“Las propuestas de cómo monitorear un histórico acuerdo global sobre biodiversidad podrían menoscabar los derechos de los pueblos indígenas y de todas las comunidades afectadas y deberían cambiarse para garantizar que se respetan y protegen plenamente los derechos humanos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
No es probable que los planes actuales sobre cómo medir los avances del Marco Mundial de Biodiversidad —acuerdo sobre conservación que conlleva garantizar la protección en 2030 del 30% del mundo, así como el cumplimiento de una serie de metas más— evalúen suficientemente si se protegen los derechos de las poblaciones habitantes originales de las tierras. Las conversaciones sobre la propuesta de marco de monitoreo, que incluye los indicadores que se van a elegir, se celebrarán la semana próxima en Nairobi, la capital de Kenia.
Chris Chapman, asesor de Amnistía Internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, ha dicho:
“Nos preocupa que el marco de monitoreo propuesto no protege adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas ni reconoce la función esencial y única que estas comunidades desempeñan en la conservación de la biodiversidad. Esto plantea el riesgo de facilitar unos métodos de ‘conservación en fortaleza’ donde la población habitante original, normalmente pueblos indígenas, es desalojada por la fuerza de las áreas protegidas.”
Esto plantea el riesgo de facilitar unos métodos de “conservación en fortaleza” donde la población habitante original, normalmente pueblos indígenas, es desalojada por la fuerza de las áreas protegidas.
Chris Chapman, asesor de Amnistía Internacional sobre derechos de los pueblos indígenas
El Marco Mundial de Biodiversidad firmado en 2022 reconocía que las tierras y territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales debían tener una categoría distinta de área de conservación. El proceso de monitoreo no reconoce ni rastrea actualmente estas áreas como una categoría aparte de los proyectos de conservación estatales, y esto debe corregirse en Nairobi.
Los pueblos indígenas y las comunidades locales han propuesto que se añadan al marco de monitoreo cuatro indicadores de “conocimiento tradicional”, concebidos para evaluar en qué medida están floreciendo la cultura y la sociedad de las comunidades, y qué están haciendo los Estados para proteger los derechos de éstas sobre las tierras e implicarlas en la toma de decisiones. Incluyen medidas para hacer un seguimiento de la conservación de ocupaciones tradicionales, el uso de lenguas indígenas, cambios en el uso y tenencia de la tierra, y evaluar las políticas de los Estados hacia la protección de los conocimientos tradicionales y la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones.
Chris Chapman manifestó: “Es esencial que los indicadores de monitoreo que se decidan reflejen el carácter distintivo de las tierras indígenas y la contribución fundamental que los pueblos indígenas hacen a la conservación. Un estudio tras otro ha mostrado que las comunidades indígenas son los custodios más exitosos del entorno natural y que cerca del 80% de la biodiversidad mundial restante está en las tierras de los pueblos indígenas.”
“Es vital que se incorporen al plan de monitoreo los indicadores de conocimientos tradicionales propuestos por los pueblos indígenas y las comunidades locales, que evalúan mucho mejor el progreso del acuerdo al mismo tiempo que se protegen sus derechos. Amnistía Internacional siempre ha afirmado que los derechos de los pueblos indígenas deben estar en el centro del Marco Mundial de Biodiversidad.”
Información complementaria
La protección de la biodiversidad es fundamental para proteger una serie de derechos humanos, incluido el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible. En 2022, los Estados Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica acordaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, un conjunto de metas ambiciosas para revertir la crisis de la biodiversidad, garantizar la supervivencia de las especies y prevenir extinciones. El Marco incluye la Meta 3 para proteger el 30% de la superficie del planeta en 2030, conocida como acuerdo 30 x 30, que exige una enorme expansión de las áreas de conservación designadas. El acuerdo también comprometía a los Estados a proteger los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y su patrimonio cultural, y a obtener su consentimiento para cualquier proyecto en sus tierras. En la reunión de Nairobi que comenzará el 13 de mayo, las Partes intentarán acordar un marco para monitorear los avances hacia las metas.