Se insta a las autoridades libanesas a que vayan más allá del limitado mandato del Tribunal Especial para el Líbano, establecido para investigar el homicidio del ex primer ministro Rafiq al Hariri y otras 22 personas el 14 de febrero de 2005.
Amnistía Internacional pide que se tomen con urgencia medidas para garantizar que se lleva ante la justicia a los autores de otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en Líbano.
“El Tribunal Especial no puede dar respuesta por sí solo a la larga constante de impunidad que persiste en Líbano”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“El establecimiento del Tribunal es un avance, que puede ayudar a garantizar que se hace justicia en el caso de los graves delitos que va a investigar, pero, para gozar de credibilidad y confianza pública, ha de ir acompañado de medidas complementarias, que aborden los graves abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado, así como los que continúan cometiéndose.”
El Tribunal Especial, establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2007, también investigará otros asesinatos y tentativas de asesinato perpetrados desde octubre de 2004 que podrían estar vinculados al caso de Rafiq al Hariri.
El mandato del Tribunal Especial, que comenzó sus actividades en La Haya, el domingo, 1 de marzo de 2009, es con diferencia el más limitado que ha tenido nunca un tribunal internacional. Como consecuencia de ello, no hará nada para abordar los muchos otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos en Líbano en los últimos decenios, por lo que se teme que se esté promoviendo en realidad una justicia selectiva, que atiende a razones políticas.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades libanesas que inicien sin demora investigaciones independientes e imparciales sobre todas las presuntas violaciones graves de derechos humanos de los últimos años no incluidas en el mandato del Tribunal Especial.
Entre tales violaciones figuran los homicidios de civiles cometidos en el campo de refugiados de Nahr al Bared en medio de los enfrentamientos armados que tuvieron lugar allí en 2007, y los informes de tortura y abusos a detenidos que se siguen recibiendo.
Asimismo, las autoridades deben abordar también la situación de cuatro hombres que se encuentran recluidos en relación, aparentemente, con la investigación del homicidio de Rafiq al Hariri y cuya detención ha sido considerada arbitraria por un grupo de expertos de la ONU.
“La determinación de garantizar que se hace justicia en el caso de Rafiq al Hariri contrasta acusadamente con la reiterada inacción del sistema libanés a la hora de hacer justicia por otros homicidios políticos y abusos contra los derechos humanos”, ha señalado Malcolm Smart.
“Este contraste hace pensar que se considera que algunas personas merecen más que otras que se haga justicia y cuestiona gravemente la credibilidad del Tribunal Especial.”
Las autoridades libanesas apenas han hecho tampoco nada para abordar el legado de los graves abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado, en especial durante la guerra civil libanesa de 1975 a 1990 y después de ella, incluido el homicidio de decenas de miles de civiles y la desaparición forzada de millares más.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades libanesas a que establezcan una comisión independiente de investigación de los abusos de la época de la guerra civil y revoquen las leyes de amnistía de 1991 y 2005 para que se pueda procesar a los responsables.
“Tras los grandes esfuerzos que ha dedicado al Tribunal Especial, la comunidad internacional tiene ahora que presionar a las autoridades libanesas para que centren su atención en la necesidad de garantizar la verdad y la justicia a todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos de Líbano, independientemente de su notoriedad o de la presunta identidad de los responsables de los abusos”, ha afirmado Malcolm Smart.