Sudán del Sur: Las fuerzas gubernamentales asfixiaron deliberadamente a decenas de personas y arrojaron sus cadáveres a cielo abierto

Las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur asfixiaron deliberadamente a más de 60 hombres y muchachos a los que habían recluido en un contenedor de carga, y arrojaron sus cadáveres en un campo a cielo abierto en la localidad de Leer, estado de Unity. Así lo indican los nuevos datos recopilados por Amnistía Internacional. 

Un equipo de investigación de la organización visitó recientemente los terrenos de la Iglesia Católica de Comboni donde tuvieron lugar los homicidios en octubre de 2015. También visitó el lugar, aproximadamente a un kilómetro de Leer, donde se arrojaron los cadáveres. El equipo encontró los restos de numerosos esqueletos rotos aún dispersos por el campo. 

“La detención arbitraria, la tortura y los homicidios en masa de estos detenidos son sólo un ejemplo más del absoluto desprecio que el gobierno de Sudán del Sur demuestra hacia las leyes de la guerra. La reclusión ilegal, la tortura, el causar deliberadamente un gran sufrimiento y el homicidio deliberado son actos que constituyen crímenes de guerra”, ha manifestado Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de crisis. 

El equipo de investigación entrevistó a más de 42 testigos, incluidas 23 personas que declararon haber visto cómo se obligaba a los hombres y los muchachos a entrar en un contenedor de carga, y más tarde vieron los cadáveres, cuando los estaban sacando, o en el lugar donde los arrojaron. 

La detención arbitraria, la tortura y los homicidios en masa de estos detenidos son sólo un ejemplo más del absoluto desprecio que el gobierno de Sudán del Sur demuestra hacia las leyes de la guerra. La reclusión ilegal, la tortura, el causar deliberadamente un gran sufrimiento y el homicidio deliberado son actos que constituyen crímenes de guerra.
Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de crisis

Según testigos, entre el 20 y el 23 de octubre de 2015, soldados gubernamentales detuvieron arbitrariamente a decenas de hombres y muchachos en el pueblo de Luale y la localidad de Leer. Luego los obligaron, con las manos atadas a la espalda, a entrar en uno o más contenedores de carga situados en la Iglesia Católica de Comboni. 

Los testigos describieron los gritos y llantos de angustia de los detenidos, y sus golpes en las paredes del contenedor, que, según afirmaron, no tenía ventanas ni ninguna otra forma de ventilación. Según aseguraron, las autoridades civiles y militares tenían conocimiento directo de que los detenidos estaban en una situación angustiosa y muriendo, pero no hicieron nada para ayudarlos. Por ejemplo, una testigo ha afirmado que vio al entonces oficial al mando del ejército en la zona ordenar a los soldados que abrieran el contenedor y sacaran los cadáveres de cuatro hombres muertos, y que luego lo volvieran a cerrar dejando dentro a los detenidos que aún seguían vivos.

A la mañana siguiente, todos los demás detenidos menos uno habían muerto. Un testigo contó al equipo de investigación de Amnistía Internacional: 

“Podíamos ver a los que estaban dentro del contenedor, y no estaban vivos [...] lo que veíamos era una tragedia [...] el contenedor estaba lleno de gente. Estaban caídos unos encima de otros y en el suelo. Había tantos...”. 

Tras su muerte, los soldados del gobierno cargaron decenas de cadáveres en un camión y los arrojaron a dos fosas a cielo abierto en Kulier, Juong payam, a aproximadamente 1km al noreste de Leer. Los familiares que visitaron la zona en los días siguientes declararon que los cadáveres, abandonados al raso, habían sido devorados por animales y habían empezado a descomponerse. 

Pese a los indicios sobre este crimen de guerra, no se han tomado medidas para hacer rendir cuentas a los responsables o para otorgar reparación, incluida una indemnización, a los familiares de los fallecidos por la muerte de sus seres queridos. 

“Decenas de personas sufrieron una muerte lenta y agónica a manos de las fuerzas gubernamentales que deberían haberlas protegido. Estos homicidios ilegítimos deben ser investigados, y todos los responsables deben comparecer ante la justicia en juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte”, ha manifestado Lama Fakih. 

“Para que se lleven a cabo procesamientos efectivos, la Comisión de la Unión Africana debe tomar medidas inmediatas con el fin de establecer el tribunal penal híbrido dispuesto en el acuerdo de paz de agosto de 2015, y debe garantizar que abre de inmediato investigaciones sobre los delitos de derecho internacional, incluida esta atrocidad.” 

Información complementaria 

En agosto de 2015, tras más de 20 meses de negociaciones intermitentes, las partes enfrentadas de Sudán del Sur finalmente acordaron los términos de un acuerdo de paz. El acuerdo establecía un marco para que las partes pusieran fin a las hostilidades, y abordaba una serie de cuestiones, entre ellas el reparto de poderes, disposiciones de seguridad, la ayuda humanitaria, acuerdos económicos, la justicia y la reconciliación, y un proceso para elaborar una constitución permanente. 

Pese al acuerdo de paz y al compromiso de las partes enfrentadas de establecer un alto el fuego permanente, los combates continuaron en el estado de Unity hasta mediados de diciembre de 2015. Aún no se ha formado un gobierno de coalición.

El acuerdo de paz de agosto de 2015 dispone el establecimiento, por la Comisión de la Unión Africana, de un Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, con el mandato de investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. Este tribunal aún no se ha creado. 

El homicidio de aproximadamente 60 hombres y muchachos en un contenedor de carga en Leer fue revelado por primera vez por el Mecanismo de Supervisión de los Acuerdos de Alto el Fuego y Seguridad de Transición, el órgano responsable de informar sobre la implementación del alto el fuego permanente. El informe elaborado por este mecanismo recomendaba “que se establezca algún tipo de comisión de investigación para indagar a fondo sobre el incidente”. 

En el momento de los homicidios, el recinto de la Iglesia Católica de Comboni había sido ocupado por las fuerzas gubernamentales. 

Los familiares de los fallecidos dijeron a Amnistía Internacional que las víctimas eran pastores de ganado, comerciantes y estudiantes, no combatientes.