Europa parece disponerse a dar preferencia a las grandes empresas sobre quienes sufren las consecuencias del mortífero comercio de minerales de zonas de conflicto, han advertido Amnistía Internacional y Global Witness la víspera de una votación histórica con la que se pretende empezar a trabajar resueltamente sobre la cuestión del comercio europeo.
El próximo miércoles se someterá a votación entre los miembros del Parlamento Europeo en Estrasburgo la legislación preliminar, con la que por primera vez podría exigirse legalmente a las empresas europeas que garanticen que los minerales que compran no contribuyen a mantener conflictos ni abusos contra los derechos humanos en otros países.
Sin embargo, el intenso cabildeo de las grandes empresas amenaza con suavizar la ley hasta convertirla en una propuesta de escasa utilidad para abordar un comercio que financia conflictos en algunas partes de África y en otras regiones. Si no se reforma la propuesta, sólo se exigirá legalmente abastecerse de manera responsable a alrededor de 20 importadores de materias primas minerales. A las empresas europeas que venden y fabrican productos que contienen esos minerales se les aplicará sólo un sistema voluntario.
“Es una oportunidad histórica para abordar el comercio de minerales de zonas de conflicto –ha señalado Lucy Graham, de Amnistía Internacional–. Pero la propuesta que se presenta no tiene en absoluto en cuenta a algunos de los agentes más importantes de la industria.”
“Si es cierto que el Parlamento Europeo está dispuesto a abordar el comercio de minerales de zonas de conflicto, se debe exigir legalmente a estas grandes marcas controlar sus cadenas de suministro. Lamentablemente, parece que la Unión Europea da más valor a la voz de las empresas poderosas que a la de quienes sufren a diario las secuelas de este comercio.”
El comercio de minerales de zonas de conflicto, que pueden ir a parar a productos cotidianos como los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles, ha financiado violencia y a grupos armados brutales en todo el mundo. En la República Centroafricana, Colombia y la República Democrática del Congo, el comercio de minerales contribuye a mantener mortales conflictos que han desplazado a 9,4 millones de personas.
Las empresas, en su mayoría del sector del automóvil, la aeronáutica y la electrónica, están ejerciendo presión entre bastidores para asegurarse de que no tendrán que investigar los minerales de sus productos ni que informar de ellos.
“No debe permitirse a ninguna empresa europea sacar provecho de un comercio que llena los bolsillos a grupos responsables de violencia y abusos”, ha afirmado Michael Gibb, del grupo organizador de campañas Global Witness.
“Es esencial que los miembros del Parlamento hagan frente mañana a las grandes empresas. Deben votar a favor de una ley vinculante, que anime a las empresas a continuar abasteciéndose en regiones de alto riesgo o afectadas por conflictos, pero de manera responsable. El comercio debe beneficiar a la población local, no a los grupos armados.”
Amnistía Internacional y Global Witness piden a los miembros del Parlamento Europeo que refuercen la propuesta cuando se someta a votación el miércoles exigiendo a las empresas comprobar si sus compras de minerales financian la violencia y los abusos contra los derechos humanos.
Los consumidores europeos han enviado más de 200.000 mensajes a los parlamentarios europeos para pedirles que refuercen la ley. Más de 150 organizaciones de la sociedad civil, así como el Dr. Denis Mukwege, galardonado con Premio Sájarov 2014 de la UE para los derechos humanos, se han hecho eco de este llamamiento, al igual que lo han hecho políticos, inversores, voces empresariales y líderes religiosos.