Amnistía Internacional ha afirmado que el gobierno surcoreano debe poner fin a la explotación de los trabajadores y trabajadoras agrícolas migrantes y las condiciones generalizadas de trabajo forzoso en las que se encuentran, con ocasión de la publicación de un nuevo informe que revela que los abusos son moneda corriente en el sector agrario del país.
Bitter Harvest expone el verdadero rostro del Sistema de Permiso de Empleo (EPS, por sus siglas en inglés) de Corea del Sur, que contribuye directamente a la grave explotación de los trabajadores agrícolas migrantes. El plan gubernamental está diseñado para proporcionar mano de obra migrante a pequeñas y medianas empresas que tengan dificultades para contratar a un número suficiente de trabajadores nacionales.
“La explotación de los trabajadores y trabajadoras agrícolas migrantes en Corea del Sur es una vergüenza para el país. Las autoridades han creado un ignominioso sistema que permite que prospere la trata de seres humanos para su explotación y el trabajo forzoso”, ha manifestado Norma Kang Muico, investigadora de Amnistía Internacional sobre los derechos de los migrantes en Asia y Oceanía.
“Si los surcoreanos se vieran atrapados en un ciclo de abusos similar, con razón se produciría un escándalo.”
El número de trabajadores y trabajadoras agrícolas migrantes en Corea del Sur es de aproximadamente 20.000, y muchas de estas personas vinieron desde Camboya, Nepal y Vietnam acogiéndose al programa EPS para trabajadores migrantes. La mayoría contrae cuantiosísimas deudas equivalentes a dos años de salario en su país de origen para conseguir un trabajo en Corea del Sur.
Un gran número de trabajadores agrícolas migrantes ha sido objeto de trata con fines de explotación y trabajo forzoso. En todos los casos que Amnistía Internacional ha investigado se registraron incidentes de estafas contractuales. El informe demuestra que se obliga a las personas migrantes a trabajar en condiciones que no se habían convenido, bajo la amenaza de algún tipo de castigo, lo que equivale a trabajo forzoso.
El informe, basado en entrevistas con migrantes que trabajan el campo en toda Corea del Sur, documenta diferentes tipos de explotación, desde intimidación y violencia hasta alojamiento precario, jornadas de trabajo excesivamente prolongadas, ausencia de días de descanso semanal y no remuneración de horas extraordinarias.
El EPS está fuertemente sesgado a favor de los empleadores, y los migrantes se ven atrapados y vulnerables ante los abusos. Los trabajadores y trabajadoras agrícolas, muchos de los cuales son migrantes, están excluidos de las protecciones legales fundamentales de que dispone la mayor parte de población activa del país.
Mientras que un empleador en el marco del EPS puede rescindir el contrato de una persona migrante sin tener que justificar su decisión, los migrantes que desean abandonar su trabajo deben obtener el consentimiento firmado de su empleador, sin el cual se arriesgan a que éste los denuncie como “fugitivos” ante las autoridades de inmigración, que los puede detener y deportar. Cambiar de puesto de trabajo puede comprometer seriamente la posibilidad de un trabajador migrante de prorrogar su empleo en Corea del Sur tras su contrato inicial: supone un riesgo potencial de que se le niegue la renovación por otros siete años del permiso de trabajo en el país.
“El EPS deja a los trabajadores y trabajadoras migrantes a merced de empleadores sin escrúpulos que se aprovechan de las severas restricciones del sistema a la capacidad de los migrantes para cambiar de trabajo. Para muchos migrantes que acumulan deudas enormes, la única opción es permanecer con un jefe explotador”, ha aseverado Norma Kang Muico.
Una mujer vietnamita de 26 años describió cómo su empleador intentó utilizar el sistema para controlarla después de que ella se quejara del impago de salarios en una oficina de empleo del gobierno: “Mi jefe me dijo que jamás me daría el finiquito y que me utilizaría durante tres años y no me prorrogaría el contrato”.
Condiciones abusivas
Amnistía Internacional se ha encontrado con casos en los que los empleadores han agredido físicamente a sus trabajadores migrantes. Un hombre camboyano recordó cómo, al sentarse en un campo porque le dolía mucho la espalda, el capataz lo golpeó: “El encargado se enfureció y me agarró por las solapas. Su hermano pequeño me sujetó por el cuello mientras él me golpeaba. Después me dieron puñetazos en todas partes y me patearon”.
