En los últimos siete años han sido asesinados ocho periodistas que estaban inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mexicano, una cifra que subraya la necesidad urgente de fortalecer y reformar la institución, han afirmado hoy Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) con motivo de la publicación de una investigación conjunta sobre el Mecanismo.

El informe “Nadie garantiza mi seguridad”: La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas analiza el mecanismo federal creado en 2012 para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que están en una situación de riesgo extremo de amenazas y ataques en el país a causa de su trabajo. Aunque en el pasado Amnistía Internacional ha publicado investigación sobre las deficiencias del Mecanismo para proteger a personas defensoras de los derechos humanos, este nuevo informe, elaborado conjuntamente con el grupo de defensa de la libertad de prensa CPJ, se centra específicamente en la labor del Mecanismo para proteger a periodistas.

“El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una institución federal, sigue siendo una parte esencial de los esfuerzos gubernamentales en México para que el país sea un lugar más seguro para los y las periodistas, pero sólo podrá cumplir esta función si aborda de forma adecuada sus propias deficiencias”, ha afirmado Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “Después de cinco años de incesante derramamiento de sangre y de impunidad corrosiva, ha llegado la hora de que el Estado mexicano actúe y demuestre que por fin está dispuesto a tomarse en serio sus obligaciones en materia de libertad de prensa.”

México es el país más peligroso del hemisferio occidental para periodistas, según la amplia documentación recopilada por el CPJ desde 1992. Desde que comenzó el siglo actual, al menos 141 periodistas y otro personal de medios de comunicación han sido asesinados, según la investigación del CPJ; al menos 61 de estos asesinatos estaban directamente relacionados con su trabajo. La impunidad es la norma en los crímenes contra la prensa. Según el Índice Global de Impunidad que el CPJ publica anualmente, México figura sistemáticamente entre los 10 países con el número más elevado de asesinatos de periodistas que continúan sin resolverse. El CPJ también ha observado que México es el país del mundo con el número más alto de periodistas desaparecidos, pero ningún caso de periodistas desaparecidos en México ha dado lugar a una sentencia condenatoria.

Ha llegado la hora de que el Estado mexicano actúe y demuestre que por fin está dispuesto a tomarse en serio sus obligaciones en materia de libertad de prensa.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas

Además de los asesinatos y las desapariciones, en México los y las periodistas hacen frente a constantes amenazas, hostigamiento y abusos físicos y psicológicos, tanto por parte de funcionarios públicos como de miembros de grupos de delincuencia organizada. La mayoría de las amenazas y los ataques están relacionados con la lucha que el país libra con grupos criminales violentos, la militarización de la denominada “guerra contra las drogas” y la inacción de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a la hora de mantener a salvo a los y las periodistas y a la población en un contexto de presunta corrupción. De hecho, el propio mecanismo ha observado que funcionarios públicos son responsables de casi la mitad de los ataques de los que tiene constancia contra periodistas en México.

Protección escasa e ineficaz

El gobierno federal mexicano creó el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012, después de años de presión de periodistas y organizaciones de la sociedad civil para que abordara las amenazas y ataques constantes contra personas defensoras y personal de medios de comunicación.

En los últimos 18 meses, Amnistía Internacional y el CPJ han examinado el Mecanismo mediante el estudio de una amplia variedad de información disponible públicamente sobre la institución y mediante documentos obtenidos a través de solicitudes de libertad de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México. Amnistía Internacional y el CPJ llevaron a cabo investigación sobre el terreno en los estados de Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, y sometieron un cuestionario a la atención de 28 periodistas inscritos en el Mecanismo.

Las autoridades mexicanas deben hacer cuanto esté en su poder para proteger a la prensa y garantizar el derecho de los y las periodistas a la vida y a la libertad de expresión.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México

Sobre el papel, el Mecanismo evalúa los riesgos a los que se enfrentan los y las periodistas, les proporciona medidas de protección y se coordina con organismos estatales y federales para mitigar los riesgos. En la práctica, aunque el Mecanismo ha proporcionado una protección muy necesaria a periodistas en algunos casos, no protege de forma adecuada en muchos otros.

