El 19 de abril de 2025, el Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Túnez condenó a 37 personas, entre ellas destacadas figuras de la oposición política, profesionales de la abogacía y defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas, a penas de entre cuatro y 74 años de prisión en un juicio farsa. El tribunal las declaró culpables de cargos de conspiración contra la seguridad del Estado y terrorismo basándose en cargos sin fundamento relacionados con las reuniones que mantuvieron para organizar iniciativas de oposición política y reuniones con ciudadanos extranjeros, entre ellos personal diplomático.