El informe revela que también se obliga a las personas migrantes a vivir en alojamientos precarios, a menudo sin instalaciones de aseo. La comida que proporcionan los empleadores es insuficiente y de mala calidad. Un hombre vietnamita contó a Amnistía Internacional que su jefe le dijo que bebiera de un depósito de agua sucia y llena de pesticida.
Muchos migrantes se ven abocados a la indigencia durante los meses de invierno. A pesar de firmar contratos de trabajo continuo de tres años, los empleadores pagaban solamente los días trabajados durante los períodos de cosecha.
Las personas entrevistadas por Amnistía Internacional también se quejaron de las excesivas horas de trabajo sin garantías de poder realizar descansos o tener días de asueto. Por regla general, se trabaja entre 250 y 364 horas mensuales, con un promedio que sobrepasa las 10 horas al día. Esa jornada laboral excedía lo estipulado en sus contratos pero prácticamente ninguno de los migrantes entrevistados recibió pago de horas extraordinarias. Los que se quejaban se arriesgaban al despido.
“La agricultura es un trabajo físico pesado. Forzar a migrantes a trabajar excesivas horas y negarles alimentación, abrigo y descanso adecuados es injustificable”, ha sostenido Norma Kang Muico.
Los y las migrantes también han tenido que desempeñar su trabajo a pesar de la inadecuada protección contra los pesticidas tóxicos. Muchas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional han manifestado su preocupación por los efectos perjudiciales para su salud del uso frecuente de pesticidas.
Otro hombre camboyano relató a Amnistía Internacional: “Tuve que fumigar pesticidas en los campos todos los días durante un período de dos meses y esto me provocó dolor de cabeza. No estaba formado para hacerlo correctamente y de manera segura, mi jefe me dijo simplemente que lo hiciera. Únicamente me proporcionó una mascarilla de tela, que no me protegía en absoluto […] el pesticida me seguía entrando por la boca y la nariz”.
Amnistía Internacional descubrió que los empleadores subcontratan con frecuencia trabajadores a otras explotaciones agrícolas a pesar de que el EPS lo prohíbe explícitamente. La mitad de los migrantes entrevistados habían sido subcontratados ilegalmente y afirmaban verse obligados a aceptarlo porque de lo contrario se arriesgaban a perder su trabajo.
“Muchos propietarios agrícolas tratan a los migrantes como mercancía con la que pueden comerciar a su antojo, con escasa o nula consideración por su bienestar o sus derechos”, ha manifestado Norma Kang Muico.
Complicidad del gobierno
La investigación constató que cuando los migrantes solicitaban ayuda a las autoridades para enfrentar el trato injusto, los desalentaban activamente para que no llevaran el asunto más allá. A menudo los instaban a regresar para pedir disculpas a sus empleadores o para pedirles que les firmaran la autorización para poder abandonar el empleo.
Los empleadores que explotan a trabajadores y trabajadoras agrícolas migrantes, incluso mediante la trata o trabajo forzoso, rara vez hacen frente a sanción alguna. Esto se debe a que el EPS desalienta a los migrantes a cambiar de trabajo y a los funcionarios encargados de cuestiones laborales a aceptar denuncias.
“Al mirar hacia otro lado ante las flagrantes prácticas de explotación laboral y permitir a los autores salirse con la suya, las autoridades surcoreanas han impuesto a los trabajadores y trabajadoras migrantes unas condiciones abusivas”, ha sostenido Norma Kang Muico.
Amnistía Internacional exhorta al gobierno surcoreano a:
ratificar el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al trabajo forzoso u obligatorio y el protocolo de Naciones Unidas contra la trata de personas;extender los derechos relativos a las horas de trabajo, descansos diarios y días de asueto semanales remunerados a todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos los trabajadores y trabajadoras migrantes, con independencia de en qué sector trabajen; cuando los trabajadores acogidos al EPS hayan interpuesto una queja contra su empleador, deberán tener libertad para cambiar de trabajo mientras se investiga su caso;permitir que todos los trabajadores acogidos al EPS cambien de trabajo sin tener que obtener una autorización firmada de su empleador;suprimir cualquier restricción sobre el número de cambios de empleo permitidos a los trabajadores y trabajadoras acogidos al EPS.TERMINA
Nota para periodistas
Para obtener más información, solicitar una copia confidencial del informe, o entrevistarse con los expertos de Amnistía Internacional sobre Corea del Sur, el EPS y los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, contacten con:
Hong Kong: oficina de prensa de Amnistía Internacional +852 6026 3992 [email protected]
Pueden acceder a imágenes relacionadas con el informe aquí