By Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional
Es indudable que El Salvador ha tenido un pasado complicado. Un conflicto armado interno asoló el país durante 12 años, de 1980 a 1992, durante los cuales se cometieron muchos abusos terribles contra los derechos humanos.
Desde entonces, el diálogo político ha generado paz y se han hecho importantes avances, como la adhesión del país a numerosos tratados de derechos humanos con la promesa de proteger los derechos de su población.
Me sentí esperanzado al saber que, durante su toma de posesión en junio, el presidente Sánchez Cerén anunció que gobernará “para todos” con un “compromiso absoluto con la justicia social”.
Pero durante mi visita a El Salvador la semana pasada – la primera en calidad de secretario general de Amnistía Internacional– comprobé que el país todavía está muy lejos de cumplir su compromiso con la justicia para todas las personas.
Si rascas un poco la superficie de esa aparente paz en El Salvador, descubres que se está librando una guerra oculta. Una guerra en la que no hay armas ni tropas, pero que aun así causa la muerte o lesiones innecesariamente a miles de personas y lleva a otras a la cárcel. Una guerra que se está librando contra mujeres y niñas.
Es la razón por la que viajé a El Salvador para presentar el nuevo informe de Amnistía Internacional Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador.
En él se documenta la penalización del aborto en todas las circunstancias debido a una reforma de la legislación hace 16 años, y cómo la legislación sobre el aborto en el país ahora está entre las más estrictas del mundo.
Eso significa que las mujeres y niñas de El Salvador no tienen acceso al aborto ni siquiera cuando se sabe que llevar el embarazo a término les acarreará la muerte o que el feto no es viable y no tiene posibilidades de sobrevivir.
No pueden someterse a un aborto ni siquiera cuando se trata de una niña de nueve años que se ha quedado embarazada tras sufrir violaciones durante años.
No son ejemplos abstractos, conocemos miles de casos de mujeres y niñas salvadoreñas que lo han sufrido. Un solo caso ya es demasiado.
Quienes desafían la ley y tratan de acceder a un aborto no seguro y clandestino suelen ser objeto de duras sanciones. Más del 11 por ciento de las muertes asociadas a la maternidad se deben a un aborto practicado en condiciones de riesgo y clandestinidad; son muertes absolutamente evitables. Las que sobreviven se enfrentan a la posibilidad de que las condenen a cumplir entre dos y ocho años de cárcel.
Es más, nuestro informe concluye que se ha acusado de homicidio agravado a mujeres que han sufrido un aborto espontáneo como sospechosas de haber interrumpido su embarazo, cargo que comporta penas de hasta 50 años de prisión.
Los casos descritos en nuestro informe son ya bastante duros, pero la semana pasada tuve la suerte de hablar con algunas de las mujeres que padecen esta brutal prohibición.
La semana pasada me fui de las reuniones con líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU para viajar a San Salvador. En cuestión de horas, pasé de estar hablando con las personas más poderosas del mundo a entrevistarme con algunas de las mujeres más olvidadas del mundo. Mujeres que estaban luchando ante la adversidad para defender sus derechos. Fue una experiencia profundamente enriquecedora.
A través de ellas conocí la historia de Cristina. Tenía 18 años cuando sufrió un aborto espontáneo. Se desmayó y la llevaron urgentemente al hospital, donde, en lugar de recibir cuidados y un trato amable, fue acusada de haber interrumpido voluntariamente su embarazo. En agosto de 2005 fue condenada a 30 años de cárcel.
No sólo hay mujeres luchando contra esta injusticia, sino hombres también. Médicos y abogados concienciados están apoyando a estas mujeres en su lucha.
Uno de ellos es el abogado Dennis Muñoz, quien sintió tanta indignación al conocer el caso de Cristina que decidió averiguar en qué prisión estaba. Juntos libraron una batalla legal durante dos años para conseguir una reducción de la pena. Consiguieron su liberación, pero cuando ya llevaba cumplidos cuatro años de la condena.
Dennis Muñoz define la prohibición del aborto en el país como una “caza de brujas contra las mujeres pobres”.
En Amnistía Internacional, pensamos que la prohibición total del aborto en El Salvador constituye una forma de tortura. Una que lleva a las mujeres y niñas al borde de la muerte.
La prohibición vulnera el derecho a la vida de mujeres y niñas, a las que obliga a buscar un aborto no seguro, arriesgando la salud y la vida. Además, las priva de su derecho a la salud, a la intimidad y a no sufrir discriminación.
Es una vergüenza que El Salvador vaya a la zaga del resto del mundo en materia de legislación sobre el aborto. Es uno de los siete países de Latinoamérica cuya legislación prohíbe el aborto en todos los casos. Otro, Chile, está dando pasos positivos en la actualidad para rectificar esa legislación. El Salvador y los demás deberían seguir su ejemplo.
Pedimos al presidente Sánchez Cerén la despenalización del aborto en todas las circunstancias, y asimismo que garantice el acceso al aborto de mujeres y niñas, especialmente cuando el embarazo comporte riesgo para la vida o para la salud física o mental de la gestante, cuando el feto presente lesiones mortales o en los casos de violación o incesto.
Sólo así, mujeres como Cristina no tendrán que soportar el sufrimiento y la crueldad de ser castigadas por tener un aborto espontáneo. Y otras mujeres podrán tener el control de sus cuerpos y decidir cómo y cuándo llevar a término un embarazo.
Y la promesa de justicia social para “todos” del presidente Sánchez Cerén no incluirá a todas las mujeres y niñas de El Salvador hasta que esta desfasada, despiadada y discriminatoria legislación se rectifique.
Este artículo de opinión se publicó originalmente en The World Post.
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