Tenemos que hablar de Turquía

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En Turquía, hoy es peligroso decir lo que piensas.

Cuando el país está cerca de cumplir dos años de estado de excepción, los defensores y defensoras de los derechos humanos viven en un clima de temor constante.

Todas estas personas han sido detenidas, enjuiciadas o amenazadas, o conocen a muchas otras a las que les ha pasado eso.

Tienen cuidado con lo que dicen, escriben o tuitean. Y tienen una pequeña maleta preparada por si llaman a la puerta al amanecer y la policía viene a detenerlas.

Sus organizaciones también sienten la presión: algunas han sido clausuradas sumariamente, dejando también sin voz a los sectores de la población que necesitan su apoyo.

Y nada de esto es accidental, sino un intento deliberado de desmantelar una sociedad civil independiente.

Por eso tenemos que hablar de Turquía.

Tenemos que hablar de cómo la represión a escala nacional ha dado lugar a detenciones y destituciones en masa, al vaciado del sistema judicial y al silenciamiento de las voces disidentes mediante amenazas, acoso y encarcelamiento.

Osman İşçi, defensor de los derechos humanos
El objetivo es mantener el clima de temor [...]. Cuando estás detenido bajo custodia de la policía, tienes mucho miedo por tu familia. Todos tenemos miedo.
Eren Keskin ha sido procesada en reiteradas ocasiones en los últimos decenios. ©Amnesty International

Un clima de temor e intimidación

Desde el intento fallido de golpe de Estado de julio de 2016, hay más de 100.000 personas sometidas a investigaciones penales y a un posible enjuiciamiento, y más de 50.000 en prisión en espera de juicio. Turquía es también el mayor carcelero de periodistas: hay más de 120 entre rejas sólo por hacer su trabajo.

Quienes continúan alzando la voz y defendiendo los derechos humanos en Turquía están pagando un precio muy alto.

A menudo, ser expuestos a campañas de desprestigio en las redes sociales y los medios de comunicación progubernamentales no es más que el principio. Pueden ser detenidos y encontrarse encarcelados meses por cargos infundados en cualquier momento. Este clima de miedo lleva a la autocensura. Los y las activistas empiezan a vacilar en alzar la voz, sabiendo que podrían ser encerrados en prisión por lo que digan.

Como contó a Amnistía Internacional la abogada de derechos humanos Eren Keskin: “Intento expresar mis opiniones libremente, pero también soy muy consciente de que tengo que pensármelo dos veces antes de hablar o escribir”.

Actualmente se enfrenta a más de 140 procesamientos por artículos publicados cuando era la redactora jefa simbólica del diario Özgür Gündem.

Únete a la campaña y alza la voz por la población de Turquía

En 2016, el gobierno turco declaró el estado de excepción. Su finalidad era proteger al pueblo después de un sangriento intento de golpe de Estado, pero en vez de ello, dio a las autoridades facultades para gobernar el país con un poder peligroso, sin ningún control.

Ahora, en Turquía la ciudadanía vive en un clima de temor e intimidación en el que el gobierno que debería protegerla está violando sus derechos.

El gobierno usa su poder para silenciar y encarcelar a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, profesionales del derecho y personas del mundo académico, incluidas personas como Taner Kılıç, presidente de honor de Amnistía Turquía, en prisión desde junio de 2017. Ésta es una táctica deliberada, concebida para intimidar y silenciar a quienes ponen en tela de juicio los actos del gobierno.

Pero millones de personas como tú están alzando la voz por quienes están en Turquía y no vamos a ser silenciadas: juntas, nuestras voces son fuertes y podemos exigir que se acabe el clima de temor del gobierno.

Se han cerrado de forma permanente cientos de ONG, lo que priva de un apoyo vital a quienes las necesitan, como las personas LGBTI, las mujeres sobrevivientes de violencia, los niños y niñas, y las personas refugiadas. El sistema judicial está fracturado. La ciudadanía ya no confía en los tribunales porque no son libres ni independientes.

Las personas en Turquía deben tener libertad para expresarse, para hablar de los problemas que les importan y para defender los derechos humanos sin miedo. Deben poder vivir en una sociedad justa y segura para toda la ciudadanía.

Firma para apoyar esta campaña y llevaremos tu firma a los y las dirigentes del mundo, para demostrarles que no pueden seguir actuando como si en Turquía “no pasara nada”. Si nos unimos, podemos mostrar al gobierno turco que el mundo está mirando, y a los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país que no están solos.

Suma tu voz, unámonos para hacer ruido.

Enjuiciamientos injustos

Se están usando las leyes antiterroristas para criminalizar y encarcelar a quienes defienden los derechos humanos o expresan opiniones discrepantes, en un intento de silenciarlos.

Una de estas personas es un abogado que defiende los derechos de las personas refugiadas: Taner Kılıç, miembro fundador y presidente de honor de Amnistía Internacional Turquía. Fue detenido la mañana del 6 de junio de 2017 y enviado a prisión tres días después.

La principal acusación contra él es que supuestamente descargó y usó la aplicación de mensajería encriptada ByLock, que según las autoridades usaron los autores del intento de golpe de Estado. Sin embargo, cuatro informes periciales distintos demuestran que Taner nunca descargó ni usó la aplicación. Lo que es más preocupante: casi un año después, la fiscalía no ha aportado ninguna prueba que respalde la acusación. Y en cualquier caso, la presencia de una aplicación de mensajería en un teléfono no puede considerarse prueba de un delito de “terrorismo”.

Taner Kılıç sigue en prisión, esperando su próxima vista judicial que tendrá lugar el 21 de junio.

Taner Kılıç lleva casi un año en prisión por cargos infundados. ©Particular

Personas de todo el mundo, activistas de Amnistía entre ellas, han protestado por el encarcelamiento de quienes defienden los derechos humanos en Turquía. ©Amnesty International

Represión en aplicación del estado de excepción

Desde el fallido golpe de Estado de julio de 2016, Turquía ha prorrogado el estado de excepción siete veces. En esencia, el estado de excepción permite que las autoridades gobiernen sin ninguna medida de control, mediante decretos ejecutivos.

Estos decretos ejecutivos tienen fuerza de ley y no están sometidos a casi ningún escrutinio del Parlamento o de los tribunales.

Básicamente, el gobierno puede hacer lo que quiera.

Por desgracia, eligen violar los derechos de las personas en Turquía en lugar de protegerlos. Las autoridades están usando la excusa de la seguridad nacional para pisotear unos derechos ganados con mucho esfuerzo, como las libertades de expresión, de protesta pacífica y de asociación.

Las siguientes cifran ilustran tristemente el deterioro de la situación de los derechos humanos en Turquía tras el intento de golpe de Estado.

La represión en cifras

Orhan Kemal Cengiz llevó el caso del intelectual encarcelado Mehmet Altan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ©Particular

Un sistema judicial fracturado

Hoy, los juicios justos parecen un sueño cada vez más lejano en Turquía. Se calcula que hay varios cientos de abogados y abogadas enjuiciados penalmente en la represión posterior al golpe. Esto forma parte de los continuos ataques contra el sistema judicial, en los que también han sido víctimas jueces, fiscales y otros funcionarios.

El defensor de los derechos humanos, periodista y abogado Orhan Kemal Cengiz conoce esto demasiado bien.

Tras ser detenido en julio de 2016, fue acusado de “intento de derrocar el orden constitucional”, “intento de derrocar al Parlamento y al gobierno o de impedirles realizar su trabajo” y “pertenencia a una organización terrorista armada”. Estos cargos están castigados con la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Cengiz dijo a Amnistía que después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Mehmet Altan, uno de sus clientes, escribió un tuit expresando satisfacción por el resultado: “Recibí inmediatamente mensajes de gente que me decía que en qué estaba pensando, que estaba llamando la atención, y que me iban a meter en la cárcel”.

Zozan Özgökçe es miembro fundadora de VAKAD. ©Particular

Organizaciones cerradas

Cuando se ataca, encarcela, amordaza y silencia a los defensores y defensoras de los derechos humanos, las consecuencias son devastadoras no solamente para estas personas, pues se priva a quienes tienen más riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos —como las personas LGBTI+, las sobrevivientes de violencia de género y los niños y niñas— de un apoyo vital en su lucha para defender sus derechos.

La Asociación de Mujeres de Van (VAKAD) era una organización dinámica que trabajaba para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en la región oriental de Turquía. Fue clausurada mediante decreto ejecutivo el 22 de noviembre de 2016. Hoy, no hay nadie en la región que haga esta labor vital que salva vidas.

 

“Ahora mismo existe una enorme brecha en la prestación de asesoramiento y apoyo a las personas supervivientes. Me parte el alma”.

Zozan Özgökçe

©Amnesty International
Activista LGBTI+ que desea permanecer en el anonimato
Hoy, la mayoría de las personas LGBTI+ de Turquía viven con más miedo que nunca .
2017: La policía detiene a una mujer tras una concentración de apoyo a la marcha del Orgullo LGBTI en Estambul. ©2017 Getty Images
2008: Alegría y diversidad en la marcha del Orgullo de Estambul. ©Ruzgar

Personas LGBTI contra el retroceso

El impacto de la represión en la sociedad civil es inmenso, y eso incluye a la comunidad LGBTI. Organizaciones LGBTI antaño dinámicas y en expansión sienten que se las está empujando a la clandestinidad una vez más.

Han denunciado un gran aumento de las campañas de intimidación y acoso contra personas o actos previstos.

Con la represión general de la libertad de expresión, las personas LGBTI+ sienten que el espacio donde pueden ser ellas mismas se está reduciendo drásticamente.
Activista LGBTI+

El desfile del Orgullo de Estambul era una fantástica exhibición de confianza y diversidad, con una participación que aumentaba año tras año. Pero hace tres que está prohibido. En Ankara, todos los actos LGBTI están prohibidos desde noviembre de 2017.

La defensora de los derechos humanos y periodista Nurcan Baysal. ©BERGE ARABIAN

Defender los derechos humanos en el sureste de Turquía

Defender los derechos humanos de la población kurda siempre ha sido una actividad peligrosa en Turquía. En el clima de miedo actual, las personas que defienden los derechos humanos en el sureste de Turquía sienten los efectos disuasorios de la represión de forma muy aguda.

Las pocas voces independientes que siguen defendiendo los derechos humanos en la región viven bajo una amenaza aún más grave y constante de detención y enjuiciamiento.

La defensora de los derechos humanos y periodista Nurcan Baysal fue detenida brevemente e interrogada en enero de 2018 en relación con cinco tuits sobre la operación militar turca en Afrín, en el norte de Siria. En mayo comparecerá ante un tribunal, acusada de “incitar a la opinión pública al odio”.

Creo que el hecho de que personas de todos los orígenes y colores políticos acudieran al juzgado el día de mi comparecencia fue fundamental para que me liberaran de la custodia policial. Demostró que no estoy sola.
Nurcan Baysal

¿Qué debe hacerse?

Se puede cambiar el curso de los acontecimientos.

Turquía puede y debe levantar el estado de excepción y los decretos ejecutivos adicionales que exceden las medidas legítimas para combatir las amenazas contra la seguridad nacional.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos que están encarcelados deben ser puestos en libertad. Deben poder realizar su labor, sin pasar miedo ni sufrir persecución, sin la amenaza de ser encarcelados o enjuiciados.

Y la comunidad internacional debe utilizar todo su poder e influencia sobre Turquía para ayudar a crear un entorno en el que se respeten los derechos y a quienes los defienden.

 

Marcha de las Mujeres en Estambul, 2018. ©Chris McGrath/Getty Images

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