Las autoridades de Filipinas deben poner fin a los homicidios de los testigos de la matanza de Maguindanao y de sus familiares, ha dicho hoy Amnistía Internacional, en el tercer aniversario de la infame matanza de periodistas.
En 2009, un grupo armado mató a 57 personas en la provincia meridional de Maguindanao, 32 de ellas periodistas, que viajaban en un convoy electoral por el territorio del poderoso clan Ampatuan.
Desde entonces, al menos seis testigos, familiares de éstos y posibles testigos del estado han muerto víctimas de homicidio.
“Aunque los casos se abren paso muy lentamente a través del sistema judicial, los efectos de la matanza de Maguindanao son algo que los sobrevivientes y sus familias sufren cada día”, ha dicho Polly Truscott, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Algunos viven también bajo una amenaza de muerte muy real mientras luchan por conseguir justicia.”
Esmail Amil Enog, que declaró ante el tribunal que era el conductor de uno de los vehículos de los pistoleros implicados en la matanza, fue encontrado muerto tras haber desaparecido en mayo de este año. El cadáver había sido descuartizado con una sierra mecánica.
Alijol Ampatuan, quien, según la fiscalía, estaba dispuesto a identificar a los autores del crimen, murió tiroteado a bocajarro en febrero. Ese mismo mes, el posible testigo Hernanie Decipulo murió bajo custodia policial. Se informó de que se había suicidado.
Según la policía filipina, tres familiares de testigos han muerto víctimas de homicidio este año.
Myrna Reblando, una de las viudas de los periodistas asesinados más activas, tuvo que salir del país en 2011 por su propia seguridad tras recibir amenazas creíbles.
Otro posible testigo del estado, Suwaib Upham, murió víctima de homicidio en 2010.
“Es preciso que haya una investigación pública, transparente e independiente de estos homicidios y que se proporcione más protección a los testigos y a sus familiares”, ha declarado Truscott.
Los dirigentes del clan Ampatuan, muchos de ellos funcionarios del Estado elegidos por votación, han sido acusados de la matanza de 2009, pero ninguno de los procesos ha concluido. De 197 sospechosos, 94 no han sido detenidos. Los procedimientos contra 62 policías presuntamente implicados en la matanza apenas han avanzado en el Ministerio de Interior y Gobierno Local.
“La mayoría de los procedimientos judiciales han sido vistas de fianza. Hace tres años de este baño de sangre, y apenas se ha rozado el fondo de los casos de asesinato”, ha afirmado Truscott.
“Esta reticencia a poner a disposición judicial a los autores de los homicidios de Maguindanao podría envalentonar a los perpetradores de actos despiadados de violencia política.”
La matanza de Maguindanao se ha convertido en un símbolo de la impunidad de los homicidios ilegítimos en Filipinas. Según la policía del país, quedan sin desmantelar al menos 60 grupos armados, lo que supone un grave peligro de que haya más violencia política en las elecciones de 2013.