Las ONG rusas son tratadas cínicamente como enemigas del Estado

De Heather McGill, Researcher on Europe and Central Asia at Amnesty International

A principios de semana, el Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial recibió una notificación oficial del Ministerio de Justicia ruso en la que le informaban que habían encontrado en su página web materiales que “socavaban el orden constitucional de la Federación de Rusia y hacían un llamamiento a derrocar el gobierno y cambiar el régimen político”.

Esta notificación supone el principio de un procedimiento que puede conllevar consecuencias devastadoras para la organización.

En teoría, la organización tiene 15 días para recurrir la decisión del 9 de noviembre, pero lo cierto es que el Ministerio de Justicia informó el 11 de noviembre a la prensa de que ya había pasado el informe a la Fiscalía General para que actuara. Ahora, la membresía del Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial debe esperar para conocer cuál será su suerte, que puede ir desde una multa en aplicación del Código de Infracciones Administrativas hasta un procesamiento penal o incluso el cierre de la organización. 

El cierre [de Memorial] supondría una gran pérdida para la sociedad civil rusa y otro duro golpe a la libertad de expresión, cada vez más limitada desde el regreso de Vladimir Putin a la presidencia en 2012.
Heather McGill

El cierre supondría una gran pérdida para la sociedad civil rusa y otro duro golpe a la libertad de expresión, cada vez más limitada desde el regreso de Vladimir Putin a la presidencia en 2012. Memorial se fundó en un principio como una asociación histórica y educativa; ahora es una red de organizaciones y asociaciones que trabajan sobre las violaciones de derechos humanos del pasado y del presente. El Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial forma parte de la red de activistas de la sociedad civil.

La misión de Memorial, como se indica en su página web, es instar a “la sociedad a no olvidar las masivas y crueles violaciones de derechos humanos del pasado, pero sin ignorar que éstas se siguen produciendo”.

Esta semana, el secretario general del Consejo de Europa ha dado públicamente su apoyo al Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial y ha afirmado que es “una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas y conocidas”.

¿Pero qué ha hecho el Memorial para incomodar al Ministerio de Justicia? Lo que parece que encendió su ira fue que la organización publicara artículos en los que se criticaba la participación de Rusia en el conflicto del este de Ucrania y la describieran como una agresión, además de denunciar el procesamiento penal por cargos falsos a manifestantes que participaron en una concentración de la oposición en la plaza Bolotnaya de Moscú, en mayo de 2012.

Este último golpe a Memorial es sólo uno más de una serie de ataques contra ONG, que parecen tener como objetivo silenciar todas las críticas a la política del gobierno. En 2012, tras las “revoluciones de colores” y la “ Primavera Árabe” en otros lugares del mundo, que en Rusia fueron descritas como movimientos subversivos financiados por países extranjeros, el Parlamento aprobó la llamada “ley de agentes extranjeros”. La ley introducía el requisito de que todas las ONG que recibieran financiación extranjera debían registrarse como “organizaciones que desempeñan la función de agentes extranjeros” e identificarse como tales en todos sus documentos públicos. Según la ley, para que las ONG sean consideradas “agentes extranjeros” también deben desempeñar “actividades políticas”, pero esas actividades se definen en la ley  de una manera tan imprecisa y las autoridades las interpretan con tal vaguedad, que al final se atribuye actividad política a todas las ONG con financiación extranjera.

El hecho de no identificarse como “agentes extranjeros” en sus publicaciones puede conllevar una fuerte multa para la ONG, y.los responsables de estas ONG se pueden enfrentar a multas parecidas e incluso a responsabilidades penales y hasta a dos años de cárcel. En una decisión que escapa al sentido común y que pone en entredicho la independencia del poder judicial, el Tribunal Constitucional resolvió en abril de 2014 que el término “agente extranjero” no tenía connotaciones negativas y que la ley no violaba los derechos de las ONG. En Rusia, el término “agente extranjero” se asocia poderosamente al espionaje de la época de la Guerra Fría.

La mayoría de ONG se negaron a registrarse como “agentes extranjeros”, por lo que se reformó la ley en mayo de 2014 para que el Ministerio de Justicia pudiera registrar a los grupos sin su consentimiento. Memorial se encontraba entre las cinco primeras ONG que se incluyeron forzosamente en la lista en julio de 2014. Desde entonces, la lista de ONG consideradas “agentes extranjeros” del Ministerio de Justicia ha aumentado a 101 organizaciones. Entre otras, se incluyen organizaciones ecologistas, una organización cultural judía y una fundación que promueve la ciencia.

En otra medida de mayo de 2015, las autoridades rusas decidieron bloquear las fundaciones extranjeras que financiaban muchas ONG de Rusia, adoptando la ley sobre “organizaciones indeseables”. Mientras la “ley de agentes extranjeros” intentaba desacreditar y estigmatizar a las ONG ante la mirada de la opinión pública, utilizando terminología propia de la Guerra Fría para tildarlas de espías, la nueva ley estaba diseñada para cortarles sus vías de financiación. 

Mientras la “ley de agentes extranjeros” intentaba desacreditar y estigmatizar a las ONG ante la mirada de la opinión pública, utilizando terminología propia de la Guerra Fría para tildarlas de espías, la nueva ley estaba diseñada para cortarles sus vías de financiación.
Heather McGill

De acuerdo con esta ley, la Fiscalía General puede decidir que determinada organización extranjera “constituye una amenaza” para “el orden constitucional, el potencial de defensa o la seguridad del Estado” y declarar ilegal toda actividad de esa organización en Rusia, o toda cooperación con ella. Una vez la decisión se ha hecho pública, trabajar con la organización o ayudarla pasa a ser una actividad ilegal y sancionable con fuertes multas. Si el “delito” es repetido, se pueden imponer sanciones penales, entre ellas la encarcelación.

El 28 de julio, la organización benéfica estadounidense National Endowment for Democracy (NED) fue la primera en ser incluida por las autoridades rusas en su lista negra. A lo largo de los años, los fondos de NED han apoyado las actividades de  primera línea en la esfera de los derechos humanos y otras actividades de la sociedad civil en Rusia. Más de dos decenas de ONG rusas que figuran en el registro de “agentes extranjeros”, entre ellas varias conocidas por su trabajo de derechos humanos acreditado y basado en principios, se han beneficiado de los fondos de NED en los últimos años.

Los nuevos ataques de esta semana a Memorial son un claro indicador de que el gobierno está apretando aún más las tuercas y pretende lanzar un ataque a fondo a la sociedad civil, de una manera aún más agresiva y cínica.
Heather McGill

Los nuevos ataques de esta semana al Memorial son un claro indicador de que el gobierno está apretando aún más las tuercas y pretende lanzar un ataque a fondo a la sociedad civil, de una manera aún más agresiva y cínica. Como dijo Aleksander Cherkassov, el presidente de Memorial: “Este Documento del Ministerio de Justicia nos lleva de vuelta a la lucha entre el régimen Soviético y los disidentes”.

Parece que cualquier debate o crítica a la política del gobierno está prohibida.

Al reprimir así a la disidencia pacífica, las autoridades rusas impiden que las personas y ONG contribuyan positivamente a la sociedad y la política del gobierno. Al final, será Rusia quien saldrá perdiendo.

Nota: La versión original de este artículo de opinión apareció en Newsweek.