Las prohibiciones arbitrarias de viajar impuestas a ciudadanos y ciudadanas saudíes son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y a la legislación nacional de Arabia Saudí, que protegen el derecho de la ciudadanía saudí de salir de su propio país y a entrar en él, violan manifiestamente los derechos a la libertad de circulación y de asociación y reprimen el derecho a la libertad de expresión.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a la libertad de circulación y de residencia dentro de las fronteras de cada Estado, y el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a él (artículo 13). Del mismo modo, la Carta Árabe de Derechos Humanos, que Arabia Saudí ha ratificado, estipula que todas las personas que residen legalmente en los países partes gozan de la libertad de circulación y de elegir su residencia (artículo 26). La propia Ley de Documentos de Viaje saudí garantiza, además, el derecho a la libertad de circulación en su artículo 6, pues establece que “a ninguna persona se le impedirá viajar salvo por una resolución judicial o una decisión emitida por el ministro del Interior o el presidente de Seguridad del Estado, en su caso, por razones concretas relativas a la seguridad y durante un periodo de tiempo concreto. En ambos casos, se notificará a la persona a la que se prohíba viajar en un plazo no superior a una semana desde la fecha de emisión de dicha resolución o decisión”.

Sin embargo, según la documentación de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades saudíes imponen la prohibición de viajar sin orden judicial ni decisión oficial, y no la notifican a las personas afectadas o no lo hacen en el plazo que establece la ley.

En los 39 casos de prohibición de viajar no oficial, las autoridades no la notificaron a las personas afectadas, que no supieron que eran objeto de dicha prohibición hasta que llegaron al control de fronteras de un aeropuerto o paso fronterizo cuando intentaban salir del país. Varias personas afectadas dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades fronterizas saudíes no les dieron ninguna razón por la que les impedían subir a un avión y que se han negado a facilitar documentación formal alguna que justifique la decisión. Además, cuando se les preguntó por la duración de su prohibición de viajar, no se les informó ni de cuándo se levantaría la prohibición ni si iba a levantarse. En el caso de las prohibiciones oficiales, la razón real no tiene nada que ver con la seguridad, sino que es un castigo al ejercicio pacífico de sus derechos humanos y, por tanto, son ilegítimas.

Los Estados sólo pueden imponer restricciones al derecho a la libertad de circulación, que incluye el derecho a salir del propio país y a entrar en él, en circunstancias excepcionales. Toda restricción de este tipo debe estar prevista en la ley y ser necesaria y proporcionada para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o los derechos y libertades de otras personas, y ha de ser compatible con todos los demás derechos humanos (incluido el derecho a la libertad de expresión). Sin embargo, los casos documentados por Amnistía Internacional ilustran que las autoridades saudíes instrumentalizan las prohibiciones de viajar como herramienta represiva para castigar, intimidar, controlar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos y a sus familias como parte de una serie de tácticas utilizadas para silenciar la disidencia. Las prohibiciones de viajar oficiales de estos casos no cumplen los requisitos de ser necesarias para proteger un interés legítimo (la seguridad nacional, etc.) y compatibles con todos los demás derechos humanos. Las prohibiciones de viajar no oficiales tampoco cumplen los requisitos que establece la ley.

¿Qué pide Amnistía?

Las prohibiciones de viajar de motivación política son otra táctica más que utilizan las autoridades saudíes para sofocar los derechos humanos y a la comunidad de activistas tanto dentro del país como fuera de él. Los casos documentados por Amnistía Internacional no son casos aislados. Las autoridades saudíes vienen usando las prohibiciones de viajar de forma creciente, reiterada y sistemática para intimidar y silenciar las voces independientes y críticas, y reprimir el activismo pacífico, de modo que se están convirtiendo en una constante o práctica habitual en el país.

Las autoridades saudíes deben dejar de usar el sistema de justicia como herramienta para perseguir por su legítima labor a quienes defienden los derechos humanos, lo que empieza por poner fin a su campaña contra todas las personas detenidas, condenadas, enjuiciadas o en espera de cargos sólo por ejercer su derecho a expresarse libremente o el activismo pacífico; levantar inmediatamente todas las prohibiciones de viajar impuestas a activistas pacíficos y/o a sus familiares, y retirar todas las demás condiciones impuestas a activistas como parte de su condena.