incoherencias. Por ejemplo, el ex presidente Hosni Mubarak, quien estaba siendo juzgado por dar la orden de matar manifestantes en el levantamiento del 25 de enero y corría el riesgo de ser condenado a muerte, fue puesto en libertad en abril de 2013, después de dos años de detención en espera de juicio, mientras que al menos 737 personas procesadas por participar en la acampada de Rabaa llevan detenidas más de cuatro años, desde agosto de 2013.

Condiciones de detención inhumanas

Hisham Gaafar permanece detenido en la prisión de Al Aqrab en condiciones extremas y ha estado recluido en régimen de aislamiento prolongado durante los últimos siete meses. No se le permite hacer ejercicio regularmente fuera de la celda. En ocasiones, los guardias penitenciarios le permiten caminar por el pasillo de su división entre 30 y 60 minutos. Otras veces, está confinado en su celda las 24 horas. Según sus familiares, la celda no tiene cama ni colchón, como tampoco iluminación ni ventilación adecuadas, y está plagada de insectos debido a filtraciones de aguas residuales.

Manar Tantawie, esposa de Hisham Gaafar, relató a Amnistía Internacional que, desde marzo de 2017, su familia sólo ha podido visitarlo cuatro veces, durante menos de 15 minutos cada vez. También contó a la organización que padece atrofia del nervio óptico en ambos ojos e hipertrofia prostática. Agregó que las malas condiciones penitenciarias y la falta de alimentación adecuada en la prisión han llevado al deterioro de su salud. También indicó que la familia había presentado peticiones y reclamos al presidente, al fiscal y al ministro del Interior exigiendo su liberación.

“Todas nuestras demandas han quedado sin respuesta. La detención de Hisham está destruyendo a nuestra familia”, explicó a Amnistía Internacional.

La detención de Hisham está destruyendo a nuestra familia.
Manar Tantawie, esposa de Hisham Gaafar

Poco después de su detención en octubre de 2015, Hisham Gaafar describió su celda de la prisión de Al Aqrab como “una tumba”.

“Mantener a las personas detenidas en condiciones penitenciarias miserables no es sólo cruel e inhumano, sino que también es una violación del derecho internacional que en ciertas circunstancias podría equivaler a tortura”, declaró Najia Bounaim.