Amnistía Internacional recibe con agrado la liberación de la presa de conciencia mexicana Jacinta Francisco Marcial, encarcelada durante tres años tras ser acusada falsamente de secuestrar a seis agentes federales.
Madre de seis hijos, indígena otomí de Santiago Mexquititlán en el estado mexicano de Querétaro, fue condenada a 21 años de cárcel en diciembre de 2006.
Amnistía Internacional hace un llamado a que se revise completamente su procesamiento infundado y para que reciba una compensación completa por encarcelación injusta y equivocada.
“El gobierno mexicano finalmente reconoció que nunca hubo evidencia que justificara el juicio y sentencia de Jacinta a 21 años en prisión bajo cargos de secuestro”, dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“A Jacinta y a su familia se les han robado tres años de sus vidas mientras ella estaba en prisión por un delito que no cometió. Nada recuperará los tres años que perdió en prisión, pero es vital que los responsables de esta injusticia sean llevados ante la justicia y que ella reciba una compensación adecuada.”
Jacinta, de 46 años, fue liberada por el juez que presidía el nuevo juicio tras una apelación que ganó a principios de 2009. La decisión del juez era inevitable después de que la Procuraduría General de la República anunciara que no formularía una acusación en contra de Jacinta.
Jacinta Francisco Marcial fue declarada culpable del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México.
Ellos declararon que Jacinta, junto con otros comerciantes con puestos en el mercado, los mantuvieron como rehenes durante un operativo contra vendedores de discos piratas en la plaza de Santiago Mexquititlán en marzo de 2006.
El 3 de agosto de 2006, más de cuatro meses después de los sucesos, Jacinta fue arrestada y llevada a la Procuraduría General de la República. Le dijeron que iban a interrogarla en relación con la poda de un árbol. Sin embargo, tras llegar a la prisión se enteró de que la acusaban, junto a otras dos mujeres, de secuestrar a los agentes.
El 18 de agosto de 2009 Amnistía Internacional adoptó a Jacinta como presa de conciencia después de haber concluido que no existía ninguna prueba contra Jacinta y que había sido arrestada, procesada y condenada por ser mujer indígena pobre.
Su liberación suscita preguntas graves acerca de la fiabilidad del caso entero de la acusación y destaca defectos evidentes en la investigación.
Amnistía ha hecho un llamado para que se revise de manera completa e imparcial la investigación, incluido el caso contra las coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes también fueron declaradas culpables de secuestrar a los seis agentes federales junto con Jacinta.