La nueva diplomacia no puede dejar a un lado la justicia por los crímenes de guerra en Siria

Diana Semaan, encargada de campañas sobre Siria en Amnistía Internacional

A la par que las noticias informan sobre un nuevo impulso a las negociaciones para para poner fin al conflicto en Siria, y los países occidentales contemplan el futuro de Siria y de Bachar al Asad mientras Rusia entra en combate, un objetivo fundamental –la rendición de cuentas por los innumerables crímenes de guerra y otras violaciones cometidas todas las partes en este conflicto– parece estar desvaneciéndose de la agenda.

Pese a la indignación internacional por el homicidio de civiles que ha llevado a cabo el gobierno sirio, la realidad es que la mayor parte del mundo –incluidos los gobiernos occidentales– ha hecho la vista gorda ante lo que ocurre en el país, mostrándose completamente incapaz de acordar medidas efectivas para proteger a la población civil de la brutalidad del gobierno sirio.

Su principal prioridad parece ser luchar contra el grupo armado autodenominado Estado Islámico e impedir que las personas refugiadas lleguen a sus fronteras. Cualquier intento de rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ha quedado en segundo plano.

Lamentablemente, esto significa que la población siria seguirá sufriendo, ya que las personas responsables se sienten seguras al saber que sus crímenes permanecerán impunes, y las perspectivas de acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares son tan solo un sueño.
Las fuerzas del presidente sirio Bachar al Asad han bombardeado diariamente a la población civil en sus casas, escuelas, hospitales y mercados públicos, en ataques deliberados e indiscriminados.

Según observadores locales, desde 2011 han muerto más de 47.000 civiles por bombardeos y ataques aéreos. Los habitantes y activistas de Alepo, Idlib y Damasco me describen a menudo el terror que supone vivir bajo un aluvión de bombas de barril, misiles y cohetes, así como el miedo que produce el simple sonido de un avión de combate o un helicóptero pasando por encima.

Fahed fue una de las primeras personas personas con quienes hablé, como parte de mis responsabilidades en Amnistía Internacional, cuando los helicópteros del gobierno lanzaron las primeras bombas de barril en 2012. Se negó a abandonar la ciudad de Alepo, a pesar de que vivía bajo el horror de los ataques aéreos diarios.

Describía escenas espantosas: cuerpos de niños y niñas, mujeres y hombres en el suelo, estudiantes muertos en las escuelas, ambulancias atacadas mientras rescataban a gente, y hospitales de campaña completamente destruidos.

Durante más de tres años, Fahed estuvo informando sin descanso sobre estos ataques. Me repitió en varias ocasiones que no pararía hasta que la comunidad internacional y Naciones Unidas intervinieran. No logró cumplir sus aspiraciones. En Junio, una bomba de barril lo mató y su nombre se sumó a la larga lista de civiles muertos a manos de las autoridades sirias.

Las tácticas despiadadas del gobierno sirio se desatan también a puerta cerrada. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la reclusión y la tortura forman parte de la vida cotidiana en Siria, y se practican a escala industrial. Entre las víctimas hay activistas pacíficos, profesionales del periodismo, defensores y defensoras de los derechos humanos, personal humanitario, y niños y niñas. Más de 60.000 personas han sido objeto de desaparición forzada, y sus familias sufren la angustia permanente de desconocer la suerte de sus seres queridos.

Issam, voluntario en un hospital provisional de Ghouta Oriental estuvo detenido durante dos años por las fuerzas de seguridad, acusado de complicidad con “terroristas”. Me contó que lo torturaron durante dos semanas hasta que les dio los nombres de las personas con quienes trabajaba en el hospital de campaña. Pensó que la tortura terminaría, pero no fue así. Dijo: “Me gustaría haber muerto en un ataque aéreo. Hubiera sido una muerte rápida. Es mucho mejor que haber pasado dos años de mi vida en un calabozo oyendo el ruido de gente gritando”.

La escasez de medicamentos, comida, agua potable, electricidad y otros servicios esenciales ha agravado el sufrimiento de la población civil siria. La guerra ha dejado millones de personas en todo el país incapaces de mantenerse a sí mismas o a sus familias.

Asad y los funcionarios de Damasco consiguen fácilmente buenos alimentos, agua potable y electricidad a poco más de 13 kilómetros de distancia, mientras que miles de familias de Ghouta Oriental están atrapadas bajo el asedio en medio de los ataques aéreos, el hambre y la desesperación. ¿Por qué? Sencillamente porque el gobierno sirio ha impedido que la ONU y otras agencias humanitarias entren y distribuyan ayuda a las zonas sitiadas.

El gobierno sirio está provocando un sufrimiento y derramamiento de sangre generalizado en todo el país, mientras la comunidad internacional observa a distancia.

Ahora mismo, la atención de la comunidad internacional debería estar centrada en aliviar el sufrimiento de la población siria y garantizar que todas las partes del conflicto entiendan que cualquier persona sospechosa de haber ordenado la comisión de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad –ya sean fuerzas gubernamentales o grupos armados– va a comparecer ante la justicia. La situación en Siria debe ser remitida sin demora a la Corte Penal Internacional. Las negociaciones y los acuerdos jamás pueden producirse a costa de la impunidad por delitos de derecho internacional.

¿Cuándo van a tomar los líderes mundiales medidas concretas para poner fin al sufrimiento atroz de la población siria? Los sirios y las sirias me repiten constantemente esta pregunta básica y, lamentablemente, me veo incapaz de responderla.

Este artículo fue publicado por primera vez en Newsweek