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Orden de arresto de la CPI contra el presidente de Sudán, al Bashir

La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir. La orden se fundamenta con cargos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto en Darfur. La orden de arresto contra el jefe del Estado de Sudán es un hecho sin precedentes en la historia de un conflicto en el que, desde su inicio en 2003, se ha matado a más de 300.000 personas, miles de mujeres han sido violadas y millones de personas han resultado desplazadas. La decisión a la que ha llegado la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI se anunció el miércoles 4 de marzo en el curso de una conferencia de prensa celebrada en la sede de la Corte, en La Haya. Se ha instado al presidente al Bashir a entregarse inmediatamente para ser juzgado. Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado: “La ley es clara. El presidente al Bashir debe comparecer ante la Corte para defenderse. Si se niega a hacerlo, las autoridades sudanesas deben asegurarse de que es detenido y entregado inmediatamente ante la CPI”. La solicitud de una orden de arresto contra el presidente al Bashir la formuló el 14 de julio de 2008 el fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo. Esa petición fue el resultado de la investigación emprendida sobre la situación en Darfur que el fiscal de la Corte había iniciado el 1 de junio de 2005. Según Irene Khan: “El anuncio de la orden de detención es importante tanto para Darfur como para el resto del mundo: indica que las personas sospechosas de violar los derechos humanos serán juzgadas, no importa lo poderosas que sean”. La actual Constitución de Sudán concede inmunidad penal al jefe del Estado mientras ocupe el cargo. Sin embargo, ningún instrumento internacional ha reconocido nunca la inmunidad en el caso de cargos como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. En virtud de la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad, que exige a Sudán cooperar con la CPI, las autoridades sudanesas tienen la obligación legal de detener a cualquier persona que figure en una orden de arresto de la CPI. Amnistía Internacional ha afirmado que si el presidente al Bashir se va de Sudán, el gobierno de cualquier país donde se encuentre tiene la obligación de negarle protección, deteniéndolo inmediatamente como fugitivo de la justicia y entregándolo a la CPI. “Nadie está por encima de la ley. Si te acusan de un delito, debes afrontarlo y enfrentarte a los cargos ante un tribunal. El presidente al Bashir tendrá la oportunidad de hacerlo ante la Corte Penal Internacional”, concluye Irene Khan. Amnistía Internacional trabaja para que se hagan efectivas otras órdenes de arresto dictadas por la Corte Penal Internacional por asuntos relacionados con los derechos humanos en la crisis de Darfur. La organización pide la detención y entrega a la Corte del ministro del gobierno sudanés Ahmad Harun y del jefe de la milicia yanyawid Ali Kushayb, ambos acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad. Las órdenes de arresto contra estas dos personas se dictaron en abril de 2007.