“Era un infierno. Nos caían encima botellas y piedras, como una granizada”, recuerda Alfréd Király. “Todos los niños estaban aterrorizados. Pedimos a la policía que nos protegiera, pero no lo hizo”. Más de cuatro años después de aquellos sucesos, en los que cientos de manifestantes violentos rodearon su casa gritando consignas antirromaníes y arrojando piedras a través de sus ventanas, Alfréd aún tiembla al recordarlo. Sin embargo, esta semana él y otras familias romaníes han logrado una importante victoria en su larga lucha por la justicia. Una lucha que los llevó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Era un infierno. Nos caían encima botellas y piedras, como una granizada.
Alfréd Király, romaní de Hungría
El 5 de agosto de 2012, más de 700 personas asociadas a grupos de extrema derecha cayeron sobre Devecser, un pueblo del oeste de Hungría. Tras llevar a cabo una manifestación en el centro del pueblo, se encaminaron a una calle en la que creían que vivían familias romaníes. Agrupados delante de las casas, corearon: “Gitanos criminales […] Vamos a prender fuego a vuestras casas […] Arderéis en ellas”. Arrojaron piedras y adoquines, hasta obligar a los romaníes a atrincherarse en sus casas. Mientras tanto, la policía se limitó a quedarse mirando.
La semana pasada, el Tribunal Europeo resolvió que aquel día la policía no había protegido a la población romaní, y que las autoridades húngaras no habían tomado medidas suficientes al investigar los discursos “de odio e insultos” proferidos durante la concentración. El Tribunal concluyó también que los autores de esos delitos “han eludido prácticamente cualquier consecuencia legal”, algo que, según afirmó, la población podía percibir como una legitimación o tolerancia por parte del Estado respecto a esos abusos.
Esta decisión del Tribunal transmite un importante mensaje al gobierno húngaro en un momento en el que el clima de racismo y xenofobia se está haciendo aún más tóxico. No es sólo que el partido de extrema derecha, Jobbik, sea el tercero con más escaños en el Parlamento, sino que el partido en el gobierno, Fidesz, ha acentuado cada vez más sus actitudes negativas tanto hacia los romaníes como hacia otros grupos minoritarios.
Aunque la violencia racista contra la población romaní de Hungría alcanzó su punto álgido en 2008 y 2009, cuando una serie de ataques se cobraron la vida de seis hombres, mujeres y niños, el miedo a la violencia no se ha disipado. La población romaní de Hungría sigue sufriendo una serie de crímenes de odio, que incluyen agresiones y ataques contra sus casas.
Asimismo, la población romaní padece múltiples formas de discriminación diaria que afectan a su escolarización y su empleo, además de sufrir insultos racistas en los medios de comunicación progubernamentales e incluso de boca de políticos. Cuando, en 2013, Zsolt Bayer, uno de los fundadores del partido en el gobierno, Fidesz, llamó a los romaníes “animales […] no aptos para vivir entre personas”, el primer ministro, Viktor Orbán, guardó silencio. El propio Viktor Orbán ha descrito la presencia de romaníes como un “innegable hecho histórico de Hungría […] Somos nosotros los que tenemos que vivir con ello”, y en 2016 el presidente Janos Ader concedió la Cruz de la Orden del Mérito de Caballero a un periodista que había comparado a los romaníes con animales.
La respuesta del Estado a la violencia contra la población romaní ha sido débil. La policía normalmente trata los crímenes de odio como delitos comunes, sin tener en cuenta la motivación de odio. Por ejemplo, cuando unos asaltantes irrumpieron en la casa de una familia romaní en Eger en 2015 y agredieron la familia mientras gritaban “gitanos asquerosos, vais a morir”, la policía registró el delito simplemente como “entrada ilegal”.
En 2016, la incapacidad del sistema para sacar a la luz los delitos de motivación racial llevó al Instituto de Relaciones Raciales (Institute of Race Relations), con sede en Reino Unido, a hablar de connivencia entre “elementos del sistema de justicia penal y los paramilitares […] [que] aterrorizan a los romaníes en pueblos del centro y el este de Hungría”.
La población romaní padece múltiples formas de discriminación diaria que afectan a su escolarización y su empleo, además de sufrir insultos racistas en los medios de comunicación progubernamentales e incluso de boca de políticos.
Barbora Černušáková
El impacto que esas amenazas y esa violencia tienen en las personas puede ser grave y duradero. En el verano de 2015 me reuní en la localidad de Gyöngyöspata con familias romaníes que en 2011 habían sufrido amenazas y acoso de unos autoproclamados grupos parapoliciales. Cuatro años después de aquello, muchas personas seguían traumatizadas. Estaban con medicación y no eran capaces de ir a trabajar o a la escuela.
En los últimos meses, el trato discriminatorio dado por Hungría a la población romaní y a otros grupos minoritarios se ha visto en gran parte eclipsado por el espantoso trato dado a las personas refugiadas y migrantes: un grupo al que el primer ministro Orbán ha descrito como “veneno”. Las personas solicitantes de asilo —incluidos menores de edad no acompañados— sufren violentos abusos, devoluciones ilegales sin el proceso debido y detención ilegítima en Hungría. En lugar de avergonzarse por la condena internacional contra las flagrantes violaciones del derecho internacional que comete Hungría, Viktor Orbán las ensalza orgulloso como ejemplo a seguir por otros países.
Mientras tanto, la decisión anunciada esta semana por el Tribunal Europeo transmite a las autoridades húngaras un mensaje claro de que los crímenes de odio no se deben tolerar. Las autoridades deben tomar medidas urgentes para investigar a fondo estos y otros crímenes racistas y llevar a quienes los cometen ante la justicia. “Nos alegra ver que finalmente se hace justicia”, ha manifestado Alfréd. “Pero sólo hemos ganado una pequeña batalla. Aún estamos muy lejos de ganar la lucha para poner fin a los crímenes de odio y la discriminación que sufrimos.”
Alfréd Király estuvo representado en los procedimientos judiciales por el Comité Húngaro de Helsinki.
Este artículo fue publicado por primera vez por Politico.