El presente informe es resultado de tres misiones de investigación y 83 entrevistas, que documentan la instalación de un contexto marcado por la profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública; la adopción de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso; el uso sistemático de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales; y el despliegue de una serie de acciones gubernamentales que restringen el espacio cívico.