En noviembre de 2023 había 651 periodistas inscritos en el Mecanismo: 469 hombres y 182 mujeres. Sin embargo, el número de solicitudes de protección rechazadas por el Mecanismo ha aumentado notablemente en los últimos años, pasando de una en 2020 a 14 en 2021, 49 en 2022 y otras 49 en los primeros 11 meses de 2023.

Casi todos los y las periodistas con los que hablaron Amnistía Internacional y el CPJ dijeron que habían seguido sufriendo incidentes de seguridad tras inscribirse en el Mecanismo, y en muchos casos calificaron la respuesta del Mecanismo de lenta, burocrática y carente de empatía. Muchas mujeres periodistas también pensaban que el personal del Mecanismo minimiza los riesgos a los que se enfrentan y no tienen en cuenta su género.

Casos emblemáticos

Amnistía Internacional y el CPJ reseñan tres casos emblemáticos de periodistas que estaban inscritos en el Mecanismo: Gustavo Sánchez Cabrera, Rubén Pat Cauich y Alberto Amaro Jordán. Sánchez y Pat fueron asesinados cuando estaban bajo la protección del Mecanismo y sus historias sirven de doloroso recordatorio de las consecuencias de la protección inadecuada de la institución gubernamental. El caso de Amaro, que había pedido al Mecanismo que no le retirase las medidas de protección, tras considerar la institución que ya no eran necesarias, ofrece información sobre las dificultades de los y las periodistas con la burocracia, la ausencia de una evaluación adecuada de los riesgos por parte del Mecanismo y la alarmante falta de interés de los funcionarios públicos en tomarse en serio las amenazas contra periodistas.

“Habla uno por teléfono al Mecanismo y en ocasiones está como que te ignoran. Ellos piensan que tú les estás mintiendo”, dijo Amaro. “Yo hice mucho hincapié que la evaluación de riesgo traía muchos errores. “Me hicieron caso omiso y se toma la decisión que me iban a retirar las escoltas.”

“Nuestra investigación pone de relieve cómo los asesinatos de periodistas como Gustavo Sánchez y Rubén Pat Cauich podrían haberse evitado si las autoridades hubieran tomado medidas con más rapidez y determinación para protegerlos. Las autoridades mexicanas deben hacer cuanto esté en su poder para proteger a la prensa y garantizar el derecho de los y las periodistas a la vida y a la libertad de expresión”, ha afirmado Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Recomendaciones

La investigación presenta una imagen alarmante de una institución que adolece de profundas deficiencias y necesita una reforma a fondo para responder a las necesidades de los y las periodistas en uno de los países más violentos del mundo para la prensa. Resulta especialmente preocupante la aparente falta de conocimientos básicos sobre asuntos relativos a los derechos humanos entre su personal, las notables deficiencias del Mecanismo a la hora de evaluar adecuadamente los riesgos a los que hacen frente los y las periodistas o de tomar en cuenta las cuestiones de género, así como las deficientes prácticas de la institución en materia de comunicación con las personas beneficiarias. La investigación también revela una tendencia en aumento del Mecanismo a denegar, debilitar o retirar las medidas de protección concedidas a los y las periodistas, a pesar de los peligros claros y actuales a los que estas personas hacen frente.

Entre otras recomendaciones, Amnistía Internacional y el CPJ piden a las autoridades mexicanas que garanticen una financiación adecuada y que impartan formación apropiada al personal del Mecanismo, que revisen sus procesos de evaluación de riesgos y que apliquen una perspectiva de género a sus protocolos para abordar mejor las necesidades específicas de las mujeres periodistas.

Las organizaciones también piden una colaboración mucho más estrecha entre el Mecanismo y los organismos de investigación federales y estatales de México para abordar la impunidad y las causas últimas de las amenazas y los ataques contra periodistas.

El gobierno de México debe tomar con carácter inmediato medidas para abordar los problemas que padece el Mecanismo. Esto es especialmente urgente en un momento en el que México se encamina a un nuevo ciclo electoral que podría incidir en la manera en que el país aborda las violaciones graves de derechos humanos y de derechos fundamentales como la libertad de prensa.